El Observatorio SELVAS logra el compromiso de la Relatora CIDH con relación a los casos de violación de los derechos humanos de la infancia y adolescencia trabajadora en Chiapas.
Rosa María Ortiz, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de la Niñez, señaló que la presencia de familias enteras -incluso de dos generaciones- en situación de calle en México da cuenta del fracaso de las políticas sociales y de que esta población encuentra ahí las respuestas que las políticas no le han brindado.
En el marco del 146° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se llevó a cabo el pasado 2 de noviembre la Audiencia sobre la "Violencia, discriminación y limpieza social en contra de poblaciones callejeras en México" en la cual representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informaron a este organismo internacional sobre las diversas formas de discriminación, violencia y "limpieza social "contra esta población.
"Usualmente no se sabe qué hacer con ellos y se les culpa por estar en la calle, lo que hace que los responsables de los servicios de salud y educación se desentiendan, como si fuera un sector que no amerita ser tratado", comentó la funcionaria Rosa Maria Ortiz.
En la Audiencia intervinieron el Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia; el Director Ejecutivo de la REDIM, Juan Martín Pérez; y los representantes de Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras, Luis Enrique Hernández y Alicia Vargas. Así como el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en representación del Estado Mexicano, Embajador Juan Manuel Gómez Robledo. Cabe destacar que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, no atendió el llamado de este organismo internacional para informar sobre los señalamientos de violaciones a derechos de las poblaciones callejeras.
Se informó a la CIDH que el fenómeno social conocido como "niños de la calle" ha evolucionado ante la omisión del Estado Mexicano para convertirse en poblaciones callejeras. Alicia Vargas, de la Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras, resaltó que desde los años 70 años sobreviven en las calle niñas, niños, jóvenes, ancianos, mujeres y familias a quienes se han violado un conjunto de derechos, viviendo un estado de exclusión social y quienes son invisibles ante las instituciones.
En su intervención el Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, aseguró que la problemática que padecen las poblaciones callejeras en el Distrito Federal creció debido a que las autoridades no han sabido atenderla o encontrado alguna solución. "Las políticas empleadas buscan resolver caso por caso y las manifestaciones visibles del problema, pero no atienden las causas estructurales. Se caracterizan por ser reactivas y asistenciales", enfatizó.
Explicó que en los tres últimos años ha documentado un total de 65 quejas por violaciones a los derechos humanos de las poblaciones en situación de calle. La CDHDF, subrayó, ha emitido 6 Recomendaciones por hechos relacionados con abuso policial, discriminación, maltrato, faltas al deber de cuidado y trata de personas con fines laborales; los cuales han representado en cada caso violación a los derechos a la vida, a la integridad, a no ser discriminado, a la igualdad ante la ley, al debido proceso y derecho a la salud. El Ombudsman capitalino destacó que las autoridades responsables de dichas Recomendaciones son la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESODF), Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Salud, la Jefatura de Gobierno y las Delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.
En tanto, Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de REDIM, lamentó que no asistieran las autoridades del Distrito Federal quienes habían sido convocadas a la audiencia en Washington. Informó a la Comisión de violaciones a los derechos humanos de estas poblaciones en nueve ciudades del país, donde se ha documentado, sin embargo destacó que pudiera estar sucediendo en más ciudades. Agregó que se han representado agresiones, hostigamientos y amenazas hacia las y los defensores de derechos humanos y que pese a las denuncias ante las autoridades no se realizan las investigaciones. Resaltó la violación al derecho a vivir en familia, donde niñas y niños son separados de sus madres callejeras sin recibir oportunidades para vivir juntos, llevándolos a instituciones donde son abandonados.
Pérez García invitó a la CIDH a realizar una visita a México para conocer la condición real en que viven las poblaciones callejeras y desarrollar un informe sobre el tema. Así mismo, exhortó al Estado Mexicano a que se realicen investigaciones sobre los casos de violación a derechos presentados en esta audiencia, a fin de localizar a las y los responsables, ya sean funcionarios o personal civil. Conminó a la delegación mexicana a construir una mesa de alto nivel, paritaria, que incluya a las organizaciones peticionarias, a la CDHDF y a funcionarios de las Secretarias de Estado, que permita atender los retrasos con esta población.
La Comisionada Rosa María Ortiz, relatora para la Niñez de la CIDH, resaltó el fracaso de las políticas sociales al señalar que esta población encuentra en las calles la respuesta que las políticas no les han brindado en otro lugar, particularmente en el caso de la situación de la infancia que vive en las poblaciones callejeras. Consideró como un fracaso del Estado el que no lograra prevenir que familias vivan en la miseria privándolos de condiciones de vida digna e impidiéndoles su desarrollo integral, negando a niñas y niños un proyecto de vida que debería ser cuidado y fomentado por los poderes públicos.
En su oportunidad Luis Enrique Hernández, de la Alianza Mexicana Población Callejera, brindó información sobre el programa federal "Limpiemos México" que forma parte de la estrategia nacional de seguridad que tiene como finalidad "limpiar las calles de la delincuencia" a través de acciones de los tres órdenes de Gobierno. Se tiene la idea de recuperar espacios públicos lo cual ha profundizado las expresiones de violencia, discriminación y limpieza social en diversas zonas del país al asociarlos en muchas ocasiones con el crimen organizado. Se han documentado casos de limpieza social en Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, San Luis Potosí, Distrito Federal, Puebla, Acapulco, Xalapa y Chiapas.
Chiapas: un caso grave de violación de los derechos humanos de la infancia trabajadora
Por lo menos dos mil 481 niños y niñas y adolescentes trabajan o acompañan a sus familias en su trabajo en San Cristóbal de Las Casas, según el censo más reciente, afirmaron agrupaciones que laboran en la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia.
En un comunicado difundido el día 7 de noviembre dijeron que a pesar de ello "no existen políticas públicas a nivel municipal dirigidas a proteger los derechos humanos" de este sector, cada vez más numeroso en esta ciudad. "Desde hace más de cinco años, los Ayuntamientos en turno han implementado diversas acciones de limpieza social tales como prohibir la venta ambulante de artesanía; la reubicación de comerciantes de productos populares y de primera necesidad a la periferia de la ciudad; la creación de una policía turística que 'invita' a los vendedores ambulantes a retirarse para no molestar a los visitantes", afirmaron. Asimismo, "la prohibición de actividades organizadas en plazas y espacios públicos sin permiso del municipio; el programa 'Observador Ciudadano' implementado en febrero 2011 y el ya señalado operativo interinstitucional en el marco de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura, en octubre del año pasado". Manifestaron que "lejos de abrir cauces de entendimiento entre toda la ciudadanía, lo anterior genera un clima de discriminación social y criminalización de la pobreza de quienes trabajan en las calles y conllevan a la exclusión, marginación y violación de sus derechos humanos".
Estas acciones, que "también han sido implementadas en otros estados de la República como Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Guerrero y Veracruz, han sido denunciadas en repetidas ocasiones por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras, y recientemente presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la Audiencia sobre Violencia, discriminación y limpieza social en contra de poblaciones callejeras en México", expresaron.
Las agrupaciones, entre ellas Melel Xojobal A.C., Save The Children, Chantik Taj Tajinkutik A.C., Centro Educativo Sueniños A.C., SYJAC y La Casa de las Flores A.C., manifestaron su preocupación por "diversas acciones de limpieza social registradas recientemente en esta ciudad".
Aseguraron que del primero de octubre a la fecha "hemos registrado diversas acciones de limpieza social que han afectado a centenares de niñas y niños trabajadores y sus familias". Agregaron que desde la fecha mencionada, "más de 300 familias que tendían sus puestos de artesanías en la Plaza Catedral en horario nocturno, de 20:30 a 1 horas, fueron notificadas de que el permiso para hacerlo había sido revocado y ahora sólo podrían hacerlo en horario de 12 de la noche a 4 de la mañana, lo cual resulta absurdo como horario de venta e implica situaciones de mayor riesgo para la infancia y mujeres que trabajan en los espacios públicos".
Señalaron que el pasado 31 de octubre, en el marco de la visita del presidente Felipe Calderón y el gobernador Juan Sabines Guerrero para inaugurar el Museo de los Altos de Chiapas en el ex Convento de Santo Domingo, "las autoridades estatales y municipales, nuevamente -como en octubre del año pasado en el marco de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura- 'negociaron' con los líderes de los más de mil 800 comerciantes 'ambulantes' que trabajan en los espacios de Santo Domingo y la Plaza de Caridad para que se retiraran durante ese día y los dos días previos al evento". Afirmaron que "de acuerdo con testimonios de niñas y niños trabajadores ambulantes y sus familias, desde el 1 de octubre autoridades del Ayuntamiento y policías municipales los amenazan y hostigan constantemente 'invitándolos' a retirase del primer cuadro de la ciudad y advirtiéndoles que en caso de no hacerlo les quitarán su mercancía o se los llevarán detenidos".
Las agrupaciones mencionadas expresaron su preocupación por que "se incremente el hostigamiento y las agresiones a la población que trabaja en las calles de la ciudad, especialmente hacia niñas, niños y adolescentes; que ante la ausencia de políticas públicas municipales dirigidas a la infancia, en particular a la infancia indígena, las propuestas de atención para las niñas, niños y adolescentes que trabajan en los espacios públicos sean acciones inmediatistas sin consideración de sus derechos humanos". Además, "que tenga mayor prioridad el cuidado de la imagen turística del centro de la ciudad que la atención a la condiciones de exclusión social en que vive un amplio sector de la población indígena del municipio, quienes son los que mayoritariamente se dedican a la venta informal en las calles de la ciudad"(1).
Importante compromiso de la Relatora CIDH
El Observatorio SELVAS logra el compromiso de la Relatora CIDH con relación a los casos de violación de los derechos humanos de la infancia trabajadora en Chiapas.
Rosa María Ortiz, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de la Niñez, ha declarado en exclusiva para el Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS: "Apreciado Cristiano Morsolin, gracias por este documento. Voy a debatir en la Relatoría de Niñez y Adolescencia para ver si podemos encaminar algo sobre esta situación".
Rosa María Ortiz, fue anteriormente Vicepresidente del Comité de Naciones Unidas por los derechos del niño de Ginebra y se ha destacado por su importante compromiso en favor de la infancia y adolescencia y por su importante dialogo con las organizaciones sociales.
Jennifer Haza Gutiérrez, Directora General Melel Xojobal A.C. ha evidenciado al Observatorio SELVAS que "como lo relatamos en el comunicado que sacamos junto con varias organizaciones, la limpieza social en San Cristóbal ha sido sistemática desde hace más de 5 años, a veces con más intensidad, a veces con menos. A la audiencia con la CIDH asistieron colegas de la REDIM y de la Alianza Mexicana de poblaciones callejeras, ambas redes a las que pertenecemos, y ahí se denunció lo que está pasando por acá y en otras ciudades del país".
Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo, Red por los Derechos de la Infancia en México, ha declarado: "Te comento que la Audiencia ante la CIDH fue muy exitosa, logramos el reconocimiento del Estado Mexicano de un tema poco atendido, la invitación oficial para que la CIDH visite el país de forma inmediata y el compromiso de colocar este tema como prioridad en la agenda pública. Se mencionó la situación de San Cristobal de las Casas y otras ocho ciudades. Puedes mirar nuestra intervención en un video" (2).
Miguel Concha desde La Jornada analiza que "La organización El Caracol hizo notar en 2003 que aquello que conocíamos como "niños de la calle" se transformó en un fenómeno social masivo, ante la omisión del Estado para prevenir y atender a quienes sobreviven en las calles. Definieron entonces a las "poblaciones callejeras" como una demografía emergente, resultado de la exclusión social y de la violación continuada de derechos. Hoy en día coexisten en el mismo espacio niños, niñas, jóvenes, familias, adultos y ancianos que en conjunto conforman a este grupo de población.
Frente al abandono del Estado, las poblaciones callejeras comparten la misma red social de sobrevivencia, y han gestado una subcultura que les permite la transmisión de saberes que facilitan su subsistencia en un medio tan hostil, como lo es la calle. El Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, incluyendo al Distrito Federal, violenta por igual muchos de sus derechos. Pero la sociedad mexicana asimismo no las ha reconocido aún como sujetos de derechos en igualdad de condiciones, considerándolas más bien como "objetos de asistencia" o, peor aún, como un "problema para el comercio y el turismo", que daña la imagen de las ciudades". El analista de la Jornada evidencia que "considerando la gravedad de la situación, la CIDH realizará próximamente una visita oficial a México para conocer la situación de violación de derechos humanos de las poblaciones callejeras, y para desarrollar un informe sobre el tema. Es una buena noticia, considerando que México y sus funcionarios parecen cuidar más la imagen internacional que el cumplimiento de las leyes y las políticas públicas" (3).
Estudio sobre niños trabajadores de San Cristóbal
En total se contaron 2 mil 481 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1,486 son trabajadores y 995 acompañan a su familia o hermanos mientras estos trabajan en diferentes zonas de la ciudad
En una investigación realizada sobre niños trabajadores de San Cristóbal de Las Casas dirigido por la organización Melel Xojobal, muestran y comparten los resultados del Conteo realizado los días 20 y 21 de enero del 2010 en las zonas Centro, Norte y Sur de la ciudad, informó Jennifer Haza Gutiérrez, coordinadora de la organización.
Mencionó que en este conteo no se considera a las niñas y niños que realizan trabajos domésticos como aseo y cuidado de niños fuera del entorno familiar, tampoco a los niños y adolescentes que descargan camiones en la madrugada en centros de abasto, por lo que el número total de trabajadoras y trabajadores en la ciudad es obviamente más alto.
Los resultados generales que arrojó la investigación son los siguientes; en total se contaron 2 mil 481 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1,486 son trabajadores y 995 acompañan a su familia o hermanos mientras estos trabajan en diferentes zonas de la ciudad. Del total de la población contada el 5 por ciento de infantes son hombres y el 43 por ciento mujeres. El 6 por ciento restante corresponde a bebés que generalmente las madres traen cargando en la espalda por lo que no se puede determinar su sexo y la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes trabajadores se concentra en la Zona Norte de la ciudad, le siguen las zonas Centro y Sur. En cuanto a procedencia étnica el 86% de las niñas, niños y adolescentes son indígenas, mientras que 14% son mestizos. En todas las zonas existe una mayor presencia de niñas y niños indígenas.
La mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes trabajadores se ubica entre los 10 y 17 años de edad, mientras que los acompañantes se encuentran en el rango de 1 a 6 años. En rango de 7 a 9 años se encuentra una proporción equilibrada entre acompañantes y trabajadores, ya que es la edad en que comúnmente las niñas y niños comienzan a realizar actividades laborales y pasan de acompañantes a trabajadores. Jennifer Haza Gutiérrez, coordinadora de la organización, puntualizó que en las últimas tres décadas la población infantil que se dedica a alguna actividad laboral y se ha incrementado en prácticamente todas las ciudades de América Latina "como consecuencia del adelgazamiento del gasto social de los Estados latinoamericanos, lo que obliga a que más integrantes de las familias contribuyan económicamente para satisfacer las necesidades básicas".
Esto ha generado complejos escenarios sociales para que las niñas y niños, que por diversas causas y motivaciones dedican parte de su tiempo a trabajar, puedan ejercer sus derechos sociales, civiles, económicos, culturales y de participación establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, concluyó la Directora Jennifer (4).
Observaciones CIDH al Estado Mexicano
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas son casos aislados y no constituyen "un procedimiento sistemático", señaló el pasado 2 de noviembre una delegación del gobierno mexicano durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"El Gobierno Federal está consciente de las preocupaciones sobre las presuntas violaciones de derechos humanos, sin embargo es necesario reconocer que dichos casos son de naturaleza aislada y de ninguna manera constituyen un procedimiento sistemático", precisó el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Máximo Alberto Diener Sala.
El funcionario dio a conocer que las denuncias han derivado en 19 recomendaciones, lo cual significa que en el 1.77 por ciento del total de las quejas recibidas en la actual administración se han acreditado violaciones a los derechos humanos. Dijo que las siete mil 320 quejas contra elementos del Ejército han derivado sólo en 109 recomendaciones, "lo cual significa que sólo el 1.5 por ciento de las quejas recibidas se han acreditado violaciones a los derechos humanos". Las expresiones del funcionario de la Secretaría de Gobernación fueron en respuesta a las observaciones de la CIDH, que expresó este viernes reservas sobre el impacto que está teniendo el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México como parte de la lucha contra el crimen organizado.
La Comisionada Rosa María Ortiz dijo que el número de denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos contra miembros de las fuerzas de seguridad proyectan una situación distinta a la ofrecida aquí por representantes del gobierno. "El número de denuncias señaladas por los peticionarios se contradice en el orden de seguridad y paz de los ciudadanos y más bien indica que la presencia de los militares ha debilitado la institucionalidad a cargo de la seguridad pública", señaló.
Ortiz, relatora para la niñez y adolescencia de la CIDH, hizo alusión a los números presentados aquí por el obispo Raúl Vera López de la Diócesis de Saltillo durante una audiencia celebrada en el marco de su 146 periodo de audiencias de la comisión. El prelado fustigó la presencia de militares en tareas de seguridad pública, apoyándose en datos difundidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a principios de 2011.
El organismo reveló entonces haber recibido cerca de mil 500 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de civiles contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 500 más contra miembros de la Marina y mil contra la Policía Federal.
En opinión de Vera López, la "militarización se ha extendido en toda la República", a lo cual Diener Sala fue enfático en rechazar la caracterización de que la situación que vive en el país haya sido consecuencia del despliegue de las fuerzas armadas en estas tareas. "La premisa de que la oleada de violencia surgió como consecuencia de la acción del gobierno para enfrentar a los delincuentes es equivocada", apuntó. De igual forma, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, salió al paso para objetar la caracterización de Vera López, citada por la comisionada de la CIDH (5).
Conclusiones
Voy a concluir este artículo con las palabras de González Casanova que dio una conferencia magistral en la reciente XXIV Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO.
"En las guerras formales e informales las políticas de desinformación y desconocimiento se complementan con medidas de debilitamiento por eliminación y destrucción física y moral de competidores y opositores, o por cooptación, corrupción y colusión de los mismos", afirmó. Añadió que la ciencia más avanzada, de acuerdo con los gerentes de la globalización, es la de la toma de decisiones para la maximización de utilidades y la disminución de riesgos, tanto en el campo económico como en el político-militar. Combinada con la vieja política de pan y palo, o con la psicología para la domesticación de animales humanos, o la dominación de los pueblos con bananas y garrotes, más que rigor científico indica cuán fuerte se siente el mundo de las corporaciones y de los complejos militares-empresariales para imponer su política de dominación y acumulación con gobiernos enteros a su servicio. Para González Casanova, con la integración de estos complejos empresariales, militares, políticos y mediáticos, el capital corporativo perfeccionó políticas de cooptación y represión. Las nuevas políticas permitieron al capital corporativo quitar las principales facultades soberanas a los estados, hasta disponer de un nuevo tipo de estados privatizados, cuyos jefes de gobierno hacen de la competitividad, la eficacia y la gobernanza su principal tarea. Buscan y se enorgullecen de atraer capitales, con exenciones de impuestos, subsidios, desregulación de los trabajadores o de lavado de dinero, que maneja la compraventa de armas y narcóticos y contribuye a la creciente recolonización de países enteros con la creciente cooperación del crimen organizado. Sin embargo, a pesar del panoramo, el investigador finalizó su intervención recordando que la fuerza de América Latina hace pensar que otra realidad es posible (6).
En esta óptica el Observatorio SELVAS espera que la próxima visita de la Relatora CIDH, Rosa María Ortiz, pueda analizar el impacto del narcotráfico y de las mafias mexicanas en los niños/as y adolescentes (7).
NOTAS
- www.melelxojobal.org.mx
- http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2012/11/110212_RDario_04T.wmv
- http://www.jornada.unam.mx/2012/11/10/opinion/020a1pol
- http://www.sintesis.mx/chiapas/index.php?option=com_content&task=view&id=1042&Itemid=54
- http://www.sdpnoticias.com/nacional/2012/11/02/violaciones-de-fuerzas-armadas-a-derechos-humanos-de-ciudadanos-son-casos-aislados-mexico
- http://www.animalpolitico.com/2012/11/pablo-gonzalez-casanova-el-intelectual-mas-importante-de-al-emir-sader-director-de-la-clacso/#ixzz2CP40Nze4
- http://www.aporrea.org/internacionales/a126912.html
Cristiano Morsolin, investigador italiano y operador de redes. Trabaja en Latinoamérica desde 2001. Autor de varios libros y co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS.