Traducción desde el inglés por Sergio R. Anacona
Strategic Culture Foundation
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La primera conferencia anual de la Sociedad de Gobierno Abierto, AGA agrupación internacional instalada en la ciudad de Nueva York por Estados Unidos, Canadá, Noruega, Brasil, México, Indonesia, Filipinas y Sudáfrica en el mes de septiembre del 2010, se inaugurará en Brasil el 17 de los corrientes. Durante los últimos seis meses, la asociación se ha ampliado para incluir alrededor de 40 nuevos miembros y el ambicioso programa actual es que al evento asistan alrededor de 400 enviados –funcionarios gubernamentales de alto nivel y delegados de las comunidades empresariales—de 53 países. En la conferencia los postulantes a la sociedad expondrán programas nacionales los cuales deberán coincidir con los objetivos estampados en la declaración de principios de la sociedad, es decir, aumentar la disponibilidad informática relacionada con las actividades del gobierno, participación civil en la implementación de las más elevadas normas de integridad profesional a través de los gobiernos nacionales y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la franqueza y la responsabilidad (1).
Nominalmente, la Sociedad de Gobierno Abierto nació como una iniciativa brasileño-norteamericana pero la verdad, no muy escondida, es que fue inventada en Washington y es insistentemente promovida en todo el mundo por Estados Unidos. La impaciencia con que países como Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Ucrania corrieron a enrolarse –y la presión ejercida sobre Rusia para que ingresara—sugieren serios cuestionamientos.
¿Será necesario ser miembro de la Sociedad de Gobierno Abierto para permitir que los ciudadanos de un país conozcan cómo se emplea el dinero de los contribuyentes y será cierto que Kiev, Moscú o Baku sean incapaces de “implementar las más elevadas normas de integridad profesional a través de los gobiernos nacionales” a menos que Washington los asista?
Sin duda alguna que en todas las épocas la corrupción y el cabildeo desbocado solían ser los efectos colaterales de la democracia y resulta completamente natural que el advenimiento de Internet hizo que los pueblos exigieran a los gobiernos rendición de cuentas en línea y maximizar las cantidades de información pertinente expuestas en la red.
Es más, deberá haber una explicación de por qué recientemente el problema fue puesto a la cabeza de la lista de prioridades de Washington. Por lo menos unas pocas razones asoman a la superficie.
Habrá que tomar en cuenta que el presidente Obama ganó la carrera hacia la Casa Blanca como un vociferante crítico del gobierno anterior, el cual era ampliamente percibido en el país como responsable de una escandalosa incompetencia, corrupción e injustas campañas militares desatadas para obtener el control de recursos naturales a través del mundo y para enriquecer al complejo militar industrial norteamericano.
Reaccionando ante las expectativas de su electorado, en su primer día de gobierno Obama firmó un memorándum para los jefes de departamentos e instituciones del Ejecutivo (2) haciendo hincapié que el nuevo gobierno “estaba comprometido a crear un nivel sin precedentes de apertura gubernamental” y que trabajaría unido para asegurar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia, participación pública y colaboración.” En un par de meses Obama creó el puesto de Jefe de Tecnología con la misión de “emplear la tecnología aplicada para contribuir en la creación de puestos de trabajo, reducir los costos de atención médica y ayudar a mantener la seguridad de la nación” (3). Este último aspecto merece una atención especial. Aneesh Chopra, el gurú tecnólogo hasta marzo de este año, realizó una labor aceptable equipando los sitios web de las instituciones de gobierno con eficientes motores de búsqueda y de este modo facilitó la interacción entre el ciudadano y el gobierno, pero las señales de aprecio de parte del público por este esfuerzo están completamente ausentes. Por el momento, problemas derivados de la falta de nuevos puestos de trabajo y atención médica asequible tienden a eclipsar el tema de la apertura gubernamental en la mente de la mayoría de los norteamericanos. Habitualmente, el gobierno norteamericano compensa la lentitud al procesar los trámites internos, haciendo que las cosas se vean como si todo el mundo admirara las políticas nacionales de Estados Unidos y desearan imitarlas. En parte, esto podría ser el motivo por el cual Obama lanzó la iniciativa de Gobierno Abierto en su alocución del año 2010 ante la Asamblea General de la ONU lanzándolo como una sociedad internacional en gran escala con la ayuda de un equipo de apoderados apresuradamente elegidos. No obstante, el problema del mundo es que en eso de “mantener la seguridad de la nación” el gobierno norteamericano sencillamente para poner en práctica una idea potencialmente razonable trabaja para socavar a otros países. Es bien sabido que desarrollar influencia sobre el gobierno de otras naciones es un elemento fundamental en la estrategia norteamericana de potencia indulgente.
Cualquiera que se tome la molestia de leer la documentación adjunta a la declaración de la Sociedad de Gobierno Abierto, experimenta la impresión que todo el proyecto es en muchos aspectos parecido a una fracción de útil de software (soporte lógico) infectada por un virus diseñado para piratear el computador en el cual es instalado. Los países que ingresen a la AGA y suscriban lo que podría ser percibido como compromisos totalmente razonables, combatir la corrupción y empoderar a la sociedad civil frente a la burocracia, inconscientemente terminarán siendo controlados o fuertemente influenciados por entidades reconocidas como instrumentos de la “potencia indulgente” norteamericana. Estas organizaciones en múltiples oportunidades han sido vistas detrás de transiciones tales como revoluciones de colores o Primaveras Árabes, que inevitablemente desatan derramamientos de sangre y fortalecen el control norteamericano sobre los recursos naturales de los países afectados.
De ningún modo se trata de una coincidencia que Samantha Power y Alec Ross sean los principales ideólogos de la Sociedad Gobierno Abierto. La primera persona es Asistente Especial del Presidente Obama y también dirige la Oficina de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y es Directora Jefa de Asuntos Multilaterales en el Consejo Nacional de Seguridad. En Estados Unidos, el ardiente apoyo de la Sra. Power a las intervenciones humanitarias, supuestamente para detener supuestos genocidios, en la antigua Yugoslavia, Kosovo e Irak, le ganó el apodo de “el halcón humanitario.” En el caso de Libia,Jugó un papel similar, lo que hizo que expertos norteamericanos atribuyeran a su influencia la eventual decisión de Obama de emplear la fuerza contra el país saqueado por las corporaciones occidentales y apoyar a los musulmanes que actualmente disfrutan de un triunfo total sobre su colapsada condición de estado (3).
Durante una entrevista el año 2002 la Sra. Power vaticinó que el siglo XXI será una época de estados fallidos y de países que sufrirán malos gobiernos, admitiendo, no obstante, que ella prefiere a políticos tipo James Bond actuando como constructores de naciones (4). Esto explica totalmente el interés de Estados Unidos en los constructores de naciones ya que Washington empuja a países casi hasta el límite para luego despachar personajes tipo James Bond para manejar los resultantes conflictos armados.
En contraste con la Sra. Power, Alec Ross, Consejero Jefe para la Innovación de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, es otro franco apologista de las intervenciones humanitarias y de las revoluciones de colores conducidas por los medios de comunicación social en África del Norte y el Medio Oriente, donde ganó elogios internacionales hace muy poco. En el mes de octubre del 2011 habló en Kiev durante una reunión con representantes de la sociedad civil, que fue organizada por el embajador norteamericano, expresando su profunda satisfacción que los gobiernos que no fueron capaces de darse cuenta quién había diseñado la Primavera Árabe estaban indefensos ante Twitter y Facebook.
Tomando en cuenta que Power y Ross son funcionarios del gobierno norteamericano no tiene sentido culparlos por adelantar en todo sentido los intereses de Washington que tradicionalmente considera las ofensivas como el mejor enfoque para “preservar la seguridad de la nación.” En todo caso, sería más lógico examinar con cuidado el papel que les ha asignado la Casa Blanca a las organizaciones no gubernamentales, ongs dentro de la AGA. Se podría extraer profundas conclusiones del hecho que Julie McCarthy fue nombrada por los fundadores de la sociedad como Directora de su Unidad de Apoyo. En los inicios de su carrera, McCarthy trabajó en el marco de la seguridad nacional de Estados Unidos como investigadora asociada en el Instituto de la Defensa y Estudios Estratégicos en Singapur. A la larga, la política norteamericana en la región Asia-Pacífico, junto con aquella en el Medio Oriente se desarrolló para convertirse en parte permanente de sus ocupaciones. Posteriormente, McCarthy dirigió el Programa de Fiscalización de Ingresos de la AGA monitoreando el cumplimiento por parte de Irak con las condiciones del Programa Petróleo por Alimentos hasta que los recursos naturales del país fueron capturados por Estados Unidos. Luego McCarthy devino en Directora del Instituto para la Fiscalización de la Renta de propiedad de G. Soros, organización con el declarado propósito de promover “una administración efectiva, transparente y responsable del petróleo, gas y recursos minerales para beneficio público (5). Tal como se aprecia en el sitio web del Revenue Watch Institute, los países que cuentan con vastos recursos minerales son también donde “la pobreza, la corrupción y los conflictos armados a menudo convergen.” El instituto de Soros está listo para promover en ellos “una administración efectiva, transparente y responsable” deja si en la duda qué países serían los que se beneficiarían de esta asistencia (6). Luego Julie McCarthy se desempeñó como asesora de la misión norteamericana en la ONU y como Asesora Jefa de la Iniciativa para la Transparencia y la Rendición de Cuentas la cual combina fondos provenientes del Departamento Norteamericano para el Desarrollo Internacional con aquellos del mismo Soros.
La lista de las organizaciones de sociedad civil involucradas en cualquier iniciativa norteamericana, debe ser estudiada con rayos X ya que trasciende de vez en cuando que el conglomerado de proyectos, programas e instituciones se funde en un solo peso pesado “humanitario” –la omnipresente Fundación Soros. Como es de esperar, lo anterior se aplica absolutamente a la Sociedad Gobierno Abierto. Si en vez de recorrer solo su sitio en la red (http://www.opengovpartnership.org/governance-staff-donors) uno hace un esfuerzo adicional para desentrañar la jerarquía de las afiliaciones que vinculan a las instituciones y ongs que participan, la calidad central de G. Soros en el cuadro es imposible de pasar por alto. El patrón también es fácil de discernir a partir de la lista de 35 representantes de asociaciones civiles a quienes el comité del foro brasileño sugiere como candidatos para la Unidad de Apoyo de la sociedad (7) pareciera que toda esta gente está de diferentes maneras vinculada a programas de Soros. Posiblemente los países participantes en el último momento tomen consciencia del problema.
Como de costumbre, el demonio radica en los detalles. La declaración emitida originalmente por los fundadores de la sociedad, decía que cada gobierno decidiría de manera independiente qué habría que hacer y cómo ya que la “meta es promover la innovación y estimular el progreso y no definir normas para ser empleadas como precondiciones para la cooperación, asistencia o calificar países.” Sin embargo en los Criterios Mínimos de Elegibilidad de seguimiento de la sociedad figura un pasaje que dice: “con el objeto de participar en la sociedad, los gobiernos deberán demostrar la voluntad de franquearse en cuatro áreas fundamentales, medidas por indicadores objetivos y convalidadas por expertos independientes” (8) y además, a todos los gobiernos nacionales, sobre la base de “indicadores objetivos” se les asignará un puntaje según las medidas adoptadas.
Las áreas fundamentales son la transparencia del sistema de recolección de impuestos, la disponibilidad informática, la declaración de bienes e ingresos de altos funcionarios y personeros elegidos y la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas. Nada de la lista suena objetable, y de hecho, eso es lo que mayoría de las sociedades desde hace mucho están buscando, pero el derecho de arbitraje ejercido por “expertos independientes” armados con sus propios indicadores levanta sospechas.
La principal piedra de tranca no es que los países tuvieran que ventilar internacionalmente cuestiones como información presupuestaria, programas de adquisiciones, etc. o que filtraciones de información potencialmente sensible hagan que funcionarios de gobiernos sean vulnerables al chantaje, cosa con la cual sueñan todos los agentes de todos los servicios de inteligencia del mundo. La documentación de la sociedad, a propósito, incluye cláusulas para la protección de las identidades de aquellos que entreguen información que los pueblos en los países de la Comunidad de Estados Independientes, CEI donde la credibilidad de las instituciones nacionales encargadas de aplicar la ley es baja, seguro que lo harían. Lo peor de todo, es que los gobiernos de los países-miembros arriesgan convertirse en dependientes de los “representantes de la sociedad civil” delegados por gente de Soros a la junta de la sociedad que de este modo estarán autorizados para supervisar sus respectivos países. Los antecedentes de la Freedom House (Casa de la Libertad), Amnistía Internacional, la Organización para la Seguridad de los Países Europeos, etc. no permiten hacerse ilusiones sobre las agendas de los “expertos independientes” ni de los “indicadores objetivos” en los cuales ellos confían.
En consecuencia, los gobiernos que opten por la Sociedad Gobierno Abierto automáticamente acuerdan aceptar el pirateo del control de sus países y los arreglos mediante los cuales tendrían que competir por el puntaje que es determinado por árbitros forasteros. Huelgan los comentarios, en que el puntaje como regla general, se dispensará en línea con las preferencias de Washington.
1.- http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration
2.- http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment
3.- http://en.wikipedia.org/wiki/Samantha_Power
http://keywiki.org/index.php/Samantha_Power
4.- http://wn.com/Conversations_with_History__Samantha_Power
5.- http://www.revenuewatch.org/
6.- Ibid.
7.- http://www.opengovpartnership.org/new/ogp-funding-decisions-civil-society-groups-attend-ogp-annual-meeting-2012
8.- http://www.opengovpartnership.org/eligibility
Nota.- Sus comentarios y opiniones acerca de este artículo serán bienvenidos en
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