El problema del gobierno colombiano es que, salvo el presidente Uribe y sus tozudos seguidores, nadie cree en él.
Dudan de la buena reputación del gobierno desde la iglesia que llama a la purificación de las instituciones;
algunos de los aliados incondicionales del gobierno como Gina Parody y
Armando Benedetti del partido de la U. que amenazan con abandonar la
barca; Mario Uribe, primo del presidente y ex –senador de Colombia
Democrática quien pidió asilo político en la embajada de Costa Rica
ante la medida de aseguramiento por concierto para delinquir proferida
por la Corte Suprema; hasta el partido Liberal también comprometido con
la parapolítica (7 senadores) y la corrupción histórica en el país, que
quiere hacer causa común con el Polo en la idea de que sólo una
Asamblea Nacional Constituyente nos sacará del desbarajuste e
incertidumbre en que se encuentra el país.
Tiene
además problemas este gobierno en convencer al Congreso de los Estados
Unidos, su principal aliado, cuya mayoría demócrata ha decidido
congelar cualquier discusión sobre el TLC. Tratado cada vez más lejos
de ser ratificado por la mayoría demócrata a raíz de los crímenes de
lesa humanidad, masacre de sindicalistas (este año han sido asesinados
22, 10 más que el año pasado, como lo denunció el presidente de la CUT) y violación de los
derechos humanos que se siguen cometiendo en Colombia.
El llamado angustioso del presidente Uribe a preservar la solidez institucional cuando afirma que ante la gravedad de la crisis política y la imposibilidad de una reforma política vía Congreso, la Seguridad democrática
sería la única garantía a la estabilidad y solidez institucional, es
una clara alusión a la Corte Suprema de Justicia para que ésta no se
vaya a exceder abriendo más y más procesos penales a miembros
del Congreso, como al jefe del partido de la U, Carlos García, a la
presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez y recientemente al
senador Mario Uribe, uno de sus aliados incondicionales.
A
tal punto están las cosas, que decidido por mantener la iniciativa, el
gobierno impulsa otra reforma política vía Congreso y que, de fracasar,
propondrá un “supratribunal de notables” que suplante la Corte Suprema,
juzgue a congresistas, magistrados y al presidente mismo. En el fondo
lo que está en juego es la lucha por mantener la estabilidad
institucional y la política de Seguridad Democrática,
principal estrategia de Uribe. ¿De qué otra forma entender las
maniobras del presidente ante cada nuevo escándalo por la parapolítica,
y ante el desprestigio y debilitamiento interno y externo del gobierno?
La
propuesta de reforma que impulsa el gobierno en contubernio con sus
aliados, los quemados del Congreso, de silla vacía a quienes sean
condenados por parapolítica y dejar el umbral electoral en 2% y no
subirlo al 5% para partidos y movimientos políticos, entre otros, no
logró poner en calma las aguas. ¿Es que quién cree hoy en Colombia,
salvo Uribe y sus testarudos seguidores, que éste Congreso ilegítimo y
corrupto, se puede reformar y purificar así mismo? ¿O que un supratribunal de notables
va a hacer las profundas y radicales reformas que se requieren para
sacar al país del hundimiento en que está? ¿Tienen esos partidos
para-politicos representados por criminales, autoridad moral y ética
para llevar a cabo la profunda reforma política? Jamás. Por el
contrario, lo urgente es establecer la responsabilidad política que
tienen dichos “para-partidos” que además deben ser sancionados,
mínimamente, con la perdida de la personería jurídica y la muerte
política para los investigados y condenados.
El caso de Yidis Medina[1]
representa fielmente la imagen de lo que se ha convertido la política
en Colombia: en intereses personales, intrigas, corrupción y compra de
conciencias. Yidis es una ex congresista a quien el
Gobierno ofreció en el 2004, a través de su Ministro de Protección
Social y de Gobierno cargos políticos a cambio de su voto favorable al
proyecto de ley sobre la reelección presidencial, voto que fue
definitivo para que la reforma constitucional aprobada en 2005 saliera
adelante habilitando al presidente, Alvaro uribe, para presentarse en
los comicios de 2006.
Esto
demuestra que en el ejercicio de la política en Colombia, ya no existen
siquiera los mínimos éticos en el nivel institucional y en el Estado.
No es que estemos insinuando los máximos éticos que debieran ser la
esencia y condición fundamental que guíe la actuación dentro de una
democracia. Es decir, el acatamiento a la ley, la honradez, la
transparencia, la honestidad, etc. Esos máximos éticos no los
reclamamos, porque sería desconocer la historia del país. Preguntamos
por los mínimos éticos. Pero esos tampoco existen. Esos mínimos éticos
que en última instancia ayudarían a salvar al Estado y sus
instituciones, han desaparecido completamente sepultados bajo el peso
abrumador de la ilegitimidad, descomposición, corrupción, mentiras y
crímenes de Estado.
Lo
anterior nos conduce a afirmar que el momento demanda de todo
demócrata, de los y las ciudadanas dignas de ésta República un gran
Movimiento por la recuperación de la dignidad nacional a través de una
nueva Asamblea Nacional Constituyente. Ella dentro de la consigna que
el pueblo colombiano como mínimo exige para Que se vayan todos
los parapolíticos/as ilegítimos, corruptos y aliados de la muerte que
llegaron al Congreso, Cámara, Gobernaciones, Concejos y Alcaldías. ¿De
qué otra forma honrar la memoria del líder popular Jorge Eliécer
Gaitán, cuyas palabras a 60 años de su asesinato retumban contundentes:
Por la restauración moral de la República, pueblo: a la carga?
Es
hora de impulsar propuestas como la convocatoria a una nueva Asamblea
Nacional Constituyente vía referendo que aborde temas trascendentales
como la reforma política radical, la agenda social relegada a un
segundo plano por el gobierno guerrerista de Uribe, el Acuerdo
Humanitario, el Intercambio, la solución política negociada del
conflicto, la demanda de justicia, verdad y reparación a las víctimas
de crímenes del Estado, el paramilitarismo y las guerrillas y el
rechazo al TLC.
Si
el Polo quiere ser alternativa real de poder en Colombia no puede
seguir aferrado únicamente a su labor parlamentaria. Eso nos tiene en
un estado de parálisis y falta de iniciativa política que la historia
nos cobrará. Como tampoco podemos seguir a la expectativa de lo que
hagan o propongan los demás, como el partido Liberal o un buen o buena
demócrata, haciéndole creer a millones que esperan un mensaje de
esperanza y llamado a la lucha política por derrotar este régimen, que
hay algo por salvar fuera de las sillas que ocupan nuestros senadores
de un parlamento descompuesto y cuya mayoría se alió a criminales para
obtener votos. ¿Si los votos que eligieron a los congresistas son lo
mismos que eligieron al presidente, entonces qué es lo que esperamos?
Agitar
la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se convierte en
la principal tarea política del Polo a nivel local y nacional. Es hora
que la militancia y dirigencia nos volquemos a las calles en una gran
movilización nacional por la recuperación de la dignidad nacional, por
el rescate de la soberanía nacional, por el acuerdo humanitario, por el
diálogo y negociación política del conflicto, por una agenda social que
retribuya a las mayorías excluidas, por la verdad, justicia y
reparación a las víctimas del paramilitarismo, las guerrillas y el
Estado, y por el rechazo al TLC. Hasta Que se vayan todos los y las responsables de la tragedia moral, social, política y económica que tiene postrada la nación.
Oto Higuita
Dirección nacional del Polo
Movilicémonos Pueblo
otohica62@yahoo.com