Tegucigalpa, 30 de diciembre de 2009.— Al menos 100 000 hondureños sufrirán hambruna el año entrante a causa de la sequía y la crisis alimentaria, situación agravada por la inestabilidad política tras el golpe de Estado que acaba de cumplir seis meses, reportó PL.
Una misión de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) arribará al país en los próximos días para realizar un estudio completo de las secuelas ocasionadas por el fenómeno climatológico de El Niño.
Su investigación determinará cuántos quintales de granos básicos se dejarán de producir por la ausencia de lluvias, cuáles serán las zonas más afectadas y qué medidas deberán ponerse en marcha. El asesor de respuestas de emergencia de la OCHA, Douglas Reiner, alertó sobre el riesgo de crisis humanitarias en Centroamérica a causa de la sequía y mencionó entre los más afectados a Honduras, con 100 000 personas en riesgo.
La situación aquí se agravó tras el golpe de Estado del 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya, sobre todo por el cierre parcial de escuelas y hospitales. «Algunos pacientes no han tenido el tratamiento adecuado y algunos niños han dejado de ingerir los alimentos que reciben en el colegio», declaró Reiner.
Tras el cuartelazo quedaron suspendidos varios programas desarrollados por el gobierno de Zelaya en apoyo a los pequeños y medianos productores. También se vieron afectados proyectos impulsados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en sectores como la salud, la educación, la energía y la agricultura.
El país centroamericano recibió de ese bloque cien modernos tractores, además de arados, sembradoras y otros implementos para el fomento de la producción. En materia energética, la incorporación al ALBA y concretamente a Petrocaribe, garantizaba un suministro estable de 20 000 barriles diarios de petróleo, a precios preferenciales y con bajas tasas de interés. Sin embargo, el jefe del régimen de facto, Roberto Micheletti, pidió al Congreso Nacional someter a votación el virtual retiro del país de ese mecanismo, lo cual fue apoyado por el presidente electo en los comicios ilegales del 29 de noviembre, Porfirio Lobo.