Nueva Orleans, 14 de Diciembre 2007.- La tragedia del Huracán Katrina dos años después del huracán continúa teniendo graves consecuencias para las comunidades afro-estadounidenses del sur de EE.UU.
Luego de casi perder sus vidas, haber perdido sus viviendas y enseres personales, ahora estas familias mayoritariamente afro-estadounidenses enfrentan una nueva realidad.
A todo vapor continúa en Nueva Orleans la demolición de las “Casas Publicas” como se conocen en EE.UU. a los unos conjuntos habitacionales de interés social administrados por las alcaldías, las cuales son alquiladas a familias de bajos recursos.
Una gran cantidad de familias desplazados continúan viviendo en ciudades vecinas y no pueden regresar por no tener a donde ir. Otras, cuyas viviendas son fácilmente reparables y no sufrieron ningún daño, han intentado regresar, pero el gobierno local y federal les impide ocupar sus viviendas y se ven forzados a deambular por la calles y dormir en carpas en lugares cercanos a sus hogares originales.
El dinero por encima del interés humano
Muchos de los apartamentos no sufrieron daños durante el huracán, pero los habitantes fueron desaojarlos a punta de pistola por la policía de la cuidad como parte de la política de desalojo de las comunidades pobres de la ciudad.
Se calcula que unos 10 mil apartamentos bajo control de la Alcaldía de Nueva Orleans, están en buenas condiciones, pero los terrenos están siendo vendidos a empresas privadas de bienes raíces con el fin de generar ingresos para el gobierno a través de la venta y los impuestos a la propiedad que generaría la construcción de condominios para gente de clase media o clase alta.
El plan es permitir la construcción de desarrollos turísticos como hoteles, casinos, edificios y casas lujosas con picinas y sistemas de seguridad para luego venderlas bien caras a los racistas y discriminadores de las corporaciones o transnacionales que gobiernan en EEUU. Es un ejemplo más de la violación sistemática de los Derechos Humanos en los Estados Unidos.
Ante innumerables protestas, las cuales continuaron ayer viernes, la Alcaldía y el gobierno federal estadounidense respondieron con represión policial y con la continuación de las demoliciones de viviendas sin ninguna justificación, con el fin de favorecer a los capitalistas que quieren "embellecer" la ciudad, es decir, eliminar a los pobres afro-estadounidenses.
Los activistas de la ciudad, tienen como principal reto el detener la demoliciones y continuar denunciando las injusticias, las cuales han sido ignoradas por los grandes medios de comunicación comerciales. Otro de los retos es resolver el problema enfrentado por una gran cantidad de personas que permanecen en trailes o viviendas temporales que están sufriendo de enfermedades respiratorias producto de la contaminación de los sistemas de aire acondicionado en dichas unidades.
A dos años de la tragedia, La solidaridad internacional se hace necesaria para con cientos de familias todavía afectadas por las injusticias del capitalismo en el país más rico del mundo.
