Cemento Andino, S.A. es una de las empresas más asaltadas y destruidas en Venezuela por los gobiernos de turno desde el año 1985 hasta nuestros días. En la Cuarta república era la caja chica de los gobernantes de los partidos AD y COPEI. Esta empresa enriqueció a todos los “presidentes” y miembros de la junta directiva puestos a dedo por los presidentes de la Corporación Venezolana de Fomento y, posteriormente, del Fondo de Inversiones de Venezuela. Ninguno rindió cuentas a sus propietarios (el sector privado con el 60,4% y el Estado venezolano con el 39,6% del capital accionario). Después de explotarla por 13 años, el último desgobierno de Rafael Caldera realiza un acto de supuesta venta, violando diferentes leyes, a un grupo colombiano. Posteriormente, en un acto de justicia (23 años después), una decisión firme de un tribunal de la República devuelve a los verdaderos propietarios los bienes cementeros.
En agosto de 2006, el gobierno nacional decreta la expropiación de dichos bienes. Decreto que no se ha podido ejecutar porque dos grupos económicos (en uno participa el Estado) se disputan la propiedad de la planta. Por esta razón el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desde hace ocho años, tiene en sus manos la decisión de definir la propiedad de esos activos cementeros.
Desde 2006, ha sido administrada de nuevo por personeros del gobierno de turno (se repite la historia) quienes tampoco han rendido cuentas sobre el manejo de los recursos financieros de las empresa. Comenzó con el nombramiento de una junta administrativa Ad Hoc por parte del TSJ, quienes administraron la empresa como una bodega y que, por actos violatorios de una sana administración, fueron denunciados a la Fiscalía el 10 de octubre de 2007, pero esa instancia gubernamental no ha movido un dedo para investigar los hechos denunciados.
El anterior “presidente” de la empresa y sus colaboradores están detenidos por un cúmulo de supuestos delitos perpetrados contra Cemento Andino, S.A. Actualmente se encuentra administrando la empresa el Coronel Boris López, quien, recién llegado a las instalaciones, supuestamente manifestó a un grupo de trabajadores que “él no tenía ningún conocimiento en el manejo ni en la administración de este tipo de industrias, pero que estaba ahí por órdenes superiores”
Tengo información de que la empresa dará vacaciones colectivas a sus trabajadores (esto nunca se había visto, ya que es una empresa operativa las 24 horas, durante los 365 días del año) el 17.12.14., porque su situación operativa y financiera es crítica. La empresa presenta la situación siguiente: a) No tienen bolsas para el empaque ni combustible para sus equipos porque le deben mucho dinero a los proveedores y transportistas. b) Pagó las utilidades a sus trabajadores supuestamente con un préstamo de PDVSA soportado con ventas de cemento a futuro. c) No hay refractarios de reemplazo para el horno, y por esta razón instalan aquellos que fueron reemplazados y se encuentran a la intemperie. d) La empresa tiene varios días paralizada. e) La cinta transportadora de materia prima está inutilizada ya que se abrió en dos partes. f) Los camiones que trasladan la caliza al triturador están inservibles e inoperantes. g) Los estados financieros presentan una gran pérdida acumulada por el mal manejo de sus recursos.
¿Permitirán los trujillanos el cierre inminente de la empresa más importante del estado?
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