Proyecto de ley divide a autoridades gubernamentales y legislativas en torno al riesgo de los organismos genéticamente modificados.

10 de Junio.- El debate sobre un proyecto de ley de moratoria a la liberación y cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) —también conocidos como transgénicos— ha vuelto a foja cero.

A comienzos de este año, luego de discutir una propuesta legislativa que data del 2013, integrantes de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa no pudieron llegar a un consenso sobre el texto.

El 18 de febrero, con cinco votos en contra del proyecto de ley y cuatro a favor, el texto fue enviado al plenario donde, además de ser la última prioridad de una lista de 200 temas en la agenda para este año, sus posibilidades de que sea debatido son escasas.

Uno de los argumentos más fuertes contra el proyecto de ley se enfocaba en el hecho de que no establecía una fecha tope para la moratoria, y la dejaba vigente hasta que se produjera un consenso científico.

En el primero de sus cuatro artículos, el primer borrador de la Ley de Moratoria Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos Vivos Modificados (Transgénicos) establece que “la moratoria será suspendida hasta que exista certeza y consenso científico sobre los diversos riesgos que los organismos vivos modificados implican”.

En el tercer artículo, el texto advierte que “las investigaciones científicas con organismos vivos modificados serán permitidas única y exclusivamente en ambientes confinados controlados por medidas específicas que limiten de forma efectiva su contacto con el medio exterior o sus efectos sobre dicho medio”.

“No se podrán realizar ensayos en campo, ni liberar en el ambiente los productos que se generen”, agrega el proyecto de ley.

Tras revisar el primer borrador, diputados en minoría en el comité decidieron promover un nuevo texto e incluir algunos puntos de vista de sus colegas de la mayoría.

El proyecto de ley de seis artículos, a ser debatido por la Comisión de Ambiente, establece un límite de 15 años a la moratoria. “El tiempo establecido en la moratoria está definido para el establecimiento y fortalecimiento de un marco regulatorio actualizado en bioseguridad” con el objetivo de implementar “el Marco Nacional de Bioseguridad”, señala el texto.

También considera “la construcción de las capacidades técnicas, científicas y de infraestructura para una correcta evaluación de riesgos de los OGM”, así como el “establecimiento de las líneas de base de la biodiversidad potencialmente afectada por los OGM”.

La iniciativa tiene como objetivo “prevenir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola”.

Excluye de la moratoria “los OGM destinados a la investigación en espacios confinados. Los OGM de uso farmacéutico y veterinario, los cuales se rigen por tratados internacionales y normativa específica. Los OGM y sus derivados, importados para alimentación humana o animal, o su procesamiento”.

Municipios libres de transgénicos

El debate en torno al primer borrador tomaba en cuenta una consulta a una amplia gama de actores involucrados, incluyendo universidades, sectores privado y agrícola, así como ministerios, organizaciones ambientalistas, investigadores científicos y gobiernos locales.

La moratoria tiene un fuerte respaldo de los gobiernos locales costarricenses. Alrededor de 90% de los 81 cantones (municipios) se han declarado “libres de transgénicos”.

El primero fue Paraíso, a unos 25 km al sureste de San José, la capital, en el 2005. Para el 2012, otros siete habían seguido su ejemplo y en los dos años posteriores la cifra subió a 74.

Paraíso respondió a una campaña lanzada ese año por la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad. La idea original ha sido enriquecida desde entonces por varios gobiernos locales que, además de rechazar los OGM, promueven, entre otras medidas adicionales, la agroecología así como el uso de semillas criollas.

“Considero que la moratoria debe darse, incluso, para hacer foros, para tener conversaciones, incluso para que se hagan investigaciones, porque, realmente, las experiencias han sido muy nefastas en otros países amigos en donde se ha utilizado la semilla transgénica”, dijo a Noticias Aliadas, la legisladora izquierdista Zuray Carrillo, del opositor Frente Amplio. “El proyecto de moratoria es muy importante porque realmente aquí, en Costa Rica, la mayoría de los municipios —un 90% de los municipios— dijeron ‘no’ a los transgénicos”.

“Hay estudios científicos —de la Universidad de Costa Rica, de varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas que han hecho la investigación— y de acuerdo a las experiencias de otros países, los transgénicos son la muerte, y, por eso, las organizaciones ambientalistas, también, en un ciento por ciento, no están de acuerdo con los transgénicos”, agregó Carrillo.

“Entonces, debería respetarse que los municipios —que son el gobierno local, en donde hay participación ciudadana—, y las organizaciones ambientales, han dicho ‘no’ a los transgénicos”, indicó. “O sea, la población costarricense no está de acuerdo con los transgénicos”.

¿Es necesaria una ley?

Gerardo Vargas Rojas, legislador del exgobernante Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y uno de los cinco de la mayoría en la comisión, considera que no hay necesidad de una ley que declare moratoria, precisando que sería suficiente un decreto emitido por el Ejecutivo. Administraciones pasadas han decretado moratorias a la extracción petrolera, a la minería a tajo abierto, a la incineración de desechos sólidos, entre otras, manifestó a Noticias Aliadas.

La Sala Constitucional —o Sala IV— de la Corte Suprema de Justicia también ha fallado a favor de decretar moratorias, señaló.

“Mi voto negativo no es un voto a favor de los transgénicos, ni en contra de la moratoria, es un voto contra el proyecto de ley tal como estaba planteado”, afirmó Vargas.

El legislador, expresidente del PUSC, dijo que el texto fue estudiado en detalle por la comisión.

“Citamos a todos los sectores que podían decir algo sobre el tema; a favor y en contra”, incluyendo científicos de la estatal Universidad de Costa Rica, precisó.

Vargas señaló que durante el periodo de consulta “un día salíamos muy preocupados (…) de todo lo que nos decían, de qué podía suceder con los transgénicos; otro día salíamos muy contentos, porque nos daba seguridad algún otro científico hasta de la misma universidad, por ejemplo. Vino gente de la Universidad de Costa Rica a hablar a favor y otra en contra. Vino gente del Instituto Tecnológico a hablar a favor y en contra, etcétera”.

Según Vargas, “no hay consenso” sobre el tema, ni siquiera dentro del gobierno, “porque resulta que el ministro de Agricultura y Ganadería [Luis Felipe Arauz] dice estar a favor del proyecto —o sea, a favor de la moratoria—, y el ministro de Comercio Exterior [Alexander Mora] dijo estar en contra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo el Poder Ejecutivo y la fracción oficialista vienen a decirnos que impulsemos un proyecto de ley para hacerlo vía ley si no hay consenso ni científico, ni social, ni político, incluso ni gubernamental? Entonces lo que les dijimos fue ‘pónganse de acuerdo ustedes’”.

“Nosotros emitimos una ley [sobre moratoria a los transgénicos] y si después queremos derogarla porque hay consenso de que los transgénicos no tienen riesgo —aunque yo no creo que haya nunca consenso ni a favor ni en contra—, ¿cómo nos movemos? ¿Retrocedemos el proceso? En cambio, si es vía decreto, es un mecanismo más sencillo de corregir, si es que hay que corregir”, observó.

Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7179