Traducción del artículo publicado en el número de abril-mayo de “Red Pepper” (Inglaterra) y Alborada.net
Un punto de honor para el gobierno venezolano es que, a pesar de la baja aguda en el precio de petróleo y la escasez de bienes de primera necesidad, en cada anuncio importante el Presidente Maduro descarta la posibilidad de implementar medidas de austeridad. En una entrevista conducida por José Vicente Rangel, el presidente del Banco Central Nelson Merentes explicó el por qué, cuando formuló la pregunta: “Usted recuerda lo que pasó el 27 de febrero de 1989?” Ese día, los disturbios masivos estremecieron al país después de que el gobierno de Carlos Andrés Pérez anunció la liberación de precios y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, una situación que condujo al alzamiento militar dirigido por Hugo Chávez tres años después. El recuerdo del 27 de febrero y la decisión de Pérez – en ese entonces considerado por muchos de centro-izquierda – de aceptar los términos de los grupos económicos poderosos con el fin de encontrar una salida a las dificultades económicas, indudablemente impacta a Maduro e influye en su respuesta a la crisis actual.
Desde que Maduro asumió la presidencia con la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, ha enfrentado problemas económicos y políticos sin iguales desde más de una década. En primer lugar, Maduro heredó una moneda que había empezado a perder valor al final de 2012. Esa situación requería medidas inmediatas, pero ocurrió en un momento en que Chávez padecía un dolor físico y psicológico agudo. Cualquier intento de Maduro de devaluar el cambio oficial del bolívar, con el fin de corregir el problema, hubiera corrido el riesgo de disparar la inflación.
En segundo lugar, durante los dos años de la presidencia de Maduro, las fuerzas de la oposición han llevado a cabo numerosas protestas, generando desordenes, a veces violentas, con un saldo de 6 Guardias Nacionales fallecidos, entre 37 otras personas. Los causantes de esa violencia han sido alentados por los medios de comunicación internacionales que, en efecto, minimizan la gravedad de estas acciones, y también por el gobierno norteamericano, que ha impuesto sanciones contra líderes venezolanos por una supuesta violación a los derechos humanos.
En el anuncio más reciente de política económica efectuado el 10 de febrero, Maduro tomó una posición intermedia entre el mantenimiento de los precios regulados que están completamente desconectados del mercado – y en algunos casos de los costos de producción – y los precios vinculados a los indicadores del mercado. Por un lado, en reconocimiento a la realidad económica, el gobierno legalizó el mercado abierto para la compra de divisas extranjeras, transacciones que previamente constituían un mercado negro. Por otro lado, en una medida contraria a la economía del mercado, Maduro mantuvo el cambio de 6,3 bolívares por dólar para la importación de productos básicos. En ese momento el cambio fue 27 veces mayor que el del mercado abierto.
La disparidad creciente entre el cambio oficial y el no oficial durante los últimos dos años y medio ha generado problemas agudos de contrabando, acaparamiento, y especulación de precios. Además, la tasa del mercado negro posiblemente ha sido un terreno fértil para el lavado de dólares. El gobierno no solamente fija precios artificialmente bajos para divisas extranjeras, sino también para productos básicos, una práctica que también contribuye al problema de contrabando y al mercado negro. El ejemplo más llamativo de precios artificiales es el caso de la gasolina que es la más barata en el mundo. La política de precios subsidiados mina la viabilidad de las empresas estatales, que en muchos casos tienen que vender por debajo del costo de producción. En contraste, las compañías privadas a veces pueden esquivar los precios regulados al alterar el contenido del producto con el fin de venderlo en el mercado como mercancía no regulada.
La legalización reciente del mercado abierto para la compra de divisas extranjeras tiene como fin corregir el problema de la especulación. El servicio principal que cotizaba el precio del dólar en el mercado negro fue la página vehementemente anti-Chavista “Dollar Today”, que opera desde Miami y cuyo dueño es un conocido opositor del gobierno chavista. Así que la desvalorización del bolívar puede ser, en parte, políticamente motivada. Un segundo motivo detrás de la nueva medida fue la promoción de exportaciones al permitir que las empresas puedan repatriar las ganancias legalmente de acuerdo con la tasa del mercado.
El gobierno también evitó extremos en su ejecución de la legislación en contra del acaparamiento, el contrabando y la especulación. Por un lado, el gobierno a través de la Superintendencia de Precios Justos (SUNDDE) ha multado empresas, confiscado mercancías, y, en algunos casos, ha mandado a ocupar centenares de comercios, incluyendo los grandes. En meses recientes, el gobierno ocupó ocho depósitos de Herrera C.A., distribuidora exclusiva de los productos de Kellogg’s, Nestle, General Mills, Procter y Gamble y Pfizer, y detuvo algunos ejecutivos de la farmacia ologopólica FARMATODO.
Los motivos políticos constituyen un factor para empresas grandes como Herrera C.A. que llevan a cabo la práctica del acaparamiento, ya que tienen más que perder que las pequeñas. Sus prácticas de acaparamiento y probablemente la complicidad en el mercado negro y contrabando dan credibilidad al gobierno cuando afirman que grupos poderosos están participando en una “guerra económica”.
Por otro lado, Maduro ha aceptado la insistencia de FEDECAMARAS para que el gobierno proceda siguiendo los canales legales en casos de sospecha de participación de empresarios en la “guerra económica”. Consecuentemente, el gobierno ha descartado la posibilidad de optar por una vía rápida, que puede ser justificada en situaciones de emergencia, y al mismo tiempo se ha abstenido de publicitar procedimientos legales contra los empresarios acusados.
Maduro ha insistido que las condiciones políticas no son aptas para la implementación de medidas económicas drásticas que una oposición intransigente y agresiva podría explotar políticamente. Además, Maduro dijo a José Vicente Rangel que el aumento de precio de la gasolina propuesto “siempre es delicado ya que toca la sensibilidad de los venezolanos”. Agregó que dada la existencia de “mafias especuladoras en Venezuela, una decisión como esa puede agregar fuego a la candela”, y por eso el gobierno tiene que esperar el momento indicado para actuar.
Los izquierdistas dogmáticos de la línea dura ignoran el papel del mercado y por eso descartan la importancia del mercado negro por ser obra de especuladores. Según ellos, el Estado puede eliminar dicho mercado a través de la vigilancia eficiente. Por otro lado, algunos economistas pro-Chavistas proponen la eliminación del cambio preferencial de 6,3 y su fusión con los otros con el fin de crear un cambio oficial único, cercano al mercado abierto. El plan, aunque lógico en el abstracto, ignora los efectos sociales nocivos. La eliminación de los precios altamente subsidiados (facilitados por el bolívar sobrevalorado para la importación de productos básicos) estimularía la producción y el comercio, pero perjudicaría desproporcionalmente a los sectores populares de la población.
Aunque los Chavistas han ganado las elecciones realizadas durante los últimos dos años y medio, solucionar el problema de la escasez, o por lo menos controlarla, es un imperativo político. De acuerdo con la encuestadora confiable Hinterlaces, los problemas económicos, y sobre todo la escasez, es ahora la fuente principal de preocupación de 8 de cada 10 venezolanos. Además, la encuestadora pro-oposición, pero también confiable, Datanálisis reporta que 51 por ciento de los partidarios del gobierno considera que la situación en el país es “negativa”. Oscar Schemel, presidente de Hinterlaces, mantiene que el desafío principal para los Chavistas no viene del campo de la oposición, que carece de un programa viable, sino de los votantes indecisos y la posibilidad de un “voto castigo” en las elecciones venideras para la Asamblea General.
En la misma manera que el líder de la oposición Henrique Capriles calificó las elecciones municipales como un “plebiscito”, los dirigentes opositores ahora anuncian que el triunfo en las próximas elecciones abrirá el camino para un cambio del “régimen” y que la espantosa escasez de bienes garantizará un resultado favorable a los anti-chavistas. Esta estrategia es curiosa: se asemeja a los científicos políticos – como el anti-izquierdista mexicano Jorge Castañeda – quienes cuestionaron las credenciales democráticas de Chávez. Ellos lo acusaron de establecer lo que llamaron “la democracia plebiscitaria”, en que toda la atención del país está enfocada hacia el jefe de Estado en vez de los candidatos en las elecciones para diferentes cargos.
Además, el gobierno ha denunciado los planes de la oposición radical de convertir la agitación en las largas colas frente a comercios, en protestas y disturbios conducentes al cambio del “régimen”. Poco después del comienzo del año nuevo, el Ministro del Estado para la Gran Caracas, Ernesto Villegas, advirtió a los Chavistas no caer en provocaciones y agregó que “cuando usted esté en la cola y vea a un infiltrado que está incitando al saqueo, píntele la paloma de la paz”. El peligro de disturbios de este tipo viene de una oposición que por más de una década ha dejado abierta la posibilidad de la vía no democrática para llegar al poder. En este orden de ideas, Maduro en febrero de este año alegó la existencia de un complot para derrocar su gobierno y encarceló al alcalde del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma.
Venezuela se encuentra en aguas desconocidas, con una aguda polarización política, sin equivalente con otros gobiernos comprometidos con el socialismo democrático que han durado tanto como los 16 años que los chavistas han permanecido en el poder. Sin embargo, el desafío generado por la escasez y los inconvenientes asociados con la distribución deficiente de bienes, como también el asunto espinoso del papel del mercado, tienen implicaciones para todos los gobiernos comprometidos con el socialismo. La Unión Soviética, por ejemplo, fue castigada por la corrupción proveniente de un mercado negro extendido, un problema que tuvo mucho que ver con la caída de ese país, mientras que en Cuba hay actualmente un debate nacional sobre dificultades similares.
Las medidas recientes de Maduro fueron un paso en la dirección correcta por cuanto reconoció que las condiciones del mercado tienen que entrar en la ecuación, aún cuando el gobierno no puede renunciar al papel intervencionista en la economía, incluyendo la regulación de control de cambio y la de los precios de productos básicos. Al mismo tiempo anunció iniciativas sociales y recalcó que la baja en los precios del petróleo no puede ser un preludio para las medidas de austeridad que caen sobre los hombros de los no-privilegiados.
Sin embargo, mientras que el gobierno no reduzca la disparidad enorme entre los precios oficiales de los bienes y de las divisas extranjeras, por una parte, y el valor para ellos en el mercado abierto, por otra, el contrabando y la corrupción van a ser virtualmente inevitables. Este problema es agravado por las acciones de miembros inescrupulosos y políticamente motivados del sector privado. Los precios subsidiados para divisas y mercancías son correctivos perfectamente legítimos al neoliberalismo, pero el gobierno chavista tiene que evitar los extremos y optar por un terreno medio entre los costos de producción y los precios del mercado. En caso contrario, la situación puede llegar a ser semejante a la que aquejaba a regímenes socialistas en el pasado.
Medidas radicales al lado izquierdo del espectro político, como expropiaciones de las grandes empresas, tendrían quizás que esperar hasta cuando el gobierno haya golpeado fuertemente a un enemigo político que se niega a reconocer su legitimidad. Maduro está siguiendo una estrategia de tratar de ganar un espacio de respiro en el contexto de descontento extendido y las tácticas insurgentes bien organizadas. Con ese fin, ha promovido un “diálogo de paz” para lograr la estabilidad, que la oposición política rechaza. El Presidente también está priorizando objetivos políticos por el miedo de mayor desestabilización si la oposición gana el control de la Asamblea Nacional en las elecciones al final de este año. En vista de estas consideraciones políticas y sociales, un terreno intermedio entre la devaluación radical de la moneda, por un lado, y los precios altamente subsidiados para los productos básicos y divisas, por el otro, representa la fórmula más viable para los chavistas en esta coyuntura crítica.
*El autor ha sido profesor en la Universidad de Oriente desde 1977 y es autor de El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto (hasta 2013) (CELARG y el Centro Nacional de Historia, 2014) y compilador de La izquierda radical latinoamericana: Complejidades del poder político en el siglo 21 (CELARG, 2015).
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