22 de abril 2008. - El escándalo alrededor del presidente colombiano Álvaro Uribe se profundiza. Hoy, la Fiscalía ha ordenado la detención del ex senador Mario Uribe Escobar, primo del mandatario y uno de sus más cercanos aliados, por sus supuestos lazos con los escuadrones paramilitares. Poco después, Uribe Escobar ha solicitado asilo político a Costa Rica a través de su embajada en Bogotá.
La Fiscalía ha explicado en un comunicado que Uribe Escobar es investigado debido las reuniones que mantuvo con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, en noviembre de 1998. La detención del primo del presidente es sin derecho a fianza, según la Fiscalía.
Mancuso fue jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que se disolvió a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31.000 paramilitares en virtud de un proceso de paz del Gobierno de Alvaro Uribe.
El ex presidente del Congreso afronta un proceso por "concierto para delinquir por acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley", según fuentes judiciales. Uribe Escobar es uno de los 63 congresistas vinculados por la Corte Suprema de Justicia con el llamado escándalo de la "parapolítica", de nexos de legisladores y políticos con las AUC, y de ellos 32 están detenidos.
El abogado defensor del ex senador y ex presidente del Congreso, José del Carmen, en declaraciones a Caracol Radio, ha indicado que Mario Uribe se encontraba dentro de la Embajada de Costa Rica en Bogotá y añadido que será el propio primo del presidente quien entregará a la embajadora costarricense los argumentos que alega en su petición de asilo político.
La mayoría de los investigados, 54, pertenecen a formaciones de la coalición del Gobierno en el Congreso, y todas ellas respaldaron la reelección de Uribe en los comicios de 2006. En el momento del inicio de la causa, Uribe Escobar ocupaba un escaño en el Senado, al que renunció a comienzos de octubre del año pasado para que su caso quedara en manos de la Fiscalía General y no de la CSJ, que asume los casos de funcionarios con fuero.
