10 de marzo de 2008. - La Asamblea Latinoamericana de Derechos Humanos, con sede en Quito, demandó por la vía penal al ejército de Colombia “por delitos de actos de terrorismo, asesinato con alevosía y ensañamiento y otros adicionales”, ante el fiscal general de Ecuador, Washington Pesantez.

La ong pide a la fiscalía la intervención de la policía técnica judicial para investigar e “identificar a los autores, cómplices” de la masacre y “proceder a su sanción, incluyendo su extradición a Ecuador” si se encuentran en el exterior.

Suscrita por el secretario general de la ALDHU Juan de Dios Parra Sepúlveda, la demanda contiene como “capítulo especial” el caso de los cinco estudiantes universitarios mexicanos que cayeron en el campamento irregular de las FARC en la zona de Lago Agrio, Ecuador, el primero de marzo en la madrugada. Una, Lucía Morlett, de 27 años, resultó herida y se encuentra aun en el Hospital Militar de la capital ecuatoriana.

Los otros cuatro murieron y permanecen en la morgue de esa ciudad. Otro, Juan González del Castillo, ya fue identificado por sus padres, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los otros tres –Soren Ulises Avilés de 33 años, Fernando Franco de 28 años y Verónica Natalia Velásquez de 30 años– siguen desaparecidos. Todos habían llegado al campamento apenas unas horas antes del ataque. El expediente contiene el número de sus pasaportes.

La ALDHU, el organismo de derechos humanos más importante de Ecuador, asumió la representación legal de Lucía Morett y las dos colombianas que también fueron rescatadas en el campamento de las FARC, Doris Joana Torres Bohórquez y Martha Pérez en su calidad de “víctimas sobrevivientes de una masacre”.

Las dos jóvenes colombianas, según el documento entregado por Parra a la fiscalía de la nación, efectuaban labores de cocineras y otras tareas domésticas en el campamento de las FARC “y habían sido llevadas forzosamente sin que siquiera supieran si estaban en territorio colombiano y ecuatoriano”.

La representación legal asegura que, por lo tanto, “es obvio y evidente que ninguna de ellas ha cometido ilícito alguno en el Ecuador y que su condición no es otra que la de víctimas sobrevivientes de una masacre”.

Los cinco mexicanos, establece la denuncia, ingresaron juntos a Ecuador el 31 de enero a través del aeropuerto Musical Sucre en un vuelo de la aerolínea Copa. Realizaron entrevistas académicas a políticos y dirigentes sociales ecuatorianos, visitaron universidades e hicieron algo de turismo. El 23 y 24 de febrero participaron en el seminario internacional “Vigencia del Pensamiento Bolivariano” en la Casa de la Cultura de Quito; del 25 al 27 participaron en el Segundo Congreso Continental Bolivariano en la Universidad Politécnica y en el Teatro Nacional. El 28 se trasladaron a Lago Agrio y de ahí al campamento clandestino de las FARC a donde arribaron la noche del día 29.

Según el expediente que recibió el fiscal Pesantez, la madrugada del primero de marzo, aproximadamente a las 12:45 am, fuerzas armadas colombianas “perpetraron un acto de guerra en territorio ecuatoriano, consistente en un bombardeo aéreo con bombas de fragmentación y misiles de alto poder” contra el campamento donde se encontraba el jefe guerrillero Raúl Reyes y cerca de 50 personas más.

Entre una y tres de la madrugada, “tropas aerotransportadas colombianas fueron desembarcadas en el lugar, tiempo en el que rematarom a personas heridas, retiraron cadáveres y aparatos de comunicación. Permanecieron unas dos horas y se retiraron, dejando ahí tres mujeres heridas y muchos cadáveres, 23 de los cuales ya recuperó la fuerza pública ecuatoriana”.

La denuncia añade que “la desmembración y mutilación de los cadáveres evidencian lo extremo de la violencia utilizada”.