Bogotá, la Capital de Colombia, no logra erradicar la corrupción y despojo de los presupuestos y bienes públicos protagonizada por funcionarios delincuenciales y antisociales.
Se suponía que el gobierno del señor Gustavo Petro, elegido por un pretencioso movimiento progresistas, avanzaría en la limpieza de las instituciones distritales para depurarlas de las roscas y prácticas corruptas.
Pero todo ha sido un fiasco. Con la caída de la prolongada agitación derivada de los procesos disciplinarios, los intentos de revocatoria y la presión sobre la infraestructura judicial mediante el filibusterismo de tinterillos, se ha visibilizado una descomunal red de saqueo a los presupuestos públicos bogotanos y un marcado deterioro de las instituciones públicas, bajo la mirada indolente y pusilánime, sino cómplice, del señor Petro.
Varios son los casos que ocupan el debate público en la ciudad. Que son materia de amplia preocupación democrática en la sociedad civil.
Parientes cercanos del Burgomaestre, vinculados con su esposa Alcocer, han estado involucrados en la renovación absurda de unos contratos del sistema de transporte masivo conocido como Transmilenio, que favorecen dos pulpos operadores de los buses con 1 mil millones de dólares en los siguientes 36 meses. Esa prolongación contractual omitió las leyes licitatorias correspondientes, en un vulgar favoritismo que pone al desnudo la demagogia petrista que había prometido cancelar esos contratos con los operadores del transporte, 12 en total, por ser bastante lesivos para los usuarios del sistema. Todo eso quedo en el mundo de la mentira y el engaño sofístico del flamante líder de la Bogotá dizque humana (http://bit.ly/1la0TOA ).
Todos los arreglos de esa maniobra, según lo confeso Merlano, el Gerente del Acueducto, se hicieron en la hacienda ganadera del señor Gutierrez, el cuñado de Alcocer. Mismo que ha sido beneficiario de comisiones cercanas a los 25 millones de dólares que benefician al saliente gerente de Transmilenio, el señor Sanclemente, cercano a los combos uribistas
El mismo Gutierrez, que actúa como intermediario de las contrataciones en el ámbito del transporte, donde se mueven gigantescas partidas presupuestales, es señalado por sus negocios con las mafias que recientemente se alzaron con miles de millones de pesos destinados a la construcción de las troncales de Transmilenio. Hizo prestamos por 15 millones de dolares al clan de los Nule, hoy en prisión, y se beneficio con bienes inmuebles de Julio Gomez, tambien en la cárcel, quien los transfirió a Gutierrez luego de su despojo al Distrito (http://bit.ly/1la0TOA).
En las últimas horas, el Contralor Distrital, ha lanzado una voz de alerta pública para advertir que más del 70% de la contratación en las 20 alcaldías locales se hace a "dedo", entre compinches y roscas que se embolsillan los dineros. Igual ocurre en la Secretaria de Desarrollo económico, en la que su Jefe, un señor Simancas, desvía los presupuestos para comprar equipos de computación innecesario dejando en el abandono a los campesinos del área rural distrital. Similar es la situación en la Secretaria de Integración Social en la que impera una piñata de contratos repartidos entre redes clientelares del Director de esa unidad administrativa (http://bit.ly/1oZSjpA).
Los concejales de la ciudad adelantan debates con pruebas muy sólidas sobre forma como organizaciones de papel conformadas de manera artificial por aúlicos de Petro, se reparten millonarias contrataciones por todas las localidades y oficinas (http://bit.ly/1oZSjpA).
El desastre institucional es absoluto. Cada quien se reparte lo suyo y los instrumentos de control interno se omiten olímpicamente.
En Bogotá hay alarma e indignación general en la sociedad civil y diversos sectores se movilizan promoviendo audiencias públicas, cabildos ciudadanos, veedurías y denuncias que se proponen colocar un freno radical a este conjunto de ilicitudes e irregularidades con graves consecuencias sociales, económicas y democráticas.
Algunos sugieren, como ocurrió con el caso de el ex alcalde Samuel Moreno, que es mejor callar y no denunciar. Pues es preciso que impere el "debido proceso" hasta que todo se aclare. Sin embargo, tal consejo es improcedente dado que los hechos conocidos estan mostrando, otra vez, un grave daño social, frente al cual es preciso reaccionar con ética y responsabilidad. No es de Izquierda ser cómplice de la corrupción y la destrucción de las instituciones sociales.
Nota. Es de tal grado la descomposición ética en el gobierno de Petro, que prácticas dolosas de épocas coloniales como la venta de cargos, que habían sido desterradas con el Estado moderno, han renacido de manera sorprendente, pues hay operadores de la coalición gubernamental (donde hay liberales y conservadores zuluaguistas) con oficinas especializadas en ventas de sinecuras y cuotas burocráticas con cobros mensuales de comisiones a modestos contratistas y funcionarios.
