21 de julio 2010.-El inminente indulto que el gobierno de Sebastián Piñera evalúa conceder a violadores de los derechos humanos a petición de la Iglesia Católica ahondó las diferencias políticas en Chile esta semana.
“(El presidente) ha fijado de forma muy acertada los criterios para un indulto”, dijo incluso el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, dando casi por cierta la medida.
“Hace aproximadamente un mes, hicimos llegar un informe reservado al presidente, quien es el que tiene la facultad legal de proponer o decretar indultos”, añadió Ravinet.
La medida, inédita en democracia, provocó ya críticas desde Naciones Unidas y de toda la oposición de centro y de izquierda, mayoría en el Congreso, además de voces de alerta en el oficialismo.
“La posibilidad de otorgar un indulto a ciertos violadores de derechos humanos se está debatiendo en Chile”, denunció de hecho la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay.
“Son crímenes difícilmente perdonables”, agregó Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, el partido del presidente Piñera, de derecha.
En ese marco, el diputado comunista Hugo Gutiérrez denunció que la jefa del Programa de Derechos Humanos del gobierno, Rossy Lama, mantuvo una reunión con ex militares ligados a crímenes cometidos durante la dictadura.
El encuentro, a juicio de Gutiérrez, recordó la cita privada entre Piñera y cientos de militares en retiro acusados de violar derechos humanos, en la campaña presidencial que terminó en enero.
En ese marco, Piñera negó que planee un indulto masivo y precisó que dará el beneficio por razones humanitarias a ex militares que solo tengan una condena en su contra y estén en la lista de posibles favorecidos que la Iglesia Católica propondrá estos días.
“Tengo plena conciencia de que aquí chocan valores. Y que el presidente va a tener que sopesar el valor de cada uno y buscar la mejor forma de compatibilizarlos. Estoy comprometido con la verdad y la justicia, pero también me interesa la reconciliación”, dijo.
El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, agregó que el indulto no es parte del programa de gobierno y que Piñera solo responderá una petición de la Iglesia Católica, a la que se sumaría otra propuesta de los evangélicos.
El ex presidente demócratacristiano Eduardo Frei (1994-2000), que en su gobierno jamás recibió a las organizaciones de derechos humanos, recalcó ahora que la oposición de centro-izquierda objetará la medida.
“Aquí se pondrá a prueba el compromiso del gobierno de derecha con los derechos humanos y veremos cuán sólidas son sus convicciones”, opinó.
Con ironía, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo que la Iglesia Católica debiera recordar el ejemplo de Juan Pablo II, “quien perdonó a aquel que lo quiso asesinar, pero éste igual tuvo que cumplir la condena en prisión”.
La medida, largamente debatida tras la muerte de un represor en la cárcel este año, beneficiaría en principio a militares con una sola condena, como el oficial José Zara, involucrado en el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats.
Asimismo, mantendría en prisión a hombres como el general en retiro Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta de la dictadura (1973-1990), condenado en más de un centenar de casos.
Cualquiera sea la resolución, y a 20 años de la recuperación de la democracia, los derechos humanos volverán a ser el centro político en Chile, donde 3.000 personas fueron eliminadas por sus ideas políticas y otras 50.000 torturadas, según informes oficiales.
