25 de Ene. 2009.- Hoy, por primera vez en la historia, los bolivianos que decidirán por voto popular la vigencia de su Constitución.
El gobierno de Evo Morales impulsa cambios profundos, sobre todo en materia social, los cuales son rechazados por los partidos tradicionales del país y la oposición derechista.
El proyecto incorpora de manera activa a la vida ciudadana a los pueblos indígenas, 63% de los 10 millones de bolivianos que en 1991 comenzaron la reivindicación de sus derechos con una marcha "por la dignidad y el territorio".
La movilización de entonces desde las tierras bajas hacia La Paz pedía que los territorios habitados por los pueblos indígenas les fueran adjudicados en propiedad definitiva y que se prohíba su explotación y depredación irracional.
El ex fiscal Alberto Costa Obregón recuperó esa bandera y propuso una Asamblea Constituyente en la elección de 1993, la cual ganó Gonzalo Sánchez de Lozada para su primer mandato presidencial.
La demanda de Constituyente cobró fuerza política en las movilizaciones de octubre de 2003, que obligaron a renunciar al presidente Sánchez de Lozada, quien rechazaba terminantemente convocar la Constituyente y además fue acusado por la represión violenta de las protestas.
Morales reivindicó la iniciativa en la elección presidencial de 2005, que ganó con 54% de los votos, y convocó a la Constituyente en la cual el Movimiento al Socialismo (MAS), con mayoría amplia, aprobó su proyecto.
Control indígena. El proyecto garantiza a las 36 naciones indígenas el derecho de control sobre los recursos naturales de sus territorios y les da mayor nivel de representación en la administración estatal.
La oposición derechista critica la exclusividad del derecho indígena de control sobre los recursos naturales porque, a su entender, pone por encima del derecho de igualdad la cuestión étnica y crea, según su opinión, una suerte de "ciudadanos de primera y de segunda".
El proyecto incorpora también la justicia comunitaria en paridad de jerarquía con la ordinaria e impone el conocimiento de al menos un idioma nativo para ejercer funciones públicas.
En el referendo del domingo se decidirá también si el límite máximo de las propiedades agrícolas será de 5 mil o 10 mil hectáreas.
El proyecto de nueva Constitución reconoce las autonomías departamentales, aunque con menos competencias que las que pretenden las autoridades de los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, opositoras al Gobierno federal.
También crea autonomías municipales y regionales.
En lo económico, asigna al Estado el control del aparato productivo, reconoce la iniciativa privada con preferencia de la inversión nacional y el derecho a la propiedad privada condicionada a que cumpla una función social.
Oficialismo esperanzado. El cierre de campañas coincidió con el tercer aniversario de la presidencia de Evo Morales, que espera que el Sí supere el porcentaje de votos con que los bolivianos ratificaron su mandato presidencial en el referendo del 10 de agosto (67%).
El Mandatario cerró campaña en Cochabamba, centro geográfico del país, después de dar su informe de gestión al Congreso, que se convertirá en Asamblea Legislativa Plurinacional con mayor representación indígena que la actual de aprobarse la nueva Constitución.
La oposición al proyecto, encabezada por prefectos y dirigentes de los departamentos autonomistas, cerraron su campaña con concentraciones simultáneas en Santa Cruz, bastión opositor y cabeza de las demandas de autonomía; Tarija, Chuquisaca y Beni.
Los prefectos de esos cuatro departamentos encabezaron el martes el cierre de campaña en Pando, cuyo prefecto titular, Leopoldo Fernández, está preso en La Paz sindicado como responsable de la masacre de 18 campesinos, seguidores del actual gobierno, en 2008.
Video Fuente: http://www.youtube.com/user/anmclavideo
