Dos contratos de esta organización con el Ministerio del Interior dan cuenta de millonarias inversiones para remodelar, construir y rehabilitar pabellones de centros penitenciarios en Bogotá y Córdoba.
En 2007 la entidad suscribió dos contratos con el Ministerio para "poner en marcha el desarrollo y ejecución" de dos proyectos que comprendían la remodelación del centro especial de reclusión de desmovilizados de Urrá, en Tierra Alta en Córdoba y la ampliación del pabellón de los parapolíticos en La Picota en la capital del país.
El contrato numerado como 118 entre Alma Mater y el Ministerio del Interior en 2007, indica que la entidad se compromete a desarrollar la construcción del pabellón ERE Sur o de parapolíticos en La Picota, así como la implementación del área de atención a visitas en el penal y el de un pabellón especial de alojamiento para internos de 72 horas.
El contrato tiene un valor de 568 millones de pesos y fue ejecutado en su totalidad.
El otro fue suscrito por las partes también en 2007 por un valor de 6 mil 648 millones de pesos para la "rehabilitación, refacción de la estructura penitenciaria y carcelaria del orden nacional", entre esos dotar el penal de Urrá, en Tierralta, Córdoba.
Este centro especial sirvió en sus inicios como lugar de ubicación de los paramilitares desmovilizados. En varias ocasiones la Fiscalía ordenó el traslado de los líderes de las autodefensas como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40' a ese penal para que se reunieran con sus antiguos subalternos y conocer de los crímenes que debían confesar.
Precisamente, un año después de la ejecución de este contrato, dos desmovilizados se escaparon del penal, que tiene capacidad para 600 internos, pero para 2009 contaba con 300.
En este mismo contrato, también se ordena la remodelación de la alcaldía de Túquerres, Nariño.
En total Alma Máter suscribió 15 convenios con esta cartera entre 2007 y 2008, en las administraciones de Carlos Holguín y Fabio Valencia, con un valor de 21 mil millones de pesos.
Los 'jugosos' convenios de la red de universidades
Sin embargo, el Ministerio del Interior y de Justicia no es la única entidad del Estado que ha contratado con Alma Mater en los últimos años.
En la página web de la red de universidades figura un listado de 695 convenios con diferentes instituciones, en áreas como tecnologías de la información y telecomunicaciones, proyectos de desarrollo regional y nacional, administración de recursos humanos, económicos y financieros; proyectos educativos y culturales, mercadeo e investigación de mercados, gerencia de obras públicas, sistemas de información, administración de logística y proyectos de cooperación internacional.
Aunque dichos contratos podrían estar relacionados más de una vez en la larga lista, todos ellos suman más de 946 mil millones de pesos.
El 'ranking' de las entidades que mayor cantidad de recursos ha comprometido en convenios con esta red de universidades son las siguientes:
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: $285.614.946.882
- Ministerio de Educación Nacional $81.482.207.664
- Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA $80.006.424.802
- Fondo Nacional del Ahorro $56.769.714.352
- Departamento Administrativo Nacional, DANE $44.375.413.585
- Instituto Nacional de Vías, INVÍAS $32.395.635.820
- También aparecen relacionadas, con contratos que suman cuantías menres, otras instituciones como:
- Instituto Colombiano de Geología, Ingeominas $12.531.766.446
- Instituto Nacional de Medicina Legal $10.442.373.096
- Consejo Superior de la Judicatura $ 4.581.554.841
¿Qué es Alma Mater?
Alma Mater es una organización conformada por la Universidad de Caldas, la Universidad del Quindío, la Universidad del Tolima, la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) y la Universidad Tecnológica de Pereira.
Aparece registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 20 de noviembre de 2008, y su actividad económica comprende la "integración académica, servicios para el desarrollo regional y servicio de apoyo a la gestión pública".
Su gerente es Germán Toro, quien ha tenido cercanía con el Polo Democrático Independiente y, al parecer, directamente con el exsenador Jaime Dussán.
El nombre de Alma Mater salió a relucir ante la opinión pública por las denuncias sobre presuntas irregularidades de un convenio interadministrativo para la capacitación de docentes que suscribió con la Secretaría de Educación por más de 20 mil millones de pesos.
La firma del convenio se cumplió el 28 de diciembre del año 2010 y apenas un día después, el 29 de diciembre, se cumplió el primer desembolso por más de 8 mil millones de pesos.
Otra de las anomalías que salpican a Alma Mater es la entrega de cartillas con contenido idéntico al de textos del año 1993 para la capacitación de docentes.
Este es el mismo contrato que habría motivado la renuncia del subsecretario de educación, Yeffer Vega, apenas 72 horas después de posesionarse en el cargo, al parecer, por negarse a encubrir las presuntas irregularidades.
El escándalo obligó al actual secretario de educación del Distrito, Ricardo Sánchez, a suspender nuevos desembolsos como parte de pago del convenio, mientras se aclaran todas las dudas que han rodeado su ejecución.