Beatriz Paredes Rangel, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió el lunes 28 de junio que en México hay riesgo de autoritarismo. Estaba enojada por el atentado que quitó la vida a Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador de Tamaulipas, así como a cuatro acompañantes suyos: Enrique Blackmore Smer, diputado local; Luis Gerardo Zubiate, Francisco David López y Rubén López Zúñiga, sus escoltas.
Los dirigentes priístas que ayudaron al panista y ex presidente mexicano, Vicente Fox Quesada, a realizar el fraude electoral del 2 de julio de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador y su proyecto progresista, ahora cuestionan al gobernante usurpador Felipe Calderón Hinojosa, porque la guerra “contra el crimen” se le salió de las manos. El PRI y el PAN aliados en la represión contra el pueblo, unidos en la imposición del proyecto neoliberal que ha costado tantas vidas desde 1988, han demostrado ser dos partidos enemigos de la democracia participativa. Son dos institutos que pisotean los derechos de los indígenas y desconocen las conquistas de los trabajadores mexicanos en la ciudad y el campo.
Dos partidos políticos, el PAN y el PRI han ejercido el autoritarismo contra el pueblo mexicano. La llegada de un presidente, representante de Acción Nacional, al poder Ejecutivo en el año 2000, ilusionó a un vasto sector de la población. Algunos pensaron que México tendría un gobierno transparente y que las nuevas autoridades serían un ejemplo contra la corrupción. No se esperaban grandes milagros, pero sí un poco de congruencia con sus mensajes y propuestas. Se anhelaba un cambio en las formas de conducir el gobierno y de comunicarse con los diferentes sectores del pueblo y la sociedad.
En junio y julio de 2010, en plena euforia del fútbol convertido en espectáculo y negocio de mafiosos, es lamentable la muerte de un candidato a gobernador y sus acompañantes. De igual forma es condenable la muerte del compañero Juan Rosales, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ocurrida el pasado 23 de junio. Juan Rosales fue ejecutado por un sistema autoritario, corrupto y mafioso. Los dirigentes, portavoces y defensores de ese régimen que llaman democrático, dicen estar luchando “contra el crimen organizado”.
El Partido Acción Nacional de Manuel Gómez Morín y Carlos Castillo Peraza no es el mismo PAN de Vicente Fox Quesada. De igual manera el Partido Revolucionario Institucional de Carlos Madrazo y Enrique Ramírez y Ramírez no es el mismo PRI de Carlos Salinas de Gortari. Las dos instituciones políticas tradicionales mexicanas fueron infiltradas y secuestradas por gentes sin escrúpulos. Se fueron olvidando del sentido y significado de la política. Triunfaron los politiqueros, los mediocres, los que dicen que “el que no transa no avanza”, los que llegan a ser presidentes municipales, gobernadores, congresistas o jefes de la Nación, para servirse del país y robar a sus compatriotas en nombre de la modernidad.
México no está en riesgo de llegar al autoritarismo por la muerte de un aspirante a gobernar el estado de Tamaulipas. Los mexicanos padecen el autoritarismo, implementado por panistas, priístas, banqueros, oligarcas, empresarios deshonestos, delincuentes de cuello blanco. Dejar sin empleo a miles de compatriotas, en aras de la “modernidad capitalista” es un crimen, porque para las mayorías, perder un empleo es equivalente a peder la forma de vivir con dignidad, es perder la oportunidad de educar a sus hijos y es renunciar a los servicios de salud.
El sistema capitalista en su fase neoliberal y en las naciones dependientes del mismo, como México, se disfraza de institucional y democrático, pero sus instituciones están en manos de gente deshonesta y egoísta. Hablan de celebrar el Bicentenario de la Independencia y de los cien años de la Revolución, mientras persiguen a los mineros y a cualquier gremio de trabajadores que esté organizado para defender sus derechos. El Bicentenario independentista y el centenario de la Revolución, son convertidos en negocio para Televisa, Televisión Azteca y su llamada Iniciativa México.
En 1995, bajo un régimen priísta, el de Ernesto Zedillo Ponce de León, se produjo la Masacre de Aguas Blancas. Un grupo de campesinos guerrerenses viajaba cerca del municipio Coyuca de Benítez. Entre ellos, algunos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Querían viajar hasta Atoyac para participar en una manifestación y exigir a las autoridades estatales y federales que cumplieran su compromiso de entregar dinero para apoyar obras de infraestructura y servicios a las comunidades indígenas del estado de Guerrero.
Rubén Figueroa, gobernador de filiación priísta, ordenó a sus tropas que reprimieran a los manifestantes. El 28 de junio de 1995, en horas de la mañana, 45 campesinos que iban a bordo de una Chevrolet fueron obligados a descender. Tropas del ejército los rodearon. A 20 metros del lugar habían obligado a otro chofer, que conducía un camión Torton, a detenerse. En ese vehículo también iban campesinos e indígenas. Luego empezó el tiroteo, donde murieron decenas de campesinos. El gobierno priísta y “democrático” de Guerrero informó que habían muerto “19 agresores”.
Quince años después de la Masacre de Aguasblancas, ejecutada por gobiernos priístas, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, habla de riesgos de autoritarismo. ¿Apenas se dio cuenta?, ¿Pretende olvidar o sugiere que los mexicanos olviden su historia reciente? El cinismo de priístas, panistas y prianistas aumenta todos los días. Los hombres y mujeres que en México estén decididos por un verdadero cambio económico, político y social deberán alistarse y luchar por el socialismo del siglo XXI.
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