16 de mayo 2009. - Una delegación de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional de Ecuador se trasladará el próximo miércoles a la base estadounidense de Manta para analizar las actividades de las tropas militares y estudiar varias denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos.
El asambleísta Luis Hernández dijo hoy en el canal Gama TV que obtendrán datos en Manta entre el miércoles y el viernes de la próxima semana.
"Creo que después de unos ocho días ya tendremos la idea clara, presentaremos un informe y direccionaremos las denuncias a los organismos respectivos de manera que esto llegue a feliz término", señaló.
Añadió que solicitarán en su proceso de investigación la colaboración de la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Armadas.
La Comisión Legislativa señala en su portal de internet que en el proceso de investigación convocará a Juan José Pons, ex presidente del Parlamento, a Heinz Moeller, ex presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y al ex canciller Benjamín Ortiz para que expliquen los términos del convenio para establecer la base.
Según Marcos Martínez, presidente de la actual Comisión de Relaciones Internacionales, la institución ha recibido "serias denuncias sobre hundimientos de barcos de pescadores artesanales en alta mar o sobre la detención de ciudadanos que habrían sido sacados del país para ser juzgados en EE.UU.".
Asimismo, Martínez indicó que existen reportes de permanentes violaciones a los derechos humanos y de abusos contra trabajadoras sexuales.
Tras su visita a la base estadounidense, la Comisión preparará un informe que "someterá a la consideración del presidente, Rafael Correa, para que a la brevedad posible, disponga el inicio de una auditoría de gestión respecto de las tareas de los militares norteamericanos en la Base de Manta".
El convenio que acordó el establecimiento del puesto militar estadounidense de operaciones antinarcóticos (FOL, por su sigla en inglés) en la ciudad portuaria de Manta, lo firmó el ex gobernante Jamil Mahuad, en 1999.
El acuerdo, de diez años de duración, finaliza en los próximos meses y desde su campaña electoral en 2006, Correa aseguró que no iba a renovarlo, por lo que el año pasado ya hizo la respectiva notificación oficial sobre el fin de convenio.
