Constituye noticia bien reciente la información difundida por varias agencias sobre las declaraciones del presidente Barack Obama realizadas en el día de hoy en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Se retomaba el tema del cierre del centro de detención en la ilegal base que en contra de la voluntad del pueblo cubano ocupa el gobierno norteamericano en la oriental bahía de Guantánamo. Es uno de los grandes pendientes de su campaña presidencial.
Una nueva promesa. En esta ocasión se comprometió a reanudar sus esfuerzos para lograr la luz verde del Congreso para el cierre del penal, considerándolo "caro", "ineficaz" y una herramienta para reclutar extremistas. "Sigo creyendo que tenemos que cerrar Guantánamo". Afirmó también que no desea la muerte de ninguno de los presos actualmente en huelga de hambre y cuya cifra no está todavía clara pero que pudiera superar el centenar.
Obama, prometió cerrar Guantánamo tras su elección en noviembre de 2008. Hoy de nuevo afirma que resulta "crítico" entender que ese centro de reclusión "no es necesario" para garantizar la seguridad de Estados Unidos, que daña su imagen internacional y reduce la cooperación con los aliados en su peculiar lucha contra el terrorismo.
Lamentó la falta de cooperación del Legislativo en este frente: "El Congreso determinó que no nos dejarán cerrarlo”, evadiendo su responsabilidad ante el hecho, y anunció que reanudará el diálogo para hacerle entender que mantener Guantánamo abierto es perjudicial para los intereses de Estados Unidos y "no es sostenible". Llegó a reconocer incluso que mantener indefinidamente a individuos a los que no se ha juzgado es contrario a los intereses de la nación.
Refiriéndose a los reclusos en huelga de hambre, algunos de los cuales están siendo alimentados con nutrientes líquidos para frenar una mayor pérdida de peso, expresó: "Evidentemente no quiero que muera ninguno de esos individuos", y añadió que el Pentágono "está tratando de gestionar la situación lo mejor que puede".
Sin embargo, los pasos dados por el presidente en los últimos tiempos han ido en sentido contrario. Recientemente, cerró la oficina encargada de negociar la repatriación de algunos presos y hace solo unos días el nuevo secretario de Defensa anunció un plan para renovar las instalaciones de la base, con una inversión estimada en casi 200 millones de dólares.
En 2012, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, recordó que la administración estadounidense comete una clara violación de la ley internacional con esa prisión y denunció que tras aquella promesa incumplida las cosas no han mejorado, que han empeorado incluso tras la aprobación de la ley de Autorización de la Defensa Nacional, mediante la cual se "regulariza de manera efectiva las detenciones militares sin cargos ni juicio". La comisionada exigía también en ese momento una investigación completa y sistemática de las numerosas denuncias de torturas en ese enclave, recogidas incluso en manuales militares filtrados por Wikileaks.
Pareciera inexplicable, con esa claridad de argumentos del presidente, mantener abierta la ilegal prisión en contra de lo que un sano juicio recomendaría, pasando incluso por alto los deseos y aspiraciones más legítimas del pueblo cubano, que durante más de un siglo ha reclamado la restitución de su soberanía sobre un territorio ocupado desde posiciones de fuerza. Pero en los rejuegos políticos del Norte, la lógica no parece tener sentido: la lógica de la realidad indica que las nuevas promesas pudieran no pasar de eso.
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