Letra ordinaria

Honduras, Paraguay, Brasil…

Lo que ocurre en Brasil es a todas luces un golpe de Estado. Es lo que puede pasar cuando las instituciones de la democracia representativa, intactas, aparecen como el puntal para derribar el Gobierno que resulta una amenaza para los intereses de la clase siempre dominante y del imperio siempre presente. Es un golpe de Estado llamado "institucional" o "parlamentario", porque sencillamente se basa en el uso de la fuerza que da una mayoría de sillas en el Parlamento de tal país para, sencillamente otra vez, ejecutar sin la necesidad de ninguna justificación un proceso judicial contra el Gobierno legítimamente constituido. La institución legislativa se asume a sí misma como un superpoder, con la capacidad autoasignada de hacer nada menos que lo que le dé la gana a la clase empresarial, siempre corrupta y siempre represiva.

Contra la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, no existe ningún elemento de prueba, ningún procedimiento que muestre que haya cometido una acción fuera el marco legal que permita someterla a un juicio de tales implicaciones políticas. No existe en Brasil una situación que amerite el trauma que significa desplazar a un Gobierno y entrar en una etapa de "transición" que generará inevitablemente desestabilización política, económica y social. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la necesidad de someter a un país, e incluso a una región, a un proceso de convulsión que implicará violencia y destrucción? La razón no va más allá de que la gente que está acostumbrada a tener todo el dinero no quiere soportar ni un período constitucional más, ni un año más, ni un minuto más, el hecho de que un gobierno deje de "repartir" todo el dinero público entre los bolsillos de los ricos y reparta una parte entre los pobres a través de programas de atención y desarrollo social. Así de fácil y sencillo.

Lo que hoy ocurre en Brasil ocurrió en Honduras en 2009, cuando el Congreso enjuició y destituyó al presidente Zelaya, luego de secuestrarlo y sacarlo del país en piyamas a bordo de un helicóptero por supuestamente violar la constitución al pretender realizar un plebiscito simbólico. Así también ocurrió en Paraguay en 2012: el Congreso sometió al presidente Fernando Lugo a un juicio por supuestamente "mal desempeño de sus funciones" en una situación de desalojo donde resultaron muertos 11 campesinos y seis policías y que aún hoy no ha sido esclarecida. A este hecho le sumaron como cargos que el Presidente "permitió que una reunión de jóvenes socialistas se realizara en una sede militar", que firmó el Protocolo de Ushuaia II, es decir, la cláusula democrática del Mercosur, y que había "mucha inseguridad".

Las consecuencias fueron en ambos casos la destitución de los presidentes y una convulsión social acompañada de una sangrienta represión por parte de quienes tomaron el poder por estos métodos fraudulentos. Todas estas situaciones fueron rechazadas por los países de la región pero prosperaron al ser, sencillamente, apoyadas por Washington. Este es el método al que quieren someter a la sociedad venezolana, con el aditivo previo de un intento de estrangulamiento económico para quebrar a un pueblo mucho más politizado y más consciente.



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