Cuatro provincias concentran el 80 por ciento de bosques arrasados Los desmontes de la soja

Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80 por
ciento de las hectáreas arrasadas. En Salta, comunidades wichís
reclamaron al gobernador Urtubey un freno al desmonte, pero no
obtuvieron respuesta. Críticas de la Universidad de Salta.

En Argentina se produce el 4,3 por ciento del desmonte mundial y se
arrasa una hectárea cada dos minutos. Salta es una de las principales
provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte
nativo. "El bosque es nuestra vida. Sin él no somos nadie", reclamaron
comunidades wichí mediante una carta abierta al gobernador, Juan
Manuel Urtubey. La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional
de Salta (UNSA) alertó sobre la "extinción" de los pueblos originarios
y definió la grave situación diciendo que "bien podría calificarse
como genocidio".

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, según sus
siglas en inglés), donde participan más de 300 científicos de todo el
mundo, alertó en marzo pasado que el 4,3 por ciento de la
deforestación global ocurre en la Argentina. En el ámbito local, la
Secretaría de Ambiente de la Nación publicó en noviembre el informe
"Monitoreo de la superficie de bosque nativo de Argentina". Precisa
que entre noviembre de 2007 (cuando se sancionó la Ley de Bosques)
hasta fines de 2013 se arrasaron 1,9 millón de hectáreas. Un promedio
de una hectáreas cada dos minutos. En cuatro provincias se concentra
el 80 por ciento de los desmontes: Santiago del Estero, Salta, Formosa
y Chaco.

La primera semana de agosto, las comunidades wichí San José de Cuchuy,
Laguna de Cuchuy, Chaguaral y El Duraznillo acamparon y frenaron
topadoras en el municipio de Ballivián (departamento salteño de San
Martín), para defender el único monte que les quedaba. En septiembre,
las mismas comunidades escribieron una carta pública al gobernador,
Juan Manuel Urtubey. "El monte nos da comida, es nuestra farmacia a
cielo abierto, también es nuestra fuente de trabajo, nos provee el
chaguar para nuestras artesanías. Le solicitamos retire los permisos
de desmonte que otorgó", reclamaron y le recordaron la vigencia de la
Ley de Bosques (que protege el monte) y la ley 26.160 (que prohíbe los
desalojos indígenas y ordena relevar los territorios). No tuvieron
respuesta.

La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta reúne a
docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura
declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la
Facultad de Humanidades): "Expresamos nuestra más profunda
preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una
violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos
originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a
los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo",
alerta.

Resalta que para indígenas y campesinos no es sólo bosque, sino que el
monte hace a su vida. Los antropólogos de la UNSA precisan las
consecuencias en la salud, el hambre, la desnutrición y la
contaminación. Y cuestionan a los funcionarios: "Sus acciones no
respetan los derechos indígenas reconocidos por la Constitución
nacional y demuestra su funcionalidad y lealtad a los intereses de
lucro a corto plazo de un puñado de empresarios, cuya codicia no
repara en los costos ambientales y humanos".

La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta denuncia la
violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que
"este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como
genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe".

En Salta se desmontaron, desde 2006, 654.000 hectáreas. El principal
motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la
provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña
aumentó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil
hectáreas (en el 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el
corrimiento de la frontera ganadera, expulsada (también por la soja)
de las tierras que ocupaba, avanza sobre tierras campesinas,
indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas
de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un
millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea
cuadruplicar el stock ganadero para 2030. "Este avance sobre los
derechos de los pueblos indígenas implica su extinción", alerta el
documento de la Escuela de Antropología.

Catalina Buliubasich, de la Escuela de Antropología y codirectora de
la Maestría de Derechos Humanos de la UNSA, destacó la necesidad de
puntualizar en el "aspecto humano" del desmonte, evaluó la situación
como "muy preocupante" e insistió en que "está en riesgo la
supervivencia" de los pueblos originarios. "Soja, desmontes,
desalojos, desnutrición, pérdida de cultura e identidad, enfermedades.
Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida
indígena. No puede haber silencio ante esta situación que urge
revertir", instó Buliubasich.

En noviembre pasado, más de 100 organizaciones sociales y científicos
enviaron un documento a la Secretaría de Ambiente de la Nación y al
Consejo Federal de Medio Ambiente para que intervengan frente a los
desmontes en Salta. El 18 de diciembre, el gobierno salteño derogó dos
decretos (de 2010 y 2011) que permitían esquivar la Ley de Bosques y
pasar topadoras en territorios protegidos. Según Greenpeace, con esa
metodología se habían arrasado 130.000 hectáreas de monte nativo.

La derogación de los decretos fue bien recibida por las organizaciones
sociales, académicos y comunidades campesinas e indígenas. Pero el 29
de diciembre volvieron a desmontar. El wichí Jhonatan Félix, de la
comunidad Pastor Senillosa, denunció que diez topadoras arrasaron el
monte de la finca Cuchuy, uno de los epicentros de conflicto entre
empresarios y pueblos originarios.

Denuncia en el Chaco

En Chaco se desmontaron 218.034 hectáreas (entre 2007 y 2013).
Comunidades indígenas de El Impenetrable presentaron una acción de
amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y
Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los
bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela
Elizabeth Bergallo para que realice un informe sobre la situación
social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el
juzgado, y alerta: "La degradación y desaparición del bosque nativo
pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichí
y de las personas que la integran".

La acción judicial fue presentada por tres asociaciones indígenas
(llamadas Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población) contra
la provincia. La antropóloga, en su informe para el juzgado, afirma
que se deben tomar medidas "urgentes" para proteger la vida del pueblo
wichí que vive en El Impenetrable. En la zona se extraen los
algarrobos y, al mismo tiempo, se arrasa todo el monte circundante.
Siempre son personas ajenas a las comunidades, que presionan para
hacerse de los árboles.

El Frente Nacional Campesino (FNC) denunció la violencia sobre
familias campesinas e indígenas en los parajes Bolsa del Tigre y La
Esmeralda. "El desmonte de miles de árboles es realizado en forma
clandestina por personas vinculadas con las mafias de compraventa de
madera. Dañan el ambiente y destruyen las tierras de las comunidades
originarias y campesinas", denunció el FNC.



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