Hace un año en Siria se iniciaba una serie de protestas que, con el pasar de los meses, derivarían en un fuerte conflicto interno que todavía no se ha resuelto.

Estas protestas fueron el inicio de una nueva fase del proceso de desestabilización contra el gobierno de Bashar Al Assad, iniciado por Estados Unidos y sus aliados desde que se desintegró el campo socialista y la URSS a inicios de la década de los 90 pero que encontró, en el entonces gobierno de Hafez Al Assad y la sociedad siria, un fuerte obstáculo.

Ese obstáculo continuó siendo la administración de Bashar, hijo de Hafez, desde que asumió el poder en 2000. A partir de ese año Siria fue blanco de bombardeos por parte de Israel, como el ocurrido en 2001, contra Libano y que destruyó un sistema de radares sirios.

Luego de la invasión en 2003 a Irak por parte de Estados Unidos, la Casa Blanca recrudeció las presiones contra el gobierno de Al Assad, con acusaciones sin comprobar de que Damasco lleva adelante la construcción de armas de destrucción masiva. En ese entonces, Ari Fischer, vocero del gobierno de George W. Bush, acusó a Siria de ser "un Estado terrorista, (que) alberga terroristas y por ello está en la lista de naciones terroristas del Departamento de Estado".

Frente a esto, la entonces canciller siria, Buthaina Shaaban, expresó que su país "no tiene armas químicas y que las únicas armas químicas, biológicas y nucleares que hay en la región son de Israel, que está amenazando a sus vecinos y ocupando sus territorios".

Sin esgrimir alguna respuesta diplomática, Israel bombardeó el 5 de octubre de 2003 un campamento de refugiados en Ein Es Saheb, a unos 24 kilómetros al noroeste de Damasco, bajo el argumento que el lugar era una base de la Jihad Islámica. La invasión de Estados Unidos y sus aliados contra Irak, ocasionó a Siria innumerables problemas sociales y económicos, debido a la elevada migración iraquí y disposición solidaria siria, la afectación de las tradicionales arterias comerciales entre ambos países y los elevados gastos en defensa militar ante una posible incursión estadounidense, entre otros.

Pese a esta situación, el gobierno de Al Assad impulsó desde esa época una apertura hacia el exterior, principalmente hacia su entorno cercano. Luego, entre sus viajes, visitó varios países de América Latina y continuó destinando más recursos para impulsar la economía por la vía pública y privada.

En esta nueva fase, iniciada desde el 15 de marzo de 2011, sectores descontentos, alentados desde otros países por algunas cadenas árabes de TV y radio, salieron a las calles reclamando reformas sociales y políticas, en medio de una coyuntura internacional que tenía a Medio Oriente y el norte de África como los epicentros más fuertes, con revueltas en Egipto, Libia, Yemen, Bahrein y Arabia Saudita.

Desde esos días, y en el contexto de la caída de Hosni Mubarak en Egipto, investigadores rusos denunciaron proyectos impulsados por Estados Unidos, con grandes sumas de capital destinadas a organizaciones juveniles y empresarios pequeños de las naciones árabes. De esta forma, formalizaban contactos y los atraían a las manifestaciones contra los gobiernos adversarios a Washigton, entre ellos el Ejecutivo sirio.

A pocos días de iniciadas las protestas en Siria, miles de personas se manifestaron en varias ciudades para respaldar al presidente Al Assad, movilizaciones que se mantienen hasta el día de hoy. Luego de duros enfrentamientos en ciudades como Deraa, el mandatario llamó a un gran diálogo nacional para resolver los problemas y denunció una conspiración contra el país. Esta propuesta fue acogida por varios sectores opositores, pero grupos armados comenzaron a operar en diferentes localidades.

Desde ese momento, el gobierno sirio volvió a ser el blanco directo de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), como también de las monarquías del Golfo Pérsico.

El 21 de abril, Al Assad derogó la polémica Ley de Emergencia, vigente en Siria desde 1963, y que era uno de los reclamos que se le hacían al Ejecutivo. El diálogo nacional se desarrolló en la nación árabe mientras, en paralelo, el hostigamiento continuaba contra el país, principalmente desde Washington y sus aliados.

Al mismo tiempo, el gobierno de Al Assad denunció que en Siria operaban grupos armados financiados desde el extranjero, revelación que hace días atrás fue confirmada por el canciller ruso Sergei Lavrov. El ministro aseveró que el Ejército sirio "no lucha contra hombres desarmados sino contra unidades de combate como el denominado Ejercito de Liberación Sirio y grupos extremistas, incluido Al-Qaeda, el cual ha cometido diversos actos terroristas".

Moscú y Beijing son las potencias que, hasta el momento, han llamado de forma reiterada a que el conflicto sirio se resuelva vía el diálogo pacífico y han rechazado la injerencia extranjera. Estas posturas quedaron demostradas con sus vetos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a las propuestas respaldadas por Estados Unidos y la Liga Árabe (LA) que abrían la posibilidad de una intervención militar en Siria.

La realización del referendo con el que se aprobó la nueva Constitución con un apoyo del 83% de los votos, la creación de nuevos partidos políticos, la descentralización de la economía y la puesta en marcha de una nueva ley de comunicación, son algunas medidas que fueron las respuestas a los reclamos.

El Consejo Nacional Sirio (CNS), desde el exilio, y el Ejercito Libre Sirio (ELS), han sido las puntas de lanza para la injerencia extranjera en la nación árabe. Apoyados abiertamente por Qatar, Turquía y Arabia Saudita, estas agrupaciones buscan, en consonancia con las declaraciones emitidas por la Casa Blanca, el derrocamiento de Al Assad.

Tanto el ELS como otros grupos armados son responsables de asesinatos masivos, sabotajes en oleoductos y atentados, como los producidos en diciembre de 2011 en Damasco, y en febrero de este año en la localidad de Alepo, donde casi cien personas perdieron la vida.

A esto se suma la permanente incautación por parte de las fuerzas de seguridad sirias de armamento que intenta ser ingresado de forma ilegal desde Líbano e Irak, y que tiene como destino a las bandas criminales, como las califica el gobierno de Al Assad.

En los últimos días, el gobierno sirio convocó a nuevas elecciones para el próximo 7 de mayo, donde se elegirán a los diputados para el Consejo del Pueblo. A su vez, el enviado de la ONU a la nación árabe, Kofi Annan, ha remarcado que la salida al conflicto se debe hacer por la vía pacífica, algo respaldado por el Ejecutivo.

Pero nada está definido en Siria. Estados Unidos y sus aliados han dejado en claro que su política es intervenir en el país, aunque también reconocen que el método utilizado en Libia tiene la oposición de fuertes potencias nucleares.


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