Tal como la mayoría de los politólogos, entiendo que no hay una teoría unitaria de democracia y que la misma está en disputa. También comprendo como válida la afirmación de que la vida en sociedad a través del ejercicio de la libertad de expresión, de reunión, de organización y de manifestación son los requisitos básicos para una sociedad democrática. Aunque esenciales, estos derechos no son fines en sí mismos. Y la garantía de la estabilidad de estos derechos no puede existir excluyendo la dimensión social, distributiva, jurídica y económica de la “democracia” capitalista en que vivimos. Así, no comprendo como “democrática” una sociedad plena de derechos formales, pero donde las mayorías no influyen de forma directa sobre y acerca de las decisiones fundamentales. O sea, el capitalismo como tal, es todo menos democrático.

¿Es necesario debatir cuál concepto de democracia estamos adoptando? Esto da visibilidad a la lucha y la pelea por definiciones de democracia y que tipo de partido político sería adecuado para un régimen de alternancia de poder, pero cuando este poder se construye desde abajo. Abordando este tema a través de los partidos políticos como unidad de análisis, nos encontramos con un debate de fondo. El debate mismo trata de las reglas y conductas de los agentes políticos y los límites de esa competición. Es decir, los límites de la propia democracia de mercado (liberal y capitalista). Aunque existan decenas de definiciones de democracia y de partido político, las dos categorías existen dentro de un marco divisorio: por un lado la democracia liberal y por otro, la democracia social. Dentro de estas definiciones ampliadas, los dos grandes conceptos de democracia traen en sí el siguiente consenso: - soberanía popular; - derechos humanos; - igualdad de oportunidades; - libre expresión.

Es irresistible preguntar con franca ironía, ¿en una sociedad donde los medios de comunicación se organizan como mercado y no como servicio, siendo que este mercado está en el formato de oligopolio y no pulverizado? y aún así algunos tienen la cara dura de decir que hay “libre expresión” Lo que existe sí es libre consumo del flujo informacional y de la comunicación y demasiado consumo de bienes simbólicos fundidos como mercancía y portadores de ideología. Los requisitos de soberanía popular, igualdad de oportunidades y derechos humanos no resisten a cualquier análisis de régimen latino-americano de tipo cleptocrático y vende patria. Si tales gobiernos son la mayoría en nuestro sufrido continente, ¡imaginemos el drama de nuestros hermanos africanos y sus “democracias post-coloniales”!

Volviendo a las grandes definiciones de democracia, estoy acuerdo con la definición generalizable de democracia y veo que en el avance de la democracia liberal -a medida que los prepuestos neoliberales avanzan, la soberanía popular pierde espacio para los agentes que operan en la lógica de mercado- se viene retirando el contenido de los regímenes democráticos burgueses. Simultáneamente a la pérdida de regulación social y la estabilidad procedimental del régimen político, otras formas de expresión política vienen ganando terreno. Así, hay más sectores a ser organizados y representados, y una pérdida sustancial de derechos reales, aunque tengan existencia formal.

Hasta ahí ninguna novedad, porque las leyes intentan suplantar los derechos del pueblo desde Roma. En el caso latino-americano, el ejemplo viene de la Insurrección de los Comuneros del Paraguay (1717-1735), con el lema: “¡ por el derecho, contra la ley!”

Tanto en el ámbito más académico como en los sectores más militantes, hay una extensa bibliografía abordando el tema de los movimientos populares, de los “nuevos movimientos” y de la relación de estos con los partidos políticos. A la vez, hay un aumento de ideologías y actitudes “participativas” que llevan a las personas a servirse cada vez más del repertorio de derechos democráticos existentes (aún dentro de sociedades excluyentes cómo las latino-americanas).

Esta característica agrava el distanciamiento entre los partidos legalmente constituidos, operando dentro del juego electoral y a partir de los procedimientos formales y evitando el conflicto para el aumento de estos mismos derechos. O sea, cada vez más los partidos liberales (electorales) representan menos a alguien y actúan más en defensa de intereses propios. Esto crea un vacío de representación formal, abriendo margen para una crítica de la democracia de mercado, a partir del propio punto de vista democrático, en el caso, de la democracia social.

Así, el uso creciente de nuevas formas de participación política (aún no formalizadas) y las exigencias y conflictos de temas que se politizan, colocan contra la pared los discursos vacíos de contenido de la democracia liberal. Esto se da, fruto de la correlación de fuerzas. Hay la capacidad de un sector de la sociedad, sujeto social organizado -a través de uno(s) agente(s) dotado(s) de este propósito- o fracción de clase, de conseguir hacer políticamente aceptables temas que en una etapa anterior eran vistos como de orden moral, privada o confesional. Tal es el caso, de entre varios, de los derechos reproductivos (cuestión del aborto), del asedio moral (humanización del trabajo) y de las causas vinculadas de forma directa o indirecta a la ecología. Esta última gran bandera, ya se hace transversal, pasando por demandas ambientalistas, de preservación, indigenistas, campesinas, entre otras.

Es en este escenario de quiebre del monopolio de la representación, haciendo la crítica de la intermediación profesional y existiendo gracias a operar en un terreno de identidades fragmentadas y multiplicadas dónde reside la necesidad de construir formas organizativas políticas para hacerse oir en el proyecto de la democracia social (participativa, radical, substantiva y deliberativa). Entiendo como urgente la definición teórica –como consecuencia de su práctica ya existente en el campo libertario– de un modelo de organización política que esté a las márgenes de la vía legal electoral y apueste su acumulación de fuerza en la capacidad de movilización y de forzar al Estado a atender sus demandas por fuera de los acuerdos oligárquicos.


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