Si ya hubiéramos desmantelado las reglas del Derecho Burgués, e
implantado suficientemente el Estado Popular, entonces el caso político
(destitución) contra Fernando Lugo (Presidente de Paraguay procesado por
el Congreso de ese país) sería hoy totalmente inimaginable.
En efecto, se derrumba la vieja teoría conservadora y academicista,
respecto a que los Golpes de Estado solo pueden ser cometidos por las
Fuerzas Armadas, pues lo cierto es que el delito no depende propiamente
del sujeto que lo ejecuta (civil o militar) sino del bien jurídico que
resulta vulnerado, en este caso: la soberanía popular violada por
quienes desalojan del poder al ciudadano que fue legítimamente electo
para gobernar.
Entonces, golpista es todo aquel que tenga la fuerza suficiente, o la
situación favorable, que le permita derrocar a un mandatario, ya que
irrespeta la decisión de la mayoría popular que, en el marco de la
democracia y la constitución, se ha manifestado a través del voto para
elegir a su representante.
De todos los poderes fácticos (los que al margen del Derecho formal,
imponen su dominación) es la burguesía (clase social empresarial) quien
históricamente más ha transgredido la democracia en el mundo, pues
dependiendo de las circunstancias favorables o adversas para actuar (ya
sea por vía pacífica o violenta), ella tiende siempre a burlar la
mayoría popular e imponer a sus agentes en la jefatura del Estado y los
poderes públicos de la nación.
Cuando la burguesía no tiene militares que la acompañen para dar un
Golpe de Estado contra el gobierno popular democráticamente electo,
entonces los aviones, las tropas y los buques son sustituidos por medios
de comunicación para desprestigiar a los gobiernos que no se arrodillan
ante el poder del capital. Es así que desde el frente de la propaganda
mediática se han orquestado actos para derribar gobiernos, tal como
ocurrió contra Hugo Chávez en 2002.
No menos común es que la burguesía se valga de sus sirvientes dentro de
la propia estructura del Poder Público, para ensayar cualquier acción
golpista en el marco de la legalidad burguesa que esta misma clase
social ha diseñado. De lo anterior se explica que tribunales y cortes
supremas de justicia produzcan decisiones aberrantes contra los
principios universales del Derecho, el elemental sentido común, y sobre
todo, contra la soberanía popular que ha escogido a las autoridades
públicas.
Por ello, cientos de gobernantes han sido destituidos de sus cargos de
elección popular mediante jucios manipulados y sentencias absurdas que
obedecen a un grosero trasfondo político y repartos económicos. Igual
sucede con los parlamentos, asambleas y congresos, todos ellos órganos
del Poder Legislativo, donde los senadores, diputados, legisladores y
asambleístas, emiten decisiones que van en contra de la mayoría
universal de los ciudadanos del Estado, ya que antes que responder a los
intereses del pueblo, lo hacen ante la burguesía que los financia y
promueve para asaltar los cargos públicos. De allí que en repetidas
ocasiones, los parlamentos hayan impulsado la destitución de Presidentes
a través de procedimientos totalmente grotescos pero con supuesta
apariencia legal y constitucional.
Todo revela que el poder económico penetra y manipula constantemente la
democracia tradicional, y por ello urge una transformación profunda del
modelo de Estado, sobremanera en América Latina (y el tercer mundo),
donde frecuentemente el poder capitalista (asociado al imperialismo
gringo y otras potencias) atropella la voluntad de los pueblos y
manipula a las instituciones para que generen decisiones a favor del
interés grupal empresarial y transnacional.
En tal sentido, viviendo en la época de las revoluciones pacíficas, las
futuras reformas constitucionales para consolidar el Estado Democrático y
Social, de Derecho y de Justicia; suponen que la misma voluntad popular
que elige a los gobernantes, sea la única facultada para separarlos del
poder.
De forma que la facultad de los Congresos y Cortes de Justicia para
destituir Presidentes, debe ser sustituida por consultas populares y referéndum revocatorio, a fin de que sea el pueblo soberano (y no los
grupos políticos patrocinados por la burguesía) el que ponga y quite a
los mandatarios de la nación.
(*)Abogado. Constitucionalista. Profesor de estudios políticos e internacionales.