Antecedentes

Para finales de la década de los sesenta la burguesía venezolana, en estrecha alianza con el imperialismo estadounidense, había logrado una gran victoria política.

Hacía aguas la estrategia de la lucha armada implementada por las fuerzas de izquierda conducidas por el PCV y el MIR. Una combinación de estabilidad económica, represión de las luchas sociales y hegemonía ideológica de la derecha política, aunado a una limitada visión estratégica de la dirección de izquierda, condujeron a la derrota del auge popular que se había incubado durante el régimen de Pérez Jiménez y desatado a partir del 23 de Enero de 1958.

Como una característica que marcó casi todo el siglo XX venezolano -y que aún sigue vigente en nuestros días- la renta petrolera desempeñó un rol de primer orden dada que su apropiación permitió a las clases dominantes adelantar una reforma agraria limitada y de alto contenido demagógico, y un también limitado proceso de industrialización bajo el supuesto de la sustitución de importaciones.

La crisis orgánica del 23 de Enero de 1958 y de la década de los sesenta, se saldó a favor de la clase burguesa y sus aliados y sostenedores externos. La renta petrolera –en torno a la cual se ha producido una histórica lucha de clases por su apropiación—permitió: 1) el fortalecimiento de una base o estructura económica con una clase burguesa agro-industrial estrechamente dependiente de las transnacionales, fundamentalmente yanquis; 2) la usurpación por grandes terratenientes de las mejores tierras (otrora recuperadas por el Estado venezolano de las manos de la élite gomecista), estando esta clase terrateniente vinculada estrechamente a la burguesía agro-industrial antes mencionada; 3) la conversión de sectores medios –venidos fundamentalmente del mundo de la política y de las esferas gerenciales- en empresarios contratistas y de intermediación comercial, exacerbando el fenómeno de la corrupción como forma de apropiación de la renta.

La sustitución de importaciones se tradujo en una industria manufacturera ligera, mediana o de ensamblaje, de tipo enclave imperial, es decir, rigurosamente sometida a la dinámica de los circuitos económicos del capitalismo mundial en camino a su globalización. Por su parte, el imperialismo en su expresión petrolera sacaba una gran tajada en todos los procesos de negociación de la renta, en los cuales se “empaquetó” en uno sólo, los derechos impositivos soberanos y el rol de propietario del sub-suelo ostentado tradicionalmente por el Estado venezolano.

Esta nueva estructura requería de un reacomodo en la superestructura que tuvo su expresión política en la Constitución de 1961 y en la democracia burguesa representativa, cuya hegemonía fue operada a través del llamado Pacto de Puntofijo (se llama “Puntofijo” la casa supuestamente propiedad de Rafael Caldera donde se reafirmó el anti-patriótico pacto de dominación previamente acordado en Nueva York y a la cual se debe su nombre. Esta aclaración en honor a la verdad histórica y en descargo de la bella y pujante ciudad de Punto Fijo, en el Estado Falcón).

La clase del campesinado pobre fue arrojada a las ciudades constituyéndose en un peculiar ejército de reserva de carácter crónico, base del fenómeno de la marginación y de la exclusión, caracterizado por altísimos índices de pobreza y de pobreza extrema. Ciertas capas de la clase obrera empleada en empresas ineficientes -cuyos propietarios son generalmente subsidiados por las más diversas vías- empieza a manifestar características -en comparación con la masa crónicamente excluida- de estamento privilegiado de donde surge una llamada aristocracia sindical que asume el rol de dirección de la misma (CTV), condenando sus luchas al estrecho marco del economicismo.

Los intelectuales tradicionales venidos de las clases medias (fundamentalmente organizadas en AD, con Rómulo Betancourt a la cabeza), adoptan el punto de vista ideológico de la clase burguesa y del imperio, facilitando, por diversas vías, el fenómeno de la transculturización del pueblo todo. De intelectuales tradicionales se convierten en intelectuales orgánicos de la clase dominante y del imperialismo que pasa a hegemonizar al bloque histórico para ese periodo (burguesía, terratenientes, clases medias, clase obrera y el ejército de reserva crónicamente excluido). Contribuyen al diseño del modelo político e ideológico que tendrá pleno dominio hasta el año 1989, año en que se inicia una nueva crisis orgánica.

Estos intelectuales coadyuvan a resolver la crisis orgánica del 23 de Enero y los años sesenta. La superestructura se reacomoda a la nueva realidad estructural que se viene gestando en forma zigzageante desde la muerte del dictador Gómez (1936), y más atrás todavía, con el impacto de la producción petrolera en los primeros años del siglo XX. Con la derrota de la vía armada, un sector de los intelectuales orgánicos de la izquierda se suman al bloque histórico hegemonizado por la burguesía y el imperio (aún hoy, personeros relevantes de aquella intelectualidad orgánica de izquierda, asumen desde retóricas posiciones de “izquierda”, el punto de vista de la burguesía criolla y del imperio yanqui).

El papel coercitivo del Estado burgués (etapa de la represión betancurista y adeco-copeyana en general) deja paso a la dominación por vía del control ideológico, salvo aquellos casos puntuales donde se sigue aplicando la coerción estatal, ilegal y violadora de los elementales derechos humanos, contra reductos de la izquierda más comprometida. Se impone una relativa estabilidad política que va desde el año 1968 hasta el año 1989.

Para Gramsci, sólo existe bloque histórico cuando logra realizarse la hegemonía de una clase sobre el conjunto de la sociedad. Es la ideología de la clase dominante, “interiorizada” socialmente mediante los aparatos ideológicos constituidos por los medios de comunicación, el sistema educativo y de enseñanza, la Iglesia, la Fuerza Armada, etc., lo que permite a la clase dominante soldar en torno a sí, un bloque de fuerzas sociales diferentes, algunas de ellas, incluso, con intereses históricos contrapuestos. Eso sucede en Venezuela a partir de la década de los sesenta.



Un nuevo auge de las luchas populares

Pero la fortaleza del bloque histórico hegemonizado por la burguesía y el imperio lleva en su seno las contradicciones que la debilitarían, al extremo de perder el control directo del aparato gubernamental.

Factores exógenos influyen para una nueva disociación entre la estructura y la superestructura en Venezuela. La elevación desmesurada de los precios petroleros, producto de la crisis petrolera de los años setenta, disparada a raíz del conflicto árabe-israelí, en combinación con la acción de la OPEP y las contradicciones entre el imperialismo petrolero y el no petrolero, trajo como consecuencia -dada la incapacidad estructural de muchos países de asimilar tales ingresos- un colosal aumento en los depósitos de grandes sumas de dinero en la banca internacional. Los centros financieros capitalistas internacionales procedieron entonces a adelantar una agresiva política de préstamos hacia los países de la periferia imperial.

Producto de la dependencia política, económica e ideológica de la clase dominante local, Venezuela se endeuda enorme e improductivamente, constituyendo, a posteriori, el llamado servicio de la deuda un importante porcentaje del presupuesto nacional.

La ineficiencia e improductividad de la economía venezolana, salvo su sector petrolero (que no obstante la mayor porción de su plusvalía es generada internacionalmente) se eleva exponencialmente. Inmensos recursos inyectados a la economía terminan siendo apropiados por las clases dominantes. Se dispara la inflación, se devalúa la moneda y se profundiza la pobreza y la exclusión.

En el mundo se imponen las políticas neoliberales que exigen la minimización del rol del Estado en la regulación de las economías nacionales. Siendo el Estado venezolano el instrumento que distribuía la renta petrolera, la política neoliberal de privatizaciones (servicios y empresas básicas, incluyendo a PDVSA) fue percibida por la población venezolana no burguesa (clases medias, campesinos pobres, clase obrera y excluidos crónicos), como una amenaza a su ya precaria existencia, que no obstante, por la vía del goteo, se mantenía como parte del bloque histórico hegemonizado por la burguesía-imperio, ya más por razones de control ideológico. Se resquebraja entonces dicho bloque histórico.

La irrupción popular de febrero de 1989 detona la situación. Una nueva crisis orgánica está en puerta. Se agudizan las contradicciones internas en el seno de las clases dominantes aún cuando aquellas no se perciben abiertamente.

Las rebeliones militares de 1992 (4 de Febrero y 27 de Noviembre) se convierten en una referencia para la conformación de una nueva agrupación de intelectuales orgánicos. Ahora las contradicciones en el seno del bloque histórico son manifiestas y conducen a la destitución y enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez, Presidente por segunda vez desde 1989.

Para Gramsci, en la constitución del bloque histórico es fundamental la función de los intelectuales actuando a nivel superestructural para fraguar la unidad orgánica entre estructura y superestructura. Eso empieza a ocurrir en Venezuela desde 1992, donde un nuevo sujeto empieza a actuar.

No obstante una leve recuperación del estamento político y de la estrategia neoliberal privatizadora producto de la precaria victoria electoral y gobierno de Caldera, la crisis económica se traslada al plano financiero a través de la fuga masiva de capitales y la caída de los precios internacionales del petróleo. La unipolaridad a consecuencia del derrumbe del bloque soviético facilita al neoliberalismo imperial estadounidense y sus aliados someter temporalmente a la OPEP, con la complicidad de las burguesías criollas y sus intelectuales orgánicos.

En el plano político, el Pacto de Puntofijo pierde operatividad (crisis de los partidos políticos tradicionales) y las clases dominadas vuelven su atención a los nóveles líderes surgidos o puestos en la palestra en las jornadas de 1992. El discurso anti-neoliberal se difunde entre las masas excluidas. Para Gramsci, la hegemonía implica dirección y dominación. La crisis se manifiesta como crisis de hegemonía cuando dominación y dirección se encuentran disociadas. Esa era la situación en Venezuela para el bloque histórico oligárquico en la antesala de las elecciones de diciembre de 1998.

La coyuntura electoral de 1998 con el triunfo de Hugo Chávez y el ideal bolivariano, robinsoniano y zamorano como base doctrinaria, sella la crisis terminal de la hegemonía sobre la sociedad en su conjunto de las clases dominantes venezolanas aliadas al imperio y rompe el bloque histórico conformado por éstas.

Un nuevo bloque histórico revolucionario

A la par, comienza a conformarse un nuevo bloque histórico integrado por sectores medios, clase obrera, campesinos pobres y excluidos crónicos, agrupados en torno a una intelectualidad orgánica donde destaca la figura carismática de Hugo Chávez. Se abre un interesante periodo de crisis orgánica, al romperse la articulación entre estructura y superestructura.

Ante el desalojo del aparato gubernamental de los representantes de la burguesía (provenientes fundamentalmente del estamento político) y la ocupación de estos espacios por sectores políticos de la izquierda no tradicional, la burguesía intenta reagruparse.

La burguesía y el imperio saben que aún dominan la estructura económica nacional y varios segmentos de la superestructura. Se percatan que las fuerzas de izquierda sólo controlan parcialmente el aparato gubernamental. El nivel de organización de las clases dominadas es precario (MVR y otros partidos de la izquierda, Círculos Bolivarianos, Comando de la Revolución). El avance se había producido sobre la base de una institución burguesa como es el voto universal.

Audazmente, el liderazgo del llamado “proceso” había convocado y provocado una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que produjo a su vez una nueva constitución (1999) en un límpido y profundamente democrático-burgués proceso: referendo nacional para aprobar la convocatoria a ANC, elección directa y secreta de asambleístas y referendo nacional aprobatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Posteriormente, se procede a la legitimación, de nuevo por vía electoral, de los nuevos poderes. Se abre el camino jurídico hacia la conformación de una nueva superestructura.

Gramsci nos dice: “La supremacía de un grupo social (clase) se manifiesta de dos maneras: como ‘dominación’ y como ‘dirección intelectual y moral’. Un grupo social ejerce la dominación sobre grupos adversos, a los que tiende a liquidar o someter, incluso por la fuerza de las armas, y dirige a los grupos que le son próximos o aliados. Un grupo social puede, e incluso debe, ser dirigente antes de conquistar el poder gubernamental.

Y esta es una de las principales condiciones para la conquista del poder en sí mismo. Después, cuando ejerce el poder, incluso si lo detenta con firmeza, se convierte en grupo dominante, pero debe seguir siendo el grupo dirigente” (las negritas son nuestras).

La situación nos conduce al año 2001 cuando el gobierno bolivariano desarrolla y promulga las llamadas Leyes Habilitantes que tocan áreas sensibles de la economía como la industria petrolera, la propiedad de la tierra, el asunto de la pesca de arrastre, etc. El gobierno paraliza los procesos privatizadores e insinúa su intención de intervenir regulando el mercado.

La ofensiva gubernamental amenaza con tomar control de PDVSA, es decir, el nuevo bloque histórico en formación intenta consolidar una base económica cuya dirección esté fuera del círculo de las clases aliadas de la burguesía.

La burguesía y el imperio contraatacan

La burguesía convoca la contraofensiva. Mueve para ello las palancas que le quedan tanto en el nivel estructural como en el superestructural. A la paralización económica del empresariado privado agrupado en FEDECAMARAS se suma el estamento técnico-gerencial que controla PDVSA. Este último se convierte en el factor civil de vanguardia de la contraofensiva burguesa tras la cual se agregan importantes contingentes de las clases medias auto-segregadas que habitan en cuasi-exclusivas zonas residenciales que en las principales ciudades del país copian el estilo de vida de las sociedades desarrolladas del norte (de allí el mote de “pitiyanquis”). Este último fenómeno, que refuerza la discriminación étnica heredada de la colonia, tiene que ver con la política de inmigración de europeos desarrollada por Pérez Jiménez en la década del cincuenta, cuyos descendientes, en gran medida y con cualificadas excepciones, han adoptado la cosmovisión del capitalismo euro-céntrico dominante en el mundo.

Desde la superestructura conspiran: un sector militar de derecha, que afortunadamente para ellos controlan gran parte de los servicios de inteligencia militar; cuerpos policiales civiles como la Policía Metropolitana (controlado por un Alcalde desertor de las filas revolucionarias), la DISIP y el CICPC; la jerarquía eclesiástica; la burocracia universitaria; toda la gama de partidos políticos derivados de la atomización de los tradicionales partidos AD y COPEI los cuales aportan su masa clientelar; y por supuesto, los medios privados de comunicación, devenidos en aparatos propagandísticos, de agitación y de conducción táctica de la ofensiva burguesa.

El 11 de Abril de 2002 se produce el golpe de Estado planeado meses atrás en las esferas del poder burgués-imperial con asesoría directa y participación encubierta del gobierno estadounidense de George W. Bush.

Pero este golpe, además del paro patronal con que se inicia, contiene elementos muy peculiares o singulares. Por un lado, la movilización de una gran masa humana para darle “legitimidad” al evento. Las clases dominantes y otras clases subordinadas se movilizan en extremo para concurrir a una movilización nacional contra el centro del poder ejecutivo nacional, el Palacio de Miraflores. Por otro lado, una gigantesca operación mediática concentrada en todos sus recursos materiales, tecnológicos y humanos en provocar una disociación entre el liderazgo revolucionario y las clases y sectores sociales motrices del bloque histórico revolucionario, cuyo clímax fue la criminalización del gobierno revolucionario y del Comandante-Presidente Chávez al achacarle los asesinatos ejecutados por las fuerzas golpistas. Y en tercer lugar, el poder coercitivo de un sector militar de derecha, jugando un rol de reserva, de presión y/o de negociación.

Por casi dos días (12 y 13 de abril) el sector golpista precariamente logra desalojar a los revolucionarios del poder gubernamental. Sin embargo, el aparato mediático, sin preverlo, se convierte en herramienta en contra de los golpistas cuando trasmite masivamente un hecho político inédito en la historia venezolana: la asunción directa del poder político por voceros de la burguesía.

La más rancia burguesía que asume directamente el poder político (tradicionalmente la burguesía se valió de “representantes” pertenecientes a clases subordinadas para ejercer la dirección del aparato del Estado), deroga torpemente y de un plumazo, en ceremonia masivamente transmitida, la Constitución de 1999 y toda la superestructura institucional levantada sobre ella. Explotan las contradicciones dentro del sector golpista por el reparto de cuotas de poder.

Gramsci precisa que es necesario distinguir entre la hegemonía que se expresa a través de la primacía ideológica de una clase sobre la sociedad y que al agotarse intenta prolongarse normalmente por la hegemonía exclusivamente política de la dictadura. Pensamiento que se aplica perfectamente para entender los sucesos de abril de 2002.

Triunfo del nuevo bloque histórico revolucionario

La respuesta del bloque histórico revolucionario en formación no se hizo esperar. Las clases dominadas percibieron la asunción del poder de una clase social profundamente contraria a los intereses del pueblo que seguramente aplicaría los lineamientos neoliberales que ya venían siendo identificados por las masas populares como saqueadores de las riquezas nacionales, incluyendo la renta petrolera. Una combinación de fuerzas populares en la calle y de militares patriotas en sus guarniciones, descabezaron a los golpistas deteniendo a sus principales líderes civiles y militares, y restablecieron el hilo constitucional y al Presidente Chávez en su cargo (este último había sido apresado por los golpistas).

La burguesía no tuvo capacidad (sus intelectuales orgánicos) de ganar las conciencias de las masas populares (reconstituir el viejo bloque histórico) como base fundamental para desmontar progresivamente una superestructura jurídica de reciente implementación, aún no desarrollada plenamente. Por otro lado, ante la crisis orgánica, sobreestimaron su capacidad coercitiva para compensar la debilidad arriba mencionada, puesto que al lado de los sectores militares de derecha, se levantaba un sector militar comprometido con el nuevo bloque histórico revolucionario. Muchos de los intelectuales orgánicos del bloque histórico revolucionario, incluyendo el máximo líder, habían salido de allí y mantenían fuertes vínculos con sus camaradas activos. El proceso histórico de conformación de la fuerza armada venezolana merece un análisis aparte. Sólo señalaremos aquí que no es una fuerza armada con una oficialidad de castas, como es el caso de otras fuerzas armadas latinoamericanas.

A manera de conclusión

Entre las consecuencias directas de la derrota del golpe de abril de 2002 podemos señalar el avance del sector revolucionario en el control del por excelencia instrumento coercitivo del Estado: la fuerza armada. Fueron identificados, dados de bajo o separados del control de tropas, numerosos oficiales de afiliación ideológica derechista. Los cuerpos de inteligencia, que en manos de los golpistas jugaron un papel fundamental en impedir la develación y aborto de la conspiración, fueron inmediatamente depurados y reestructurados.

Otra consecuencia importante fue la proclamación del carácter antiimperialista del proceso, a la luz de la participación directa en el golpe del gobierno de Bush.

La derrota de la operación mediática de los propietarios privados de medios, debilitó en gran medida la credibilidad entre las masas populares de este importante aparato ideológico de la burguesía.

No obstante, el control de la estatal petrolera siguió pendiente. Otra batalla, contra el sabotaje petrolero (diciembre 2002-enero 2003), pondrá el control de PDVSA en manos del bloque histórico revolucionario. Posteriormente se derrotará en las calles a las “guarimbas” y en las urnas electorales a la propuesta revocatoria.

Fracasa la experiencia organizativa del Comando de la Revolución (alianza de cúpulas de partidos de izquierda), sobrepasada por la movilización popular liderada por nuevas instancias no suficientemente conocidas o comprendidas en ese momento.

No hubo necesidad de emplear a fondo las vías coercitivas del Estado para someter a la clase política otrora dominante, lo cual es expresión política de la sólida dirección de la nueva intelectualidad orgánica sobre el nuevo bloque histórico revolucionario que sí se movilizó intensamente.

El nuevo bloque histórico revolucionario continuó su proceso de consolidación, y si se quiere depurándose con la salida del derechista sector miquilenista (ya antes se había roto con un sector del MAS y con el simulador Alfredo Peña, también reformistas o de derechas). Se abren nuevas posibilidades para las transformaciones profundas en la estructura económica y en su superestructura, que llevarán en el corto-mediano plazo a declarar el carácter socialista de la revolución bolivariana.

Sigue aún la polémica sobre la pertinencia o no de que la dirección del nuevo bloque histórico revolucionario pasara a una ofensiva a fondo contra el poder burgués-imperial. Debemos recordar que en el plano ideológico, aquella jornada representó la victoria de las ideas anti-neoliberales sobre el llamado “capitalismo salvaje”. Aún se discutía en el seno de aquella intelectualidad orgánica una probable “tercera vía”. Todo esto ante la influencia del derrumbe de la URSS y de la urgente necesidad de la revolución bolivariana, y en general de la revolución nuestraamericana, de hallar caminos doctrinarios que sirvieran de guía al ya largo proceso de luchas por la liberación política, social y económica de nuestros países.

Evidentemente, no todos los factores de orden ideológico, político y organizacional (ni nacionales ni internacionales) estaban maduros como para emprender una ofensiva a fondo contra el poder burgués-imperial, so pena de perder el rol de dirección orgánica ganado tan precariamente por aquella intelectualidad revolucionaria salida de los cuarteles y potenciada por importantes cuadros del mundo civil. Por supuesto, quizás en aquella oportunidad nada de esto fue pensado en forma rigurosamente “científica” siendo más la intuición, el instinto de clase y, por qué no, el azar, lo que prevaleció en las decisiones tomadas.

Lo que sí está claro es que no fue tomado un camino favorable a la anarquía (como tampoco sucedió después en ocasión de la convocatoria del CNE a referendo revocatorio). Era menester reorganizar las fuerzas populares, neutralizar la oficialidad militar de derecha, depurar los cuerpos de inteligencia y profundizar en la aplicación de las nuevas leyes habilitantes favorecedoras de un impulso de las fuerzas productivas en términos no-capitalistas (estaba pendiente la declaración del carácter socialista del proceso). Se vislumbraba la necesidad de la unificación del movimiento revolucionario en un partido de cuadros abierto a las masas que le diera mayor consistencia orgánica al proceso. Pasaría un lustro para concretar el proyecto partidario que aún no concluye.

Las enseñanzas de los eventos de abril de 2002 siguen alumbrando el camino a la revolución bolivariana, hoy también socialista. La sangre derramada regó un camino por donde ha pasado todo un pueblo el cual sigue señalando derroteros para otros pueblos.

Pero no hay que bajar la guardia. El imperialismo y sus lacayos no descansan en su afán de sostener el sistema caduco y depredador que es el capitalismo.

PATRIA SOCIALISTA O MUERTE, VENCEREMOS

Trabajo presentado en el Diplomado Gobierno y Poder Ciudadano dictado en la Escuela Venezolana de Planificación, año 2009, y revisado en abril 2010

Correo-e: luis2000aponte@gmail.com