Este sábado 7 de agosto asume el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Considerado el delfín del saliente mandatario Álvaro Uribe, ha tomado cierta distancia sobre algunas posiciones políticas y de relaciones exteriores de la administración que culmina. Santos recibe una situación complicada, ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y por ahora un parlamento que controla, aunque en él están fuerzas de extrema derecha, vinculadas al paramilitarismo y que representan una nueva oligarquía, de las fortunas adquiridas con el narcotráfico y la adquisición por fuerza de la tierra.
Los analistas y los medios de comunicación colombianos han insistido en destacar el cambio de política exterior que se avecina, manteniendo estrechos vínculos con Estados Unidos, el nuevo gobierno buscaría mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales con sus vecinos. Sin embargo este análisis carece de un elemento central: la actitud de Estados Unidos y su papel en este período.
Hace más de 100 años el líder independentista y poeta cubano, José Martí, explicó en una conferencia económica internacional en Nueva York, que el país que compra, manda. Y por contrapartida, aquel que sólo le vende a un país, depende de su comprador.
Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia, y no sólo de sus exportaciones legales, sino, y muy especialmente, de la droga. Miles de millones de dólares de comercio ilegal unen a los dos países que, a juzgar por sus acciones, han dado por perdida la guerra contra el narcotráfico y se han aliado a los cárteles más poderosos que ocupan o controlan el aparato del Estado colombiano.
Carlos Marx adelantó la teoría, en su obra "El 18 brumario de Luis Bonaparte", que la burguesía, en ciertas condiciones, cede el poder a las fuerzas armadas para que reestablezcan el orden o eliminen las amenazas al sistema, pero después ella siempre vuelve a tomar el control. Colombia parece repetir, sintéticamente, ese esquema. Uribe, prácticamente fundador de los grupos paramilitares, logró crear la sensación de aumento de la seguridad, recuperó para el Estado el control de algunos territorios, y alejó el fantasma de la posibilidad de un triunfo de la guerrilla de izquierda en un futuro cercano, aunque esto no fue un mérito propio sino ayudado por las condiciones internacionales. Ahora la vieja burguesía colombiana quiere recuperar el control directo del Estado, pero en esta ocasión debe contar con una nueva burguesía enriquecida con el narcotráfico y el robo de tierras con los desplazamientos forzosos y los asesinatos.
El nuevo presidente recibe como herencia un país que se ha acostumbrado a que reine la impunidad en los crímenes cometidos por los funcionarios del Estado y por los grupos que fuera de él, cometieron delitos de lesa humanidad con el argumento de que defendían la institucionalidad y la "democracia". Hasta los medios de prensa de la burguesía colombiana tuvieron que admitir, al hacer un balance de los 8 años de gobierno de Uribe, que la impunidad para los crímenes de Estado, de sus aliados, y para los actos de corrupción, se ha instalado.
La revista Semana repasó sintéticamente algunos de estos eventos, recordando la profundidad de la corrupción en el país, aunque olvidó mencionar que según la fiscalía, se pierden unos 4.000 millones de dólares al año en pago de comisiones, sobornos, obras contratadas inconclusas, nunca hechas o defectuosas. Sin embargo subrayó que " Si bien Colombia nunca ha logrado 'reducir la corrupción a sus justas proporciones', como promulgaba el ex presidente Julio César Turbay, por décadas existía un código no escrito según el cual los altos funcionarios que resultaran salpicados por escándalos de marca mayor renunciaban". Esa práctica cayó en desuso en el gobierno de Uribe, y sólo en un par de casos extremos, los implicados debieron renunciar para enfrentar a la justicia.
Entre las excepciones, la revista Semana recuerda: "Solo unos pocos dieron un paso al costado: Fernando Londoño, por sus explosivas declaraciones contra la justicia (y no por las denuncias sobre sus irregularidades en Invercolsa), y María Consuelo Araújo, cuando su papá y su hermano fueron encarcelados por la parapolítica". Entre los protagonistas de escándalos que siguieron en sus puestos y algunos hasta hoy son apoyados por Uribe, se recuerda el caso del director del DAS, Jorge Noguera, obligado a renunciar por las revelaciones de que filtraba información sobre sindicalistas a los paramilitares. Tras su renuncia, Uribe lo premió con el caso de cónsul en la ciudad italiana de Milán. Tiempo después volvió al país, pensando quizás que la impunidad abarcaba todo, para declarar ante la Fiscalía y la Procuraduría. Hoy está detenido acusado por el asesinato de sindicalistas y otras personas en colaboración con los grupos paramilitares.
El entonces jefe de computación del DAS, Rafael García, fue detenido por su responsabilidad en las intervenciones a los teléfonos de políticos, jueces, periodistas y ministros de la Corte de Justicia, y en sus declaraciones al juez reconoció que el DAS conspiró con paramilitares para infiltrar combatientes en Venezuela y atentar contra la vida del presidente Hugo Chávez. En estos días, el ex director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, aseguró que el espionaje a políticos, jueces, defensores de los derechos humanos, y la confección de dossiers y filtración de información falsa para desprestigiar opositores, realizadas por ese organismo, estuvo siempre en conocimiento de la Presidencia, y hasta fue una actividad ordenada por Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia y hombre de confianza de Uribe. Moreno está implicado además en el caso denominado "Yidisgate", cuando con el cambio de voto a último momento de la diputada Yidis Medina, se aprobó la primera reeleción de Uribe.
Además de Moreno, en la compra del voto -admitido por Yidis Medina que fue procesada por ese caso- está involucrado el ex ministro y actual embajador de Colombia en Roma, Sabas Pretelt, que fue llamado a juicio, y su ex colega del gabinete, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, que estaría siendo convocado en breve por el juez actuante.
Pero, las actividades ilegales del DAS arracan desde muchos años antes, incluso antes del gobierno de Uribe, pero en estos últimos 8 años han servido especialmente al presidente en sus objetivos de política interior y exterior.
La revista Semana recuerda que "tampoco asumió su responsabilidad política el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, por el escándalo de AgroIngreso Seguro, en el que se reveló que varios de los beneficiarios del programa eran reinas de belleza y políticos que habían apoyado la reelección, y que se habían fraccionado proyectos con el fin de no superar los topes legales que existían para los subsidios".
En la lista no debe faltar el actual ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, a pesar de las graves acusaciones de la Fiscalía contra su hermano Guillermo por una supuesta relación con narcotraficantes.
Además, los hijos del presidente enfrentan una investigación judicial cuando se conoció que podrían haber usado sus conocimientos de los planes de construcción del gobierno para comprar propiedades desvaloradas y revenderlas cuando el Estado estudiaba construir en esa zona, con los obtuvieron ganancias de varios miles de dólares.
Uribe sigue contando con respaldo popular, según las encuestas, pese a que no ha logrado abatir la desocupación ni bajar significativamente la pobreza, como había anunciado en sus dos campañas electorales. El desempleo, que el pronóstico del gobierno estimaba iba a estar en 8,6 por ciento en este año, se ubica en el 12 por ciento. "En el país no se ha creado un solo empleo formal desde 2006», dijo el decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria en una nota publicada por la revista Semana.
Otra de las propuestas de Uribe, en el 2004, era reducir la pobreza del 45 por ciento de la población al 33 por ciento, pero el mismo gobierno reconoce hoy que no ha logrado bajar un solo punto. La indigencia que se preveía iba a descender al 12 por ciento, se ubica en el 17 por ciento.
Reino del paramilitar
En el pasado mes de julio se cumplieron cinco años de la puesta en marcha de la llamada "ley de justicia y paz" que desmanteló los grupos paramilitares que se integraban en las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El balance está demostrando que muchos de esos grupos han resurgido con otros nombres y que no se han cumplido con los objetivos de conocer la verdad de los crímenes, procesar a sus responsables, y reparar a las víctimas.
Álvaro Uribe, desde su cargo de gobernador de Antioquia facilitó la creación de los grupos de seguridad privados que se transformaron en las AUC. En su capital, Medellín, el narcotraficante Pablo Escobar, fundador del Cartel de Medellín, estableció su imperio, y según documentos desclasificados de EE.UU. Uribe mantuvo ciertos lazos con el entonces poderoso jefe mafioso. El primo del presidente saliente, el ex senador Manuel Uribe, está procesado por su vinculación con los paramilitares.
En un reciente balance de los cinco años de la Ley de justicia y paz, presentado por VerdadAbierta.com, se sostiene que " el Proceso de Justicia y Paz, fue la manera como el gobierno Uribe quiso atar todos los cabos sueltos que dejó su negociación de sometimiento a la justicia con los jefes paramilitares. Y por supuesto, a falta de claridad política en esa negociación, al proceso judicial le ha tocado cargar muchos lastres. Quizás el peor, que como no todos los postulados eran paramilitares, ni todos los criminales de lesa humanidad fueron postulados, el conflicto sigue y pone en riesgo a víctimas y a investigadores". El documento sostiene que "el paramilitarismo fue gemelo del narcotráfico, casi desde el comienzo, fue hermano de las ambiciones de buena parte de la clase política tradicional y de la guerra sucia emprendida por algunos militares y policías y fue primo de empresarios que vieron la oportunidad de hacerse a un capital fácilmente, sobre la miseria de los campesinos".
En el informe se destaca que hasta ahora los poco más de 3000 paramilitares que se han acogido a la ley y prestan declaraciones libres ante la justicia (la pena máxima a la que pueden ser condenados por todos sus crímenes es de 8 años) han confesado 1.309 masacres, 42.785 homicidios, mientras el número de desaparecidos supera los 40.000. En base a los testimonios, la justicia ha exhumado 2.719 fosas comunes y ha encontrado 3.299 cadáveres. También en base a testimonios se ha conocido que los grupos paramilitares utilizaron desde el descuartizamiento hasta la cremación de sus víctimas en un estilo copiado de los hornos nazis.
Pese a la monstruosidad de lo revelado en algunas de las audiencias, existe el temor de que gran parte de la verdad seguirá enterrada, especial tras la polémica decisión del presidente Uribe de extraditar a los jefes paramilitares a Estados Unidos cuando comenzaban a denunciar sus vínculos con los políticos. Tras la extradición, los jefes paramilitares se niegan a seguir colaborando en el esclarecimiento de los hechos. El informe de Verdad Abierta.com sostiene que las versiones libres de los paramilitares "han perdido espontaneidad, y se ha desarrollado un tráfico subterráneo de presiones y dinero para que los desmovilizados señalen a unos (a veces inocentes) y omitan mencionar a otros (casi siempre culpables)".
Otro de los aspectos en que la ley ha fracasado, es en la reparación a las víctimas. El Estado no contribuye -dice que no dispone de recursos- y en los pocos casos en que se ha iniciado un proceso en ese sentido, se ha manipulado el objetivo y tierras y dinero han terminado en manos de parientes de los políticos encargados de la distribución de los recursos.
Además, los campesinos dueños de las 5 millones de hectáreas de tierra que perdieron en el conflicto no las han podido recuperar, salvo en pocos casos. Según el informe, "el testaferrato nubló el proceso, y las amenazas y asesinatos a líderes campesinos como Rogelio Martínez en Sucre o Ana Isabel Gómez Pérez en Córdoba, que se han animado a reclamar lo que es suyo, lo ha puesto en la sin salida. Y no hay política de gobierno que enfrente este problema de manera integral".
Hasta ahora en los casi 300 casos en que se han imputado delitos, sólo se ha registrado una sentencia completa. Las víctimas tienen el temor de que el proceso se extienda y se cumplan los 8 años de pena máxima sin condenas y sin reparación, y con el agravante de un paramilitarismo renovado. Habrá que ver que hace el nuevo presidente en este sentido y si alienta la continuidad de las investigaciones sobre los vínculos de los políticos con los paramilitares -frenado en el último año por presiones del presidente Uribe- e implementa acciones para la reparación de las víctimas.
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