09 de septiembre 2009. - El juez español Baltasar Garzón declarará este miércoles ante el Tribunal Supremo de su país en calidad de imputado por haber intentado investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil española (1936-1939) y los primeros años de la dictadura franquista (1939-1975). El sindicato ultraderechista de funcionarios públicos Manos Limpias interpuso la acción y el Alto Tribunal, donde según el diario español El País Garzón no cuenta con muchos amigos, la aceptó a pesar de la oposición de la Fiscalía.
El pasado octubre Garzón decidió investigar la suerte de más de 114 mil desaparecidos durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura, y, para ello, autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterradas víctimas del bando republicano. “El delito de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad, es imprescriptible”, estableció Garzón al declararse competente para avanzar en la causa.
La acusación en su contra es por prevaricato, es decir, dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas de que eran injustas, en este caso, en el marco de la causa de las fosas comunes. Es que en España los crímenes cometidos durante al dictadura de Franco quedaron a salvo de la Justicia gracias a la ley de amnistía dictada en 1977 tras el retorno de la democracia, según la cual prescribieron.
El Supremo español admitió la denuncia por considerar que “existen indicios” de que la investigación sumarial iniciada por el juez en relación con los desaparecidos se centró en delitos para los que el juzgado –la Audiencia Nacional– “reconoce en base a derecho que carece de competencia material”.
En su resolución de octubre del año pasado, Garzón atribuyó al general Francisco Franco y a otros 44 militares golpistas haber desarrollado “un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo” contra los adeptos a la República que “requería el uso de la violencia”. El magistrado afirmó, además, que dicho plan fue similar al que llevó a cabo la Alemania nazi y que el Tribunal de Nuremberg definió como “crímenes contra la humanidad”.
El juez supo de inmediato que su investigación contaba con la oposición de los procuradores de la Audiencia Nacional, por lo que, un mes después, en noviembre del 2008, Garzón buscó otras vías para dar curso a la causa. En ese sentido, decidió inhibirse a favor de varios juzgados locales donde se encuentran localizadas las fosas comunes para que sean ellos los que p procedan a ordenar las exhumaciones.
La cita con el instructor del Tribunal, Luciano Varela, será este miércoles a las 12.30 hora local. Varela ya intentó hace meses que el Consejo General del Poder Judicial acuse a Garzón por otras causas. Sus intentos no prosperaron.
