27/02/08.-Un segundo departamento de Bolivia, Beni, convocó a un referendo aprobatorio de sus estatutos autonómicos para el 1 de junio. Antes, Santa Cruz, ya había anunciado la fecha de su propia consulta: el 4 de mayo.

La prefectura (gobernación) del departamento boliviano de Beni (norte), uno de los bastiones de la oposición conservadora al Gobierno del presidente Evo Morales, anunció este martes que aprobó la convocatoria a un referendo aprobatorio para un estatuto autonómico el próximo 1 de junio, a pesar de la grave crisis humanitaria que vive esta región como consecuencia de las inundaciones.

La resolución fue emitida unilateralmente por el gobernador regional, el derechista Ernesto Suárez, quien aseguró que esta consulta popular se enmarca en el proceso autonómico iniciado en julio de 2006 por el pueblo de Beni, que aprobó mayoritariamente un régimen independiente del gobierno central y que avanzó con la presentación del estatuto el pasado 15 de diciembre.

El único organismo estatal que legalmente tiene el derecho de resolver una convocatoria a referendo es el Congreso.

A pesar de ello, la Corte Departamental Electoral dio luz verde al referendo, tras reconocer la validez de más de 45 mil firmas.

Además de Beni, los departamentos Santa Cruz (este), Tarija (sur) y Pando (norte), también exigen autonomía. Estos cuatro estados conforman la llamada "media luna", que agrupa a los gobiernos regionales opositores.

El conflicto de las autonomías se originó hace dos años. En 2006, las regiones que exigen autonomía perdieron el referendo que se hizo sobre ese tema. Mientras que Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando votaron "sí" al régimen autonómico, la opción del "no" se impuso a nivel nacional y en las cinco regiones restantes Cochabamba (centro), Chuquisaca (sur), La Paz (oeste), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste).

Santa Cruz, la más rica, grande y próspera región de Bolivia, ya convocó para el 4 de mayo próximo su propio referendo autonómico. Tarija y Pando aún están por confirmar las fechas para sus consultas.

La decisión de Santa Cruz se aceleró desde que el Ejecutivo decidió tomar parte de los ingresos de las regiones provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que se han multiplicado desde la nacionalización de la industria petrolera, para pagar un bono vitalicio a las personas mayores de 60 años.

La "media luna" se quejó de la medida social y acusó al Gobierno de recortar de forma significativa sus presupuestos.

Los estatutos autonómicos, calificados por el Ejecutivo como "separatistas", son normativas que tienen fuerza de ley que les brindaría independencia del poder central para manejar sus recursos económicos.

Las autonomías carecen de aval en la Constitución vigente, y los impulsores de tales estatutos rechazan la carta magna aprobada por la Asamblea Constituyente, que sí da cabida a dichos sistemas.

Sectores sociales continuarán movilizados

Las organizaciones sociales y campesinas de Bolivia que desde el martes se encuentran rodeando el Congreso, anunciaron que continuarán sus movilizaciones para exigir al Congreso la aprobación de los referéndum dirimidor y constitucional, ante el rechazo de los prefectos y cívicos de la "media luna" a aceptar la tregua política de 60 días.

La pausa política fue planteada por el vicepresidente, älvaro García Linea, y tenía como objetivo articular las agendas de los estatutos autonómicos y el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

"Continuarán las movilizaciones en todo el país para decir que no podemos permitir la desintegración, ni división del país y que a partir de la aprobación de la nueva Constitución estará garantizada la unidad", indicó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Santos Ramírez, en declaraciones a la prensa.

La nueva Constitución Política del Estado fue aprobada entre el 8 y 9 de diciembre de 2007 por la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, el artículo 398 referido a la cantidad de hectáreas de tierra que podrán poseer los privados para su uso no alcanzó los votos necesarios, por lo que será el referéndum dirimidor el que defina si son 10 mil o cinco mil hectáreas la superficie máxima que se podrá poseer.