Santiago de Chile, mayo 29 - Dos indígenas mapuches acusaron hoy a Chile, en una audiencia ante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), de violar sus derechos humanos al haberlos procesado por terrorismo.
Los jueces de la CorteIDH escucharon hoy el testimonio de los mapuches Víctor Ancalaf y Florencio Jaime Marileo, quienes fueron condenados a diez años de cárcel por terrorismo en 2002 y 2004, respectivamente, bajo una ley antiterrorista que, según la demanda contra Chile, ha criminalizado la protesta social y discrimina al pueblo indígena.
"La lucha social de nuestro pueblo es histórica en la cual se enmarcan los derechos del pueblo Mapuche, que es un pueblo respetuoso. El pueblo Mapuche no es un pueblo terrorista, no tiene nada que ver con eso", expresó Ancalaf ante los jueces.
Ancalaf relató que fue detenido en 2002 cuando se desempeñaba como huequén (portavoz o mensajero) de 32 comunidades mapuches, cargo en el que afirma se logró un acuerdo con entidades gubernamentales para la compra y devolución de tierras.
Por su parte, Marileo manifestó ante los jueces que tiene mucha confianza en que emitirán una resolución favorable porque en Chile se violan mucho los derechos humanos de los mapuches.
El indígena mapuche aseguró que fue condenado a diez años de prisión solo por "reivindicar tierras que pertenecen a nuestros antepasados".
Marileo relató que salió en libertad condicional en al año 2010, pero desde entonces no ha podido encontrar trabajo debido a sus antecedentes penales por terrorismo.
Agregó que su comunidad se mantiene "militarizada", lo que intimida a los pobladores.
Los jueces también escucharon al testigo Juan Pichún, hijo del líder indígena Pascual Pichún.
Pascual Pichún, quien fue condenado por terrorismo y que falleció el pasado 30 de marzo, "luchó por la tierra, que es un derecho que corresponde ancestralmente", expresó su hijo.
Los representantes del Estado no realizaron preguntas a los declarantes.
El juicio terminará mañana con la declaración de tres peritos y los alegatos finales de las partes.
La demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la CorteIDH indica que estas personas fueron procesadas y condenadas por delitos terroristas "en aplicación de una normativa penal contraria al principio de legalidad" y que "toma en consideración su origen étnico de manera injustificada y discriminatoria".
