Ginebra, julio 17 - "Quiero saber si Colombia va a abandonar los incentivos económicos (...) y sacar las lecciones de los llamados 'falsos positivos', (...), son muchos casos, la mayor parte en poblaciones pobres, ejecuciones sumarias que fueron camufladas a solo efecto de cobrar una recompensa", afirmó Fabian Salvioli, en nombre de los 18 expertos que componen este Comité, que sesiona en Ginebra.
El Comité, encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, se refería a las recompensas autorizadas por una directiva secreta de 2005, que dio lugar al asesinato de unos 1.000 inocentes, según cifras del 2009 adelantadas por ONGs para hacerlos pasar por isurgentes asesinados, y de ese modo beneficiarse con las recompensas.
La directiva secreta, fechada el 17 de noviembre de 2005, define los criterios "de pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones", si esa política produce "resultados positivos o permite contrarrestar acciones delictivas".
Constituye una "retribución en dinero o en especie, que se entrega a una persona", dice la directiva. La delegación de Colombia aclaró en el debate en el Comité que tales recompensas "nunca se han pagado a miembros de la fuerza pública".
El gobierno de Colombia agregó que otras dos directivas posteriores, de 2008 y 2009, han reemplazado a la de 2005, y que la reglamentación había cambiado, aunque no mencionó si las nuevas normas son también secretas y cuál es exactamente el contenido de las mismas.
"Por testimonios de jóvenes del ejército colombiano, sabemos que para contar muchas veces con permisos y ascensos, miembros de las fuerzas armadas exigen a mandos de rangos medios y bajos, altas cuotas de reclutamiento y un número determinado de bajas en combate", dijo a la AFP Maricely Parada, de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC).
"Para poder acceder a estos beneficios, los militares recurren con frecuencia a las batidas y a la retención de jóvenes, muchas veces apoyados por paramilitares, para asesinarlos y luego sumarlos a la cuota de bajas, que del 2002 al 2007, en información recogida en 2009, han dado 955 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos", concluyó Maricely Parada, que presenció el debate.
El Comité emitirá un dictamen de recomendaciones al fin de esta sesión, el próximo 30 de julio.
