Para ganar se requiere organización, señalan en Puebla ONG de varios países

Tlamanca, Puebla, 15 de marzo.

La lucha contra la minería extractivista es sólo por la vida, sino una lucha antimperialista y contra el neocolonialismo que se impone sobre los pueblos con el servilismo de los gobiernos neoliberales y los tratados de libre comercio y de protección a la inversión extranjera, según quedó claro aquí este día luego de la exposición de casos particulares de problemas con mineras que enfrentan comunidades de diversas entidades del país, así como de Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador.

En claro quedó también que para hacer frente a esta cuarta colonización, es necesaria la organización de los pueblos, su toma de conciencia sobre lo que significa la destrucción del medio ambiente, que es a la vez la base de sustentación de su vida; la movilización y la unidad en la acción local, regional, nacional e internacional, porque se batalla contra un monstruo multiforme, trasnacional, que cuando sufre una derrota en algún lugar cambia de razón social, incluso de nacionalidad –una minera mexicana le vende la concesión a una canadiense, que su vez la traspasa a una australiana– sin cambiar por ello su esencia: la rapacidad del capital.

Por el podio del Encuentro de pueblos contra el modelo extractivo minero, organizado por las comunidades en defensa de la tierra y de la vida, el Consejo Tiyat Tlalli, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla desfilaron este sábado, además de representantes de organizaciones de las naciones arriba citadas, ambientalistas, indígenas, campesinos de Morelos, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Guerrero y del pueblo wirrarika (huichol) de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí –que es uno solo, pese a las fronteras estatales.

En algunos casos, como en Carrizalillo, Guerrero –en la Montaña Alta de esa entidad–, la batalla dura ya ocho años y los daños al ambiente y la salud de la población ocasionados por la minera canadiense Gold Corporation se manifiestan en enfermedades en piel y bronquios, malformaciones congénitas, partos prematuros que desembocan en la muerte de 68 por ciento de los así nacidos, destrucción de 11 manantiales del pueblo por las explosiones que realiza la minera, uso y contaminación de millones de litros de agua a diario, y todo ello coronado con la cereza de la certificación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a la minera como industria limpia.

En otros casos, explicó una de las participantes, como en El Huizache, en la sierra de Lobos, Guanajuato, la batalla apenas se inicia; aunque allá han ido avanzando los trabajos de exploración, contratando a algunos de los pequeños propietarios de la zona que están felices por tener trabajo en un lugar donde la agricultura no es pródiga, pero que han empezado a alarmarse por lo que ven venir si se pone en marcha la concesión entregada para un yacimiento a tajo abierto. En la entidad hay tradición minera –pero subterránea–, así que mucha gente no entiende la alarma que ha despertado el nuevo tipo de minería industrial que se avecina.

Omayra Silvera, de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales de la Comarca Ngäbe Buglé, de Panamá, informó que ella proviene de un pueblo indígena que ha puesto a temblar al gobierno con sus movilizaciones de más de 6 mil personas, incluyendo el bloqueo de la carretera Interamericana, de frontera a frontera, del primero al 5 de febrero de 2012, cuya represión gubernamental dejó un saldo de dos muertos, centenares de heridos y presos, y mujeres violadas, pero el apoyo de organizaciones internacionales, de mujeres, iglesias y universitarios obligó al gobierno a sentarse a la mesa de negociación.

Dicho diálogo, dijo, dio como resultado que se ganara la expedición por parte del Congreso panameño de una ley especial, el 26 de marzo de 2012, que canceló las 25 concesiones mineras y las 147 hidroeléctricas que se habían otorgado sobre el territorio indígena Ngäbe Buglé, que abarca 6 mil 968 kilómetros cuadrados. Pero la lucha no va a terminar ahí, estamos en pie de guerra porque se publicó que una empresa va a entrar a explotar el Cerro Colorado, que es uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, porque si nos quedamos de brazos cruzados, ¿quién va a escucharnos?, cuestionó Omayra, en medio de una ovación de los asistentes.

Hermila Navarrete, de El Salvador, relató que desde 2005 no dejan entrar a la minera canadiense Pacific Ring, y que la lucha de la Asociación de Amigos de San Isidro Cabañas llevó al gobierno de Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a expedir un decreto que compromete que en su administración no habrá concesiones mineras, lo que le ha valido una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por más de 300 millones de dólares, y la amenaza por parte del gobierno de Estados Unidos de no entregar parte de los Fondos del Milenio.

La mina en cuestión, El Dorado, indicó Navarrete, es de oro, plata y uranio. Ahora el capital ya no es canadiense, sino australiano, ya que compró la concesión la Oceana Gold.

El representante del pueblo maya de Guatemala mencionó que en esta cuarta colonización que enfrentan nuestros pueblos, Guatemala, como México y Centroamérica, está concesionado a transnacionales, y que su organización ha librado una lucha pacífica de prevención, promoviendo más de 80 consultas a los pueblos, en otros tantos municipios, es decir, se ha consultado a cerca de un millón de personas que han dicho no a la minería.

Además, señaló, como parte de la lucha de resistencia se han constituido consejos de pueblos en todo el occidente de Guatemala, y hay más de 3 mil focos de resistencia y lucha en el país, lo que les ha costado judicialización, criminalización, presos políticos, muertos.... Informó que hace unos días se constituyó el Gobierno Plurinacional Chuj, Acateco, Cojtí, y a escala nacional tienen el Consejo de Pueblos Huitzilense y son parte del Movimiento Mesoamericano contra la Minería Extractiva.

Juan Almendarez, del Movimiento Madre Tierra de Honduras, subrayó a su vez que la lucha contra la minería extractiva es anticolonialista, antimperialista y geoestratégica, porque en su país la minería jamás ha estado separada del ejército y de la policía.