29 de abril 2010.-Documentos exclusivos extraídos de un expediente judicial dan cuenta de reuniones "secretas" que sostuvo en el año 2002 el entonces Comisionado de Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, con grupos paramilitares, con el fin de negociar las posteriores desmovilizaciones de estos movimientos armados.

Los textos, publicados por el sitio Web VerdadAbierta.com, contienen una transcripción de la referida reunión entre Restrepo y jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tales como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, quien era entonces el jefe del Bloque Catatumbo; Ramón Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y otros más, en donde se prepara un plan para mostrar de la mejor manera ante la opinión pública el acuerdo.

El encuentro entre el Gobierno colombiano y los paramilitares se dio en una finca del departamento Córdoba (norte), el 12 de noviembre de 2002, dos semanas antes de que las AUC anunciarán al país su cese al fuego.

Restrepo y la plana mayor de los conocidos como "paras", abordaron en esa reunión lo que sería el primer borrador de un "acuerdo" para la desmovilización del aparato militar de las AUC.

Las conversaciones entre las partes fueron grabadas por los insurgentes y posteriormente transcritas. El texto fue hallado en una "caleta" del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40" y reposa en varias investigaciones judiciales sobre parapolítica (práctica conocida en el país como vínculos entre funcionarios de Gobierno con miembros de la AUC).

Según las declaraciones de Restrepo asentadas en los reveladores documentos, el proceso de desmovilización se realizaría en tres etapas. Primero el cese de hostilidades, segundo la entrada del Ejército a los sitios controlados por los paramilitares, y tercero, el desarme de las AUC. También propuso delimitar regiones denominadas "zonas de frontera" para concentrar las tropas paramilitares.

Según la transcripción del encuentro, Restrepo dijo: "Hay una diferenciación de dos tipos de zonas, unas zonas que ustedes tienen control, donde no tendrían mayor dificultad para el cese de hostilidades y otras 'zonas de frontera' podríamos decir".

"Como es un cese unilateral y como todavía no hemos tenido supuestamente contactos con el Gobierno, todas las agresiones que suframos de la subversión estamos en pleno derecho de responderlas, en caso de que nos ataque, que con seguridad nos van a seguir atacando", advirtió Mancuso.

A lo que Restrepo les respondió: "Ese es un derecho que no les podemos quitar. Lo dejo claro. Yo como representante del gobierno no puedo quitarles a ustedes ese derecho".
Al permitirles "ese derecho" a los paramilitares, el gobierno garantizaría que la guerrilla no se fuera a aprovechar del cese al fuego para volver a tomarse "las zonas controladas por las AUC", según lo expresó Restrepo.

De esa manera, el Gobierno colombiano, acordó con los "paras" dejarlos "operar defensivamente" en esas denominadas "zonas de frontera". Tal hecho se confirma en varios e-mails enviados y recibidos por el insurgente Carlos Castaño, a los accedió VerdadAbierta.com.

Carlos Castaño, en un e-mail dirigido a su hermano, Vicente Castaño, le manifiesta que "la reunión con el Comisionado de Paz fue muy satisfactoria".

Además de resalta en el correo que Restrepo les hizo "un claro reconocimiento político".
Tal frase además reveló que las conversaciones entre el Gobierno y las AUC se desarrollaron incluso tiempo atrás, pues los paramilitares llevaron a la reunión del 12 de noviembre un borrador en el que exigían al Ejecutivo, que las "reconocerieran como un actor armado del conflicto político y social" del país.

Castaño también le comentó a su hermano que parte del compromiso que acordaron con el Gobierno era decretar a partir del primero de diciembre el cese de hostilidades y que sólo lo iban a anunciar hasta el 29 de noviembre de ese 2002, "pues hacerlo desde ahora sería alertar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que preparen su arremetida a nuestras zonas".

De las conversaciones a los hechos

Efectivamente el 29 de noviembre de 2002 las AUC anunciaron el cese de hostilidades. De acuerdo con el proceso de desmovilización, descrito por Restrepo, seguiría la aplicación de las otras dos fases, es decir, la entrada del Ejército a las zonas de los paramilitares, mientras estos seguirían sus prácticas en las "zonas de frontera", y por último, el desarme que fue acompañado por la conocida como Ley de Justicia y Paz.

La desmovilización se concretó, según el Gobierno, tras la ley 975, también llamada "Ley de justicia y paz", un instrumento aupado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe y aprobado por el Congreso colombiano, que impone condenas de 5 a 8 años por delitos graves incursionados por paramilitares como masacres y secuestros.

De acuerdo con abogado defensor de los Derechos Humanos en Colombia, Jorge Molano, entrevistado por teleSUR, "la Corte constitucional hizo algunas modificaciones de los delitos (...) pero sigue siendo una ley (975) demasiado benigna".

En la actualidad, un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció un fortalecimiento de la guerrilla colombiana durante los últimos dos años, a la par de una intensificación del fenómeno del paramilitarismo.

Para el CICR las AUC han resurgido después del año 2006. Se trata de paramilitares pero con otro nombre, "ahora se les llama "Bacrim" (bandas criminales)", sentenció Christophe Beney, jefe de la delegación en Colombia del CICR, en la presentación de su informe anual, este lunes.

Mientras que con respecto a la guerrilla, dijo: "Las FARC se adaptan de forma dinámica (...) y tienen de nuevo una capacidad (...) para continuar siendo un actor importante".

"Pensamos que en relación con 2006, 2007 y 2008 hay un recrudecimiento de las consecuencias del conflicto armado en Colombia", puntualizó.