Tegucigalpa, 18 de agosto de 2010.-Con
mucha preocupación y pesar FIAN denuncia el asesinato de Víctor Manuel
Mata Oliva (40), Sergio Magdiel Amaya (18) y Rodving Omar Villegas (15),
todos miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA).
Fueron asesinados cuando se trasladaban de la ciudad de Tocoa hacia la
comunidad de Panamá.
Pese
a que existe un Acuerdo suscrito por el MUCA y el régimen de Porfirio
Lobo Sosa en el que éste se compromete a instruir a las secretarías de
Seguridad y Defensa Nacional a “mantener un entorno respetuoso de los
derechos humanos” (Inciso 10 del Acta de Compromiso) conocemos denuncias
constantes sobre hostigamiento, amenazas, mal trato físico y sicológico
que los cuerpos de seguridad del Estado ejecutan en colaboración con
personal de seguridad privada de empresarios agroindustriales de la
zona.
Los
campesinos están bajo incertidumbre permanente, no sólo por las
agresiones y la posibilidad de ser asesinado sino por las órdenes de
captura que suman centenas; así como de desalojo, que pueden ser
ejecutadas en el momento que los empresarios en conflicto lo requieran.
La
situación se agrava por la precariedad en la que se encuentran las
familias campesinas que no encuentran posibilidades de obtener ingresos
que les permita cubrir sus necesidades básicas. La esperanza de estas
familias descansaba en que el Acta de Compromiso se cumpliera tal como
se suscribió; pero aún cuando en ella se decía que inicialmente se
entregarían 3,000 hectáreas cultivadas, apenas se entregaron 1,704
hectáreas que no ofrecen ingresos suficientes siquiera para la
sobrevivencia.
Tampoco
se identificó y entregó 3,000 hectáreas no cultivadas en el plazo de 90
días, que se cumplió el día 17 de julio recién pasado. En el mismo
término debería conocerse el informe jurídico sobre la procedencia o
consistencia técnica o legal de las compra-ventas de las tierras en
poder de los empresarios agroindustriales, pero tal compromiso ha
corrido la misma suerte.
Los
conflictos agrarios se reproducen en esa región y el régimen no tiene
la capacidad de resolverlos. Hay tomas de tierras en Lis Lis e Isletas
ocupadas por la transnacional bananera United Fruit Co; las cooperativas
campesinas agrupadas en el Movimiento Auténtico de Reivindicación
Campesina del Aguán (MARCA) que reclama tierras, inmuebles y equipo para
el trabajo agrícola que de acuerdo a sus testimonios Miguel Facussé se
apropió de ellos ilegalmente; el Movimiento Campesino del Aguán (MCA)
que ha tomado 700 hectáreas que Miguel Facussé las cultivó aún sabiendo
que eran propiedad de la Guadalupe Carney.
Reiteramos
que de no resolverse el conflicto agrario en esa región las violaciones
a los derechos humanos, entre ellas el asesinato, persistirán y podría
tomar mayores dimensiones dada la acumulación de enfrentamientos entre
campesinos y terratenientes.
Debe
investigarse y enjuiciar a los culpables de estos hechos en los que han
perdido la vida de nueve campesinos afiliados a MUCA y miles de
familias campesinas se encuentran bajo un estado de persecución y
represión constante. Como los guardias de seguridad privada son
protagonistas constantes en estas violaciones deben igualmente ser
investigados, controlados por los organismos del estado y castigados
cuando se compruebe su participan en los delitos que se denuncian.