INSISTIMOS: Los problemas de la democracia, de la democracia verdadera, la democracia bolivariana, sólo pueden resolverse con más democracia, nunca con menos democracia.

Desde hace varios meses, hemos venido advirtiendo acerca de peligrosas tendencias en el comportamiento de quienes pretenden dirigir tanto al gobierno cada vez menos popular y menos chavista de Nicolás Maduro, como a sus cómplices de la derecha que pretenden fungir de oposición, hemos decidido abocarnos a la lucha por la defensa de nuestra Constitución, de nuestro pacto social:

• Lo hemos hecho señalando que la impunidad ante la corrupción, y en nuestro caso, ante la escandalosa corrupción, es un crimen que afecta la soberanía nacional así como derechos humanos fundamentales establecidos constitucionalmente y en diferentes leyes de la República.
• Lo hemos hecho incluso con una demanda ante el TSJ por inconstitucionalidad e ilegalidad del decreto 2248 del Presidente Nicolás Maduro mediante el cual se crea el proyecto Arco Minero del Orinoco, la mayor entrega a los intereses imperiales globales que ha ocurrido desde que comenzó la explotación petrolera a comienzos del siglo XX;
• Lo hicimos también en diferentes oportunidades, incluyendo el pasado lunes 17 de octubre cuando declarábamos la necesidad de que se respete el derecho constitucional de los venezolanos a revocar o ratificar mediante un referendo al Presidente de la República o a cualquier otro funcionario electo popularmente, señalando que, además, constituía un error político por parte de quienes pretenden dirigir la revolución y una violación a la Constitución, el uso de subterfugios leguleyos y excusas pseudo técnicas para impedir el cumplimiento de esta garantía constitucional.

Es el caso que, habiéndose verificado por el CNE el cumplimiento de los requisitos, y anunciada la siguiente etapa para la realización del Referendo, lamentablemente lo que era un rumor y preocupación circulando ampliamente entre los ciudadanos acerca de que éste sería impedido por una decisión del TSJ, se concretó mediante procedimientos de tribunales penales de algunos estados de la República que, desde el punto de vista jurídico, no tienen competencia para revertir lo ya resuelto por uno de los poderes nacionales, el Poder Electoral. Afirmamos que la comisión de un delito, en este caso un delito electoral, es responsabilidad individual y debe ser penalizada individualmente, luego del correspondiente juico, y nunca afectar derechos fundamentales de toda la sociedad; pero, en todo caso, el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del CNE, Poder Electoral, y el anuncio de realización de la siguiente etapa por parte del órgano con competencia, son una prueba de que la comisión de los delitos señalados por parte de los tribunales regionales, no afectó la integridad del proceso y, por tanto, el mismo no debe paralizarse de ninguna manera.

Señalábamos el 17 de octubre:

"… desde el poder y el gobierno se está construyendo, piedra sobre piedra, un edificio autoritario. Que esa eliminación de derechos afecta no solo a lo concerniente a las garantías y derechos económicos y sociales de la población más desfavorecida y a la condición soberana del país, sino que también progresa hacia la destrucción de las formas republicanas y democráticas de gobierno, liquidando el equilibrio institucional establecido en la CRBV, equilibrio que debería preservar las garantías y derechos ciudadanos, y en definitiva la paz.

… ese camino lleva, paso a paso, a la instalación de un gobierno de facto, sin el respeto debido por la Constitución, las normas, las reglas, la legalidad. Un camino que conduce a la ilegitimidad más absoluta, a la ilegitimidad ante el pueblo".

INSISTIMOS: La torpeza política con que actúan quienes hoy efectiva y realmente controlan el gobierno y al PSUV y sus compromisos con centros económicos de poder tanto nacionales como internacionales, están llevando progresivamente pero sin pausa a la muerte del sueño chavista cuyas bases están contenidas en el Plan de la Patria.

Por todo ello declaramos que, haciendo uso del Artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece:

La Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Haremos todo lo necesario para el cumplimiento de ese deber constitucional.

¡Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada!
¡Los problemas que enfrenta el país no pueden enfrentarse con menos democracia, sino con más democracia!

Caracas, octubre de 2016.

FIRMAN:

Héctor Navarro; Cliver Alcalá Cordones; Ana Elisa Osorio; Freddy Gutiérrez Trejo; Oly Millán Campos; Gustavo Márquez; Edgardo Lander; Esteban Emilio Mosonyi; Santiago Arconada; Cesar Romero; Juan García; Nicmer Evans; Gonzalo Gómez