Los centros estadunidenses de espionaje cibernético en Centroamérica son pieza del tablero complejo de la seguridad hemisférica. En el triángulo del norte -Guatemala, Honduras y El Salvador- se instalaron desde hace al menos una década bases de operaciones militares y policiales con diferentes fines.

En una publicación reciente en el diario británico The Guardian, el contratista Edward Snowden reveló que existen 150 sitios y 700 servidores en el mundo donde se han instalado centros de monitoreo continuo y sistemático de la National Security Agency (NSA). Todos los países centroamericanos, excepto Nicaragua, cuentan con uno. Es típico en aquellos de renta baja y que en el pasado reciente sufrieron la intervención militar y contrainsurgente de los Estados Unidos, potencia que considera a esta región como su área natural de influencia.

En Guatemala, los servicios de la Agencia Antidrogas norteamericana (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) operan con mecanismos de monitoreo –en teoría- contra el narcotráfico, pese a que ese país se encuentra envuelto en una espiral de violencia, control de territorios por el ejército y el crimen organizado, y la acción encubierta de la agencia antinarcóticos.

En El Salvador, desde el 2005 se instaló la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), que se dedica a la formación de policías del mundo en tareas de reacción inmediata, control de población y aplicación de la Ley, para “profesionalizar” a los órganos de seguridad de cinco regionales del planeta.

Defensores de los derechos humanos en El Salvador, como el Centro para la Promoción “Madeleine Lagadec”, afirman que se trata de una nueva Escuela de las Américas, que prepara “gorilas” y represores bajo la fachada de policía civil y operativa la prevención. Se registran varias acciones sociales con el fin de cerrar la Academia.

Mientras en el mundo los ejércitos formales y clásicos se desarticulan y mutan hacia el cumplimiento de tareas distintas a la defensa nacional, las policías cada vez más ocupan tareas militares. Se trata de la militarización de la seguridad pública en la mayoría de los países del mundo, además del componente de contrataciones privadas de la seguridad en tareas militares y policiales.

En El Salvador operó años atrás, con la protección de los gobiernos del derechista partido político Arena, una agencia de la temible Black Water, corporación militar privada estadunidense que fue objeto de investigaciones en su país por sus acciones en el reclutamiento de mercenarios que operaron después de las intervenciones en Irak y Afganistán. Además, la base militar de Comalapa sigue en funcionamiento. Ahí aterrizan aviones y helicópteros provenientes de los Estados Unidos, en una zona considerada estratégica frente al Océano Pacífico, dedicada al control de aguas territoriales de la plataforma continental.

En Honduras se encuentra la base aérea militar estadunidense más grande del continente fuera de sus fronteras. Lleva el nombre de “José Enrique Soto Cano” y allí opera la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, en la zona de Palmerola. Este puerto logístico sirvió de base para la operación de golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.

Los Estados Unidos financian una moderna autopista que unirá la capital Tegucigalpa con los límites de Palmerola, con el fin de integrar la zona considera “Canal Seco” -que unirá el puerto salvadoreño de Acajutla con Puerto Cortés de Honduras en el Mar Caribe.

Todos estos elementos configuran un proyecto de integración-subordinación regional centroamericana a la órbita estadunidense, que permite la operatividad militar y comercial. Se trata de hacer de la región una base de operaciones a través de los dos océanos intercontinentales, el Pacífico y el Atlántico.

La finalidad de la integración-subordinación es el control de los océanos y aguas territoriales. Cada vez es más visible que se pueden desencadenar en el mediano plazo guerras locales y continentales por las rutas comerciales marítimas, sobre todo en el Pacífico, zona de mayor actividad que ha desplazado la hegemonía atlántica que duró más de 500 años.

Estados Unidos mantiene el objetivo de consolidar su hegemonía vía el arco del pacífico, manteniendo a Canadá y México atados a su órbita imperial. La senadora estadunidense Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia de esa cámara, denominó a Estados Unidos, Canadá y México como “La Patria”, y presentó un mapa donde une a los tres países. La intención es ya marcar posesión de territorios, cultura y población.

Centroamérica, entonces, será en proyección su base de operaciones que también está en disputa: recientemente, China y Brasil lanzaron proyectos para apoyar un canal interoceánico en Nicaragua; Costa Rica mantiene relaciones activas con China, y Panamá se encuentra en disputa por el futuro del canal.

Las revelaciones que indican el espionaje cibernético tienen su base en la geopolítica militar estadunidense. El estado de las relaciones intercontinentales e internacionales apunta a un mayor control de informaciones.

Las revelaciones de Snowden indican que el espacio virtual es un espacio de acciones militares imperiales. Centroamérica y sus espacios cibernéticos, además de sus territorios, se encuentran bajo monitoreo permanente.