29 de abril 2009. - La empresa estadounidense Dole Food Co. pagó regularmente durante décadas a grupos del paramilitarismo acusados de asesinar a miles de colombianos, de acuerdo con una demanda presentada este martes.

Dole es la segunda compañía estadounidense importadora de banana que es demandada luego de que un pleito similar fuera presentado contra Chiquita Brands.

Los demandantes son parientes de 51 asesinados por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las víctimas era sindicalistas o pequeños agricultores opuestos a vender sus tierras para que Dole cultivara bananas.

Presentada en una corte de Los Angeles, en California, la demanda busca vincular a la empresa con los asesinatos y su relación con los paramilitares colombianos. A su vez piden indemnizaciones por daños, al asegurar que la empresa actuó “con malicia”, como dijo Terry Collingsworth, el abogado de los demandantes.

La empresa con sede en Westlake Village, California, dijo que comentaría el caso al final de la jornada. En otras ocasiones Dole ha negado los pagos a los escuadrones ilegales colombianos.

Collingsworth dijo que Dole realizó pagos regulares a las AUC que totalizaron unos 10 millones de dólares entre 1997 y 2007, así como hizo otros pagos menores a esa organización incluso tiempo atrás como en 1994.

De acuerdo con la demanda, a cambio las AUC se encargaron de “mantener alejados a los sindicatos de las plantaciones de banana de Dole, a través de asesinar a líderes sindicales y usar tácticas de terror para desestimular el ingreso de trabajadores a los sindicatos”.

Un testigo clave de los demandantes es un encarcelado comandante de las AUC llamado José Gregorio Mangones, quien se "desmovilizó" y quien ha admitido su responsabilidad en más de la mitad de los asesinatos citados en la demanda, dijo Collingsworth.

Mangones figura entre al menos otros cuatro ex comandantes de las AUC quienes han dicho que todas las empresas bananeras foráneas que operaron en Colombia, incluyendo Dole y Chiquita, hicieron pagos.

También han confesado haber ordenado varios miles de asesinatos, principalmente en la región de la costa caribeña colombiana y dirigidos específicamente a sindicalistas y supuestos simpatizantes de las FARC.

A Chiquita se le impuso una multa de 25 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y luego que esa empresa admitiera haber hecho pagos regulares a las AUC.

Collingsworth, quien también representa a las víctimas de Chiquita en un caso aparte, dijo que los demandantes de Dole han pedido permanecer en el anonimato porque paramilitares siguen operando en zonas donde residen y podrían “encarar represalias por su disposición a enfrentar a la empresa” en los estrados judiciales.

Mangones, alias “Carlos Tijeras”, dijo que su unidad paramilitar recibió anualmente 70.000 pesos (unos 30 dólares) por hectárea de Dole, que tenía al menos unas 3.400 hectáreas de bananas sembradas en los departamentos de Magdalena y La Guajira, en el norte de Colombia.

“Tijeras nunca nos dio un monto total de dólares, pero aseguró que en un año cualquiera Dole representaba el 40% del presupuesto operativo” de su bloque paramilitar, aseguró Collingsworth.

Indicó que los demandantes probarían que los gerentes de Dole en la región no eran “inocentes transeúntes pagando extorsiones”, sino socios activos en una sangrienta conspiración para reducir los costos.

“Los administradores de Dole sabían de eso cuando daban un nombre a las AUC por problemas de seguridad o preocupación, lo que significaba que las AUC ejecutarían a esas personas sin investigar o ninguna otra averiguación”, según la demanda.

Tijeras y varios de sus subcomandantes le dijeron a investigadores de los demandantes que “cuando Dole quería que algo se hiciera, el gerente de la plantación llamaba directamente a uno de los subcomandantes y le daba un nombre o una descripción y las AUC iba y se hacía cargo”, dijo Collingsworth.

Dijo que no podía ofrecer nombres de ejecutivos de Dole que hubieran estado presuntamente involucrados en esa conducta ilegal.

Agregó que Tijeras dijo "no poder recordar ningún nombre" y que los demandantes carecían de evidencias escritas sobre esos pagos, aunque esperaban que surgieran en el proceso de juicio.