En Venezuela es difícil abordar un tema de tanta relevancia como el de la inseguridad. En primer lugar porque lamentablemente se ha convertido en una herramienta de la manipulación política ejercida por los factores de oposición desde estructuras como los partidos o instrumentos como los medios de comunicación. Esto ha traído como consecuencia una banalización del tema por parte de un sector de la población que lo utiliza en función de su fin político. Es así como ni desde el ámbito informativo y muchas veces en el académico, privan juicios de valores que lo alejan del principio de cientifidad que debe de prevalecer.
Es imposible negar que si existe un problema de seguridad pública, pero también es importante afirmar y confirmar que este tiene una incuestionable raíz estructural: La pobreza producida en el ciclo de apropiación capitalista por el cual transito nuestra Patria, en su recorrido histórico. Un gráfico ejemplo de ello fue la proliferación de los llamados cinturones de miseria alrededor de las urbes en desarrollo. Fue allí donde se genera la negación de las expectativas, el afán de lucro rápido para poder adquirir los bienes en una sociedad de consumo se complementa con la ingesta de alcohol o el consumo de drogas y la inexistencia de políticas para la juventud, un caldo de cultivo perfecto para que la violencia se potencie a su máxima expresión. Este fue otro de los legados de punto-fijo. La inseguridad que en términos estrictamente lingüísticos es el antónimo y la negación de la seguridad. Puede entenderse como un estado personal o una sensación colectiva. En el segundo caso es cuando se tiene la certeza real de una amenaza un estado de guerra, asesinatos, secuestros, robos etc.
La Revolución Bolivariana ha revindicado siempre que el Estado venezolano debe garantizar la seguridad a sus habitantes haciendo cumplir las leyes, a través de sus fuerzas de seguridad y organismos especializados en la lucha contra el crimen. Desde siempre se mantuvo una postura firme en la materia impedir que las bandas criminales dominen y ejerzan autoridad en determinado parte del territorio. Se ha profundizado con una visión humanista los procesos requeridos para avanzar en la consolidación de sistemas de información capaces de generar diagnósticos acertados y políticas públicas eficaces para enfrentar los desafíos de la seguridad ciudadana.
La reciente acción de las autoridades en la Cota 905, Aragua y Guárico. Contra bandas criminales que tienen mucho dinero y están vinculadas al paramilitarismo colombiano. Esto sin duda es una muestra del trabajo de inteligencia para desmantelar estas organizaciones criminales. La Operación Liberación del Pueblo (OLP) es una medida tomada por el Ejecutivo Nacional con el objetivo de combatir las acciones paramilitares promovidas en diferentes puntos del país, en especial en sectores populares, además de resguardar por la seguridad del pueblo y garantizar la paz.
Esta es una respuesta concreta para atacar una disfuncionalidad de nuestra sociedad y un reclamo de nuestra población y una exigencia de la modernización del Estado, definiendo mecanismos de intervención y gestión frente a los principales nudos de la administración pública vinculada con el diseño e implementación de políticas públicas. Pero esto no es argumento suficiente frente a la irracionalidad opositora. Ya echaron mano al expediente de los DDHH para negar, obstaculizar o neutralizar esta iniciativa contundente para de una vez por todos tomar las medidas necesarias para frenar este fenómeno.
