Cuando se valora el desempeño de los gobiernos populares que han
llegado al poder en América Latina a contrapelo de los intereses de
las oligarquías nacionales y a despecho de haberlo hecho en el marco
de sistemas electorales elaborados en función de favorecer las
posibilidades de esos intereses, rara vez se toma en consideración una
regla fatal: que una vez que estos líderes han alcanzado el poder por
la voluntad popular, se ven obligados a alterar sus prioridades para
dar la primacía a la lucha por la supervivencia de sus proyectos
revolucionarios.

En tales circunstancias, éstos jóvenes gobiernos enfrentan a un
enemigo interno que controla todos los resortes para el ejercicio del
poder sin siquiera verse obligado a justificar sus acciones
contrarrevolucionarias.

Como quiera que para que una revolución sea cierta el primer requisito
es que sea capaz de defender su supervivencia, cuando arrecian contra
ella los ataques en la etapa inmediata a su llegada al poder, los
movimientos revolucionarios se ven forzados a revocar la precedencia
de sus programas de beneficio popular para concentrarse en la defensa
política y militar del proceso.

De hecho, las amenazas y presiones iniciales que deben enfrentar los
procesos populares constituyen agresiones en sí mismas, porque obligan
a los agredidos a relegar a otro plano la razón de ser del proceso
redentor, que es la de trabajar por el bienestar espiritual y material
de toda la población, especialmente de los más preteridos.

Mediante intimidaciones, chantajes e imposiciones en los que se hace
evidente la convergencia de los intereses de las oligarquías
nacionales con los del imperialismo, se trata de restar apoyo al
proyecto libertador, o al menos evitar que se sumen nuevos factores a
la corriente de respaldo popular al proceso de cambios que se inicia y
que depende para su victoria de la ventaja numérica de los adherentes
a su causa.

Las acciones dirigidas a obstaculizar el trabajo de los nuevos
gobiernos progresistas abarcan diversas formas de intromisión en los
asuntos internos del país revolucionario: campañas mediáticas
difamatorias tanto en la propia nación como internacionalmente,
provocaciones, promoción de traiciones y deserciones, fomento de
conflictos en las relaciones con sus aliados, actos diplomáticas
hostiles y muchas otras en las que la impaciencia de los dirigentes
revolucionarios a menudo sirve a los propósitos del agresor.

En última instancia, el objetivo de esta política de presiones y
amenazas es tratar de llegar al pueblo de la nación que ha llevado al
gobierno a un movimiento progresista con un mensaje cuyo propósito es
hacerle creer que la disyuntiva que enfrenta no es “quedarse como está
o aspirar al bienestar espiritual y material que prometen los
revolucionarios” sino “arriesgar lo poco que se tiene en aras de
beneficios irrealizables”. O, lo que es lo mismo, llevarles a
desconfiar de la capacidad propia de asumir la solución de los
problemas que entorpecen el desarrollo político económico y social de
sus patrias porque tal cosa depende de factores históricos
imponderables”.

El desarrollo reciente de los acontecimientos políticos en nuestra
América muestra que las fuerzas revolucionarias y progresistas ya son
capaces de asumir el enfrentamiento a las maniobras y presiones en la
etapa de consolidación en el poder porque a sus potencialidades se ha
sumado la posibilidad de contar con la fuerza que emana de el apoyo
recíproco que les aporta el hecho de que ya son muchos los pueblos que
en mayor o menor medida, con su independencia, están en condiciones de
sumarse a un esfuerzo común.

La unidad de las filas propias y la unión solidaria de los pueblos
que, en similares circunstancias escogen el apoyo común como escudo
requiere, por supuesto, mucha serenidad para evitar caer en las
trampas de los poderes hegemónicos.

Los conflictos inter-capitalistas se resuelven siempre con el capital
como árbitro, pero cuando se trata de discrepancias entre iguales
soberanos, siempre serán los intereses fundamentales de los pueblos
los llamados a aportar las soluciones solidarias.

De ahí que jamás será tiempo perdido el que dediquen  los líderes de
estas naciones recién llegadas al ejercicio de la verdadera
independencia a cultivar y proteger cada avance que se logre en el
camino de consolidar la solidaridad y la unidad de sus pueblos como
primera garantía de su seguridad común con independencia de las
circunstancias diferentes de cada uno.

Y jamás será demasiado el apoyo y la confianza que se brinde a estos
gobiernos recién llegados al ejercicio real de su soberanía nacional,
para que lo hagan sin injerencias ni intromisión de tipo alguno en la
proyección de sus propios caminos.