UNO

      En 1815 Napoleón Bonaparte fue derrotado en la histórica Batalla de Waterloo, como resultado se restauró en Francia la Monarquía borbónica y el país se mantuvo ocupado tres años por los ejércitos de una coalición política y militar de la cual formaban parte Inglaterra, Austria y Rusia.

      A partir de estos acontecimientos, Europa quedó cubierta  varios decenios por el manto de la reacción ultra conservadora, puesta en vigor por las potencias hegemónicas que integraban “La Santa Alianza”. El propósito era barrer con todo vestigio de la Revolución Francesa. Sobre las ruinas del proyecto napoleónico se erigió el diseño europeo elaborado por el príncipe Metternich, el reaccionario canciller austriaco.

      Pero ¿cuáles fueron las razones que dieron la victoria a las fuerzas de la reacción continental frente a Napoleón, el privilegiado heredero de la Revolución burguesa de 1789?

      Federico Engels dijo que los ejércitos napoleónicos que avasallaron a Europa por varios lustros, estaban compuestos por “la flor y nata” del campesinado francés. Como heredero del 1789 revolucionario, Napoleón, a principios del siglo XIX, le entregó la tierra al campesino, haciendo desaparecer los últimos vestigios de feudalismo en Francia, en agradecimiento, el campesinado engrosó el ejército nacional y se convirtió en uno de sus más firmes baluartes sociales. Pero la prolongación de la guerra provocó la ruina de los campos, al quedar abandonados por una juventud que era reclutada para ser llevada al frente de batalla. Napoleón, con el pasar del tiempo, se hizo más dependiente de la oligarquía, el Imperio abandonó las medidas populares y permitió que las zonas rurales, la propiedad de la pequeña tierra entregada originalmente por la Revolución, quedara embargada por un capital financiero cada vez más poderoso.

      Por eso cuando las tropas de “La Santa Alianza” invadieron territorio francés, el pueblo no se jugó el todo por el todo en defensa de su Emperador; el campesinado estaba agotado, y, sobre todo, sentía que había sido traicionado. Más allá de los consabidos análisis que explican en términos estrictamente militares las razones que llevaron a la derrota de Waterloo, se precisa el análisis socioeconómico; una visión de conjunto que vea en el campesinado un protagonista de extraordinaria importancia.

      Curiosamente Napoleón al regresar de su destierro forzoso de la isla de Elba y retomar por al rededor de tres meses el poder en París, pudo haber exonerado a los campesinos del gravamen de impuestos sobre el vino, no lo hizo. No lo hizo porque en el contexto apresurado de su gestión política no tuvo tiempo, o porque semejante medida significaba recabar el apoyo popular para la guerra a despecho de los nexos contraídos con la oligarquía. Napoleón pudo haber convertido la guerra en territorio francés contra las potencias invasoras, –antes o después de Waterloo–, en el gran escenario de la resistencia popular. Tampoco lo hizo, su conservadora situación de clase no se lo permitió. En 1815 Napoleón no era ya el heredero de una gran Revolución; con el de curso del tiempo su gestión política lo había llevado a pactar con la reacción.

      El historiador marxista “soviético” Eugenio Tarle, afirma, en una biografía teóricamente superior a la del célebre biógrafo de origen judío Emil Ludwing, que los errores de Napoleón no fueron militares, sino principalmente políticos. La alianza del emperador de Francia con los sectores más reaccionarios de Europa, su filiación con la Casa de Austria (su matrimonio con María Luisa, hija del Emperador Francisco I) terminaron negando el contenido libertario que originalmente encarnara como prometido emancipador de la sociedad y las clases europeas. Fueron esos errores, derivados de oportunistas alianzas de clase, los que determinaron sus derrotas militares.

      Por ejemplo: la campaña de Rusia condujo al Gran Ejército a las puertas de Moscú. El general ruso Kutúzov, al frente de las operaciones, sabía que militarmente Napoleón era imbatible. Este se lanzó por la enorme extensión del imperio ruso buscando una batalla decisiva. Kutúsov prudentemente no se la concedió, se retiró con sus tropas dejando a conciencia mucho territorio por medio. En esa atípica situación el ejército expedicionario comprobó como se debilitaba logísticamente, se hacía vulnerable por los flancos, al tener que abrazar la gigantesca extensión de territorio enemigo. Por fin, en las proximidades de Moscú el ejército ruso decidió presentar combate. Fue la Batalla de Borodino. Napoleón quedó dueño del campo de batalla y entró acto seguido en la ciudad de Moscú. Pero el costo militar había sido para él enorme. Moscú fue parcialmente incendiada por los patriotas rusos y el zar Alejandro se refugió en sus cuarteles de invierno de la ciudad de San Petersburgo. Napoleón carecía de condiciones logísticas para seguir avanzando, pronto llegaría el invierno que agravaría la precaria situación de sus tropas, a lo que se sumaba la falta de abastecimiento. Ante esa situación a Napoleón sólo le quedaban dos opciones. La primera, concertar la paz con el Zar. La segunda, hacer un llamado al campesinado decretando la abolición de la servidumbre en Rusia, presentándose como un libertador ante los “mujik” convirtiéndolos en aliados políticos. No lo hizo. Se empeñó en buscar la paz con Alejandro, al no obtener respuesta decidió iniciar la retirada; la llegada del crudo invierno asoló a sus tropas en el largo camino de regreso…

      Ante la idea de una revolución agraria con consecuencias sociales impredecibles, Napoleón se detuvo con temor, él no era ya el “Robespierre a caballo”, como una vez lo designara el joven espíritu romántico de la Revolución, propalador, con sus ejércitos en Europa, de las ideas y leyes revolucionarias. El campesinado ruso  esperaba a Napoleón como el “predestinado” que los iba a liberar de la servidumbre, al no ser así las circunstancias políticas y sociales se revirtieron en favor del Zar.

      Después de los sucesos de la Revolución republicana en Francia de 1848, Luis Bonaparte se presentó a elecciones y resultó elegido democráticamente con el apoyo del campesinado. La llegada al poder de un sobrino del Emperador, quien tiempo después se convertiría en dictador y en 1852 proclamaría el II Imperio, frustró el proyecto de la República social que la pequeña burguesía, en alianza con la clase obrera, quería proclamar para Francia. Carlos Marx fue particularmente enfático en su repudio al nuevo líder político elegido realmente por los intereses del gran capital; su libro “El 18 de brumario de Luis Bonaparte”, se convirtió en el primer estudio socioeconómico en el que se aplicaban las leyes del materialismo histórico.

      Existe una tesis en particular de ese libro sobre la que quiero detenerme. Marx expone, en ese volumen, una convicción teórica que explicaría las razones del equívoco voto campesino dado a quien más adelante sería Napoleón III. Según el pensador alemán, el pequeño propietario rural, es decir, el campesino aparcero, no configura en sí mismo una clase social, ya que el concepto de clase supone un grupo humano ocupando un concreto lugar en la organización social de las relaciones de producción, mientras que el campesinado se encuentra atado, en la práctica, a la particularidad de su terruño, a la estricta necesidad individual, familiar de su parcela. Por el contrario, la realidad de la producción económica, ejecutada en la ciudad por los diferentes grupos humanos, como la burguesía, el pequeño propietario y la clase obrera, sí se encuentra implicada al entramado general de relaciones y necesidades sociales. Y del conjunto de las relaciones sociales que engendra la producción, es que la burguesía extrae su propia posición como clase, más la noción histórica de su universalidad política: ser la clase destinada a liderar, en un momento determinado, una revolución social.

      Esto es lo que en resumen parece opinar Marx. Por tanto, el pequeño aparcero es un ser empeñado en la soledad de su primitiva organización socioeconómica. Es lo que condujo a Marx a considerar teóricamente al campesino como esencialmente reaccionario, al ser un grupo humano anómalo, inoperante socialmente como clase. Esto es lo que condujo también a Marx a cuestionar la racionalidad histórica de la entrega de tierras al campesinado por Napoleón, en cumplimento de los ideales de la Revolución Francesa, pues ese hecho creó un amplio sector de pequeños propietarios independientes, envueltos en su egoísmo aparcero, quienes, en un momento dado, podrían sumar sus fuerzas –en este caso el voto electoral– a las de la oligarquía.

      El pequeño productor agropecuario es un remanente social de los tipos de organización económica de la Edad Media y Antigua… Podría considerarse incluso un enquiste económico socio localizado en tiempos de la Modernidad. Sin embargo, si consideramos el importante papel jugado por el campesinado, –decisivo como hemos visto en algunos momentos de la historia–, un grupo humano que luchó secularmente por la pequeña propiedad de la tierra, la tesis que sostiene el carácter aclasista del trabajador aparcero no explica convenientemente su lugar dentro de la historia.

      Existe un área de determinación social que actúa sobre los diversos grupos humanos que, aparte de ser socioeconómica, es también sociohistórica. El tema de la propiedad de la tierra ha venido gravitando desde milenios sobre la sociedad, cumpliendo un amplio significado histórico. La pequeña propiedad de la tierra fue la utopía del campesino de la gleba, sometido a las peores condiciones de servidumbre en la Edad Media. Cuando Napoleón le entregó la tierra a los campesinos estaba cumpliendo, en su concreta particularidad socioeconómica, con un compromiso histórico, con un ideario universal; la gran utopía, –irresuelta– de la Revolución: entregar los medios de producción a quienes los trabajan. El campesino arribaba, en tiempos napoleónicos, a la singular consumación de su propia universalidad como grupo humano: el fin de la alineación económica, entendida, primero, como la apropiación del trabajador de sus propios medios de producción, y, segundo, como el reconocimiento social de su gestión productiva mediante la libertad de mercado.

      De todas formas parece ser cierto que una revolución agraria, una vez que hace entrega de la tierra al campesino, se paraliza y de hecho retrocede, pues se consuma, en esa forma de propiedad, la razón de su existencia y de su lucha. Lo que no podía entender el campesinado de principios del siglo XIX, es que si quedaba intacto el poder del gran capital, éste, a la larga, conspiraría abiertamente contra la autarquía económica de la pequeña parcela. Fue eso exactamente lo que sucedió: con el movimiento de centralización económica, impuesto por el desarrollo del gran capital, amplias zonas rurales fueron hipotecadas, lo que convirtió a la parcela, en el mejor de los casos, en simple propiedad nominal, mientras que la propiedad, su riqueza, en términos económicos reales, pasaba a manos de los banqueros de las ciudades.

      En la época de producirse la Revolución de 1848 una profunda deuda interna corrompía las zonas rurales. Y la crisis económica iniciada en la industrializada Inglaterra, principal acreedora de Francia, hizo posible el vaticinio científico de Carlos Marx: Francia estaba lista para un nuevo período revolucionario. Mas tarde, cuando Luis Bonaparte se presentó a elecciones generales, usurpando con su gestión política el contenido revolucionario de 1848, prometió suspender el impuesto sobre el vino… para de esta manera ganar en las urnas el mayoritario voto campesino.

      El militarismo y el aventurerismo político de Napoleón III llevaron finalmente al país en 1870 a la guerra contra Prusia. El ejército francés fue rodeado en la Batalla de Sedán y obligado a rendirse. El nuevo Bonaparte tuvo que humillarse físicamente ante el Káiser Guillermo y el canciller Bismark terminó proclamando, en el “Salón de los Espejos” del palacio de Versalles, el nacimiento del II Reich. Como consecuencia de estos trascendentales hechos (la aparatosa derrota militar de Francia) se creó en París un espacio político de vacío y la clase obrera parisina, llevada por una acción  relativamente espontánea, fiel a las insurrecciones populares de 1789, 1830 y 1848, aprovechó el momento y se lanzó a las calles proclamando La Comuna. El ejército profesional francés, que ahogara en sangre al primer intento genuinamente socialista de la historia, estaba compuesto por “lumpen proletarios”, desclasados sociales que habían llegado a las ciudades provenientes del campo, huyendo de las condiciones provocadas allí por los gravámenes de la usura. A fines del siglo XIX los ejércitos profesionales de Europa no estaban formados, como en tiempos de Napoleón I, por “la flor y nata” del campesinado, sino por la oscura “flor del pantano”, al decir metafórico de Federico Engels. 
 
 
 
 
 
 
 

      DOS

      El escritor Alejandro Dumas en su archifamoso libro “El conde de Montecristo” creó un extraordinario personaje de ficción dotado de un gran sentido del honor y movido por un poderoso afán de venganza personal, quien, después de veinte años de cautiverio en una mazmorra, reconoce, en la polémica Francia del siglo XIX, encumbrados a la primera instancia social, a sus enemigos de siempre. Se cree que el gran escritor tomó como materia de inspiración la azarosa vida de Luis Bonaparte, condenado también en su juventud, luego de un fallido intento de golpe de Estado, a una mazmorra de la que se fugaría audazmente; habilitando con ello su leyenda política.

      Se menciona que los historiadores marxistas que han estudiado el proceso histórico vivido en Francia tras la proclamación del II Imperio (1852–1871) en su primera etapa liberal y, en la segunda, conservadoramente católica, no han podido cuadricular convenientemente al Estado napoleónico, por ser una máxima institución burguesa que, sin dejar de responder a los intereses en desarrollo del gran capital, cumplía a la vez con un ministerio social. Se menciona además que Marx, en los años finales de su vida, recogió índices estadísticos que mostraban que el nivel de vida de los obreros estaba gradualmente mejorando, siendo esto correlativo al desarrollo en sí de las condiciones del capitalismo en Europa. Hecho que ponía en riesgo la teoría que el desarrollo capitalista agudizaba las contradicciones internas, al determinar la existencia de una clase obrera, víctima de la explotación económica, cada vez más depauperada.

      Habría que valorar el papel jugado por la burguesía histórica, su función como agente global del desarrollo, concretamente en países como Francia y alemania para comprender allí la misión política y económica del  llamado Estado – Nación. En Alemania el Estado y la constitución resolvían un conflicto histórico en nombre de la ansiada unidad sociopolítica del país; en Francia, como en la Alemania del Káiser, el Estado de Napoleón III estaba puesto al servicio del gran capital y encarnaba un proyecto nacional burgués, –varias veces fraccionado a lo largo del siglo por conflictos intestinos–, en debate y contraposición a los grupos antinacionalistas, anarquistas y socialistas. 

      El marxismo ha definido al concepto del Estado como instrumento de dominación social; como “la expresión jurídica de la clase que está en el poder”. No me parece que sea errónea esa definición, valdría sólo precisar que el poder de la clase burguesa, su condición hegemónica, se verifica esencialmente en el seno de la sociedad civil, –la sociedad económica. El Estado, como máxima institución política, instrumenta los intereses generales de una burguesía civilmente constituida. La Revolución Francesa fue así, en su propia definición, una revolución política empeñada en construir un Estado político que garantizara la expansión sin techo de la sociedad económica, grupos e intereses privados. Lo que se vivió en Europa con el ascenso de la burguesía histórica (siglos XVIII y XIX) fue un proyecto liberador desarrollado frente a la antigua sociedad estamental, –de raíz medieval– al haber, primero, desvinculado, en lo básico, la gestión económica del Estado, y, segundo, al haber convertido su gestión política en el instrumento jurídico de los intereses privados.

      Para los pensadores burgueses del siglo XVIII, el Estado cumple la función de ser el vehículo institucional donde se legisla, se arbitra y se ejecuta la voluntad general, si como voluntad general se entiende, es muy necesario aclarar, las prerrogativas de la sociedad económica. Obviamente, se debe tener en cuenta que con estas definiciones nos encontramos frente al modelo más tradicional y liberal de sociedad burguesa, mientras que el papel que cumplió en la práctica el Estado en Francia y Alemania, en tiempos de Napoleón I, Napoleón III y Bismark, fue francamente anómalo.

      El Estado es un concepto que denomina una institución histórica no una categoría teórica estática, una realidad inscrita, por tanto, en el reino objetivo de las necesidades y eventos materiales y políticos que la condicionan. En la Francia del siglo XIX, el desempeño del Estado burgués expresó mayoritariamente una proyección económica claramente centralizadora, la cual priorizaba el interés económico y dejaba a un lado el viejo ideario político emancipador.

      La historia política de esa nación se movió, de esta manera, entre la herencia ideológica de la primera gran Revolución, la organización y desarrollo de la recién emergida clase obrera y una monarquía que, bajo diversas formas, se negaba a desaparecer. Circunstancias que, en su conjunto, afectaron el derrotero ideológico de los líderes políticos de izquierda y de derecha, redefinieron los programas políticos y las alianzas de clase.

      Enunciemos brevemente los acontecimientos históricos:

      La Primera República y la dictadura revolucionaria en 1793, una vez decapitada la Monarquía… El I Imperio napoleónico hasta 1815. La Restauración borbónica hasta la proclamación de la Monarquía constitucional en 1830. La nueva caída de la Monarquía y la efímera República social de 1848. El II Imperio de Napoleón III; la guerra franco – prusiana y el fin del Imperio. La derrota de La Comuna de París en 1871 y la proclamación de la Tercera República burguesa sobre la sangre de los comuneros muertos.

      La revolución política burguesa fue un fenómeno que se produjo en el tiempo, abrazando un complejo período de casi un siglo; no fue un acto ideológico creado por una generación de iluminados que plasmaran un ideal clásico; fue, por el contrario, el resultado concreto de una turbulenta historia política que generó, en la paradójica lógica de su desarrollo, sus grandes contradicciones: el totalitarismo de la gran burguesía, y su criatura, el super estado napoleónico.  

      TRES

      Juan Jacobo Rousseau definió su concepción ilustrada del Estado, como el fruto de un pacto en el que intervienen todos los grupos sociales, establecido mediante la concertación y el diálogo, en el que se realizaría el ideal social y humano de la igualdad y la fraternidad colectivas.

      Pero siempre que la sociedad civil sea construida por la burguesía que, como clase económicamente hegemónica hace del interior de la propiedad privada el espacio donde se realiza la libertad jurídica del individuo, la función del Estado será puramente representativa de un orden económico previamente constituido.

      Inversamente a lo que opina el individuo burgués, la contracción jurídica que padece el Estado, en tiempos del capitalismo liberal, no ha sido hecha para habilitar sus libertades políticas, sino para constreñirlas. Pues es el Estado, como eminente sociedad política, el que ha sido limitado por las prerrogativas sin techo de la propiedad privada. Con el capitalismo liberal se asiste a la agonía sin término de la sociedad política y al orden constituido por una sociedad económica. Poco o nada puede hacer o aportar el individuo burgués frente a las leyes de lo económicamente “constituido” y lo políticamente mediatizado. Las cinco libertades públicas que le asisten (libertad de pensamiento; libertad de expresión; libertad de asociación; libertad de movimiento; y libertad de gobierno) hijas del viejo ideario emancipador de la burguesía histórica, sólo le sirven para habilitar su propio espacio privado frente a una realidad jurídica francamente hostil que, por un lado, le entrega los derechos indispensables para su protección, y, por el otro, lo condena a la soledad.

      Cuando Marx criticó abiertamente en el siglo XIX el proyecto político de la burguesía histórica, señaló esencialmente la nueva dimensión del problema aparecido con “las libertades burguesas”: el apartamiento del hombre con respecto al hombre, que no es otra cosa, que su muerte política; el patente fracaso de su ideario moral.

      El proyecto político de Estado y sociedad burguesa fue producto de un complejo tránsito en el que la burguesía pudo finalmente realizar su contenido histórico. Inglaterra y Estados Unidos representan los modelos clásicos, liberales, de ese desarrollo, mientras que Francia y Alemania representan, en el siglo XIX, el lado “infrecuente” de la evolución del capitalismo en Occidente. Con el totalitarismo político del II Imperio francés el capitalismo expresó sus propias contradicciones, priorizando, sin embargo, lo esencial, el desarrollo mismo, la concentración de capital, al “ideario político”. Cuando este ideario político pudo finalmente realizarse, –el nacimiento de la Tercera República en 1871 y la desaparición  definitiva del Imperio y la Monarquía– y la nación francesa asumió para el siglo XX el modelo liberal de Estado y sociedad, el contenido objetivo, subyacente, de la burguesía histórica no tardó en revelarse en toda su crudeza en la crisis del hombre político, en el encasillamiento jurídico de su existencia moral, determinada, en realidad, por el orden económico establecido.  

      Si nos acercáramos con un breve análisis a ese orden “económicamente establecido” que es el sistema capitalista, veremos que posee la tendencia inherente de favorecer el crecimiento económico, lo cual resulta beneficioso para la sociedad en su conjunto, sobre todo si se comprende que los precios de la competencia tienden a igualarse al precio mínimo del mercado. Lo que no se debe olvidar, es que si el aumento de la producción provoca la caída de los precios, para que la economía capitalista pueda ser rentable, debe reducir al mínimo los cotos, y el costo básico de la producción es el salario del obrero. O sea, reducir al mínimo los salarios y aumentar al máximo la jornada laboral, representa el sueño cumplido del capitalista y es la base de la explotación económica más desaforada: fijar, tasar, utilizando una medida temporal, el valor del trabajo e imponer con esto el aumento de las extenuantes jornadas que conducen al crecimiento económico. Aunque en realidad, cuantas más horas trabaja el obrero mayor será el valor de su trabajo y, por consiguiente, menos dinero recibirá en proporción inversa al valor creado y al tiempo laborado. La plusvalía, definida como el valor creado y no convenientemente retribuido, bien pudiera expresar aquí la lógica infernal de su existencia.

      La crítica a la economía política del capitalismo realizada por Marx, deviene así en crítica al Estado burgués. La muerte de la sociedad política se resuelve, para el individuo privado, en el interior de su propiedad, pues es allí donde quedan suprimidos los nexos políticos del hombre con el hombre y se manifiesta, en cambio, el instrumental jurídico que liga a los ciudadanos sólo mediante el interés y el peculado. Por lo que se desprende, que el fin de la propiedad privada significaría el fin del orden jurídico burgués y el renacimiento del Estado como sociedad eminentemente política. Mientras que en el interior de la propiedad colectiva, en su constante gestión económica, se verificaría la propia esencia de la sociedad política: la equidad y la diversidad como usufructos tangibles.

      Nuestra Modernidad política es la doble heredera del París comunero y del 1848 democrático social. Ambos constituyen alternativamente, en un juego real de opciones, el cielo y el suelo de la gran utopía revolucionaria. La Comuna obrera representó la expresión política de un contenido universal, emancipador, testimonio del “nuevo sentido” que comenzaba a operar en la historia: la búsqueda de la racionalidad socioeconómica. Mientras que la revolución democrático burguesa de 1848 actuó como el núcleo ideo político donde se encontraron, en la espiral del desarrollo, dos fuerzas históricas, –la  plenamente configurada burguesía y el incipiente proletariado–, las cuales, en un determinado momento, actuaron de consuno e inmediatamente se separaron, tomando distintos e incluso antagónicos derroteros.

      Hay sin embargo una idea de Víctor Hugo la cual enuncia, en su en sí ideológico, una cosmovisión históricamente integradora. El célebre escritor (apasionado contemporáneo y participante del 1848 político y de la Comuna obrera) definió la postulación cívica de la primera etapa de la Revolución Francesa, –la etapa eminentemente política– como la que agitó “la cuestión del Derecho”; y la segunda etapa, –la etapa eminentemente socioeconómica– como la que debe agitar “la cuestión del Salario”. Sin embargo, Hugo añade, “derecho y salario son una misma cosa” y acto seguido maximaliza: “Salario es derecho retribuido”.

      El pensamiento socialista es el que históricamente ha proclamado la necesidad de aplicar el principio del salario justo en la jornada laboral, el cual tendría que tener principalmente en cuenta el valor real creado por el obrero a la hora de tasar el precio de su trabajo. Esto no solamente implicaría superar las enormes desigualdades que engendra el antagonismo entre el capital y el trabajo, sino, que, sobre la base de una nueva equidad, se reorganizaría la estructura interna de la antigua propiedad, democratizándola, entendida entonces como trabajo y propiedad colectiva.

      Hugo vuelve a tener actualidad: el derecho laboral se convierte en la forma más importante del derecho jurídico, y el derecho al salario justo deviene en plataforma de la democracia social. Francia es la cuna más original del Socialismo como lo es de la gran Revolución burguesa. Sobre la piedra angular de esta concepción es que podemos acercarnos a la esencial historicidad de la clase obrera que, luchando denodadamente por profundos cambios sociales, hiciera suya la herencia fundamental de la extinta Francia política.

      Es en la complejidad de los procesos históricos que se manifiesta el largo y accidentado camino de la racionalidad, o de aquello, que, en un momento determinado de la historia, fue racional y ha dejado de serlo. El mundo burgués representa este tipo de racionalidad acabada; el socialismo, por su parte, el cercano cumplimento de una esencia universalmente intuida en el entresijo de las relaciones sociales. El socialismo obrero se vuelve así en la manifestación política de un contenido “sociocultural” que pugna, desde hace dos siglos, por su plena concreción sobre la tierra, anunciando no sólo un nuevo y superior modo de producción, sino nuevos y superiores fundamentos morales para las relaciones interhumanas.

      Y si nos atenemos a la lógica del devenir que implicó a Francia en la construcción de un originalísimo proceso histórico, comprobaremos que los postulados políticos e intelectuales de una Revolución que duró casi un siglo, devinieron, en ocasiones, o en el límite mismo del gran sueño político de la burguesía, o en el particular comienzo de la realidad social y económica del comunismo.

      En resumen, transformar mediante el salario justo la estructura de la propiedad económica, su organización interna, significa transformar la estructura, la organización, de la sociedad en su conjunto. Pero sobre todo, sería ver plasmado, por primera vez en nuestras sociedades, el sueño utópico más radical del pensamiento ilustrado; pues sería reconstruir el significado general del hombre, no como ciudadano privado de un Estado y una nación jurídicos, sino como artífice de la soberanía política y el autogobierno económico.