Son muchos los paralelismos entre los golpes de Estado de Venezuela 2002 y Honduras 2009, ocupando estas líneas el papel desempeñado por la iglesia católica, en su intento de justificar la salida violenta del Presidente Zelaya y legitimar el irrespeto a la Constitución y las leyes. Su reciente actuación demuestra su papel como partido político y como se ha colocado de espaldas a sus creyentes.

Desde que se anunció la realización de la encuesta que acompañaría a las elecciones del domingo 28 de junio en Honduras respecto a la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente en diciembre próximo, el Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras y de Caritas Internacional, ha tenido una activa participación intentando deslegitimarla. A través de la Conferencia Episcopal, en reiteradas ocasiones sostuvo que la encuesta era ilegal y que sería manipulada, intentando manipular las opiniones del 91% de la población que se declara cristiana. La Conferencia Episcopal hondureña, en rol más político que religioso, acusa al Presidente Zelaya en comunicado del 17 de junio de “realizar una gestión pública ineficiente y plagada de denuncias de corrupción” que pretende perpetuarse en el poder y “eliminar toda responsabilidad histórica por su mala administración”. Este comunicado finaliza señalando que “existe una sensación de riesgo de que la ya endeble institucionalidad se quiebre y que los resultados de la denominada «encuesta» del 28 de junio se manipulen en esa dirección”.

Dos días más tarde, un nuevo comunicado reitera la desestabilización, al expresar que “un verdadero cauce de participación ciudadana no se puede hacer en contra de las mismas leyes. No se puede desobedecer a la Ley en nombre de las personas a las que se quiere beneficiar”, en alusión directa a la encuesta.

Nuevamente el 27 de junio, apenas un día antes de las elecciones y el golpe de Estado, el Pastor Omar Morales declaraba al diario La Prensa de Honduras, en nota titulada “Iglesia recomienda quedarse en casa”, que la feligresía debía considerar su participación en las elecciones, sembrando dudas sobre su legalidad. Agregaba que “la ciudadanía no debe tener temor porque Dios tiene el control sobre lo que pasa en Honduras” y que durante las elecciones “la Iglesia permanecerá en jornadas de oración para pedir por la paz y orientación para los gobernantes”, anticipándose así al atentado perpetrado en contra de la democracia.

Durante el golpe y los días posteriores, la iglesia hondureña guardó un silencio muy similar a la complicidad, siendo roto sólo por la preocupación de la cúpula eclesiástica ante el avance del militarismo. El 1 de julio la Conferencia Episcopal alude a la expulsión del Presidente y el tren ejecutivo, a la censura impuesta a los medios de comunicación, a la limitación de las garantías constitucionales y a la distorsión de la verdad, no sin antes justificar lo ocurrido al señalar que el golpe fue responsabilidad del gobierno de Zelaya, dada “su incapacidad para administrar los bienes públicos, la corrupción y la violación sistemática de la Constitución de la República”, representando además una “prueba de la incapacidad de nuestra clase política, y del mismo Presidente de la República, para dialogar y encontrar soluciones inteligentes y pacíficas a los conflictos”.

El 4 de julio, fecha en que vencía el plazo concedido por la OEA para la deposición del régimen de facto y no expulsar a Honduras del organismo hemisférico, nuevamente la Conferencia Episcopal en voz del Cardenal Rodríguez, recomendó al Presidente Zelaya no volver a Honduras ya que “un regreso al país en este momento podría desatar un baño de sangre”.

En definitiva, la iglesia ha jugado un papel legitimador de las acciones inconstitucionales en este nuevo golpe de Estado al sistema democrático latinoamericano, prestando escasa atención a la continuas represiones e injusticias sufridas por el pueblo, por los humildes, que debe ser la razón de existir de una iglesia de cara al pueblo y con sensibilidad social, verdaderamente preocupada por los que sufren. Una iglesia que aporte soluciones y avances, nunca retrocesos. Esa iglesia que nuestros pueblos en su fe reclaman.

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