Guatemala, septiembre 3 - El Ministerio Público de Guatemala solicitó este miércoles la orden de aprehensión contra el presidente de la nación centroamericana, Otto Pérez Molina, informó el organismo, a través de su cuenta en Twitter, @MPguatemala.
Según el organismo, al mandatario guatemalteco se le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, mismo cargos que se les acusa a la exvicepresidenta gautemalteca, Roxana Baldetti, a quien la justicia de la nación centroamericana envió a una prisión para mujeres en Ciudad de Gautemala, durante un lapso de tres meses antes de llevarse a cabo la audiencia, en la que se definirá si enfrentará juicio.
Al emitirse la orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, el vicepresidente de la nación centroamericana, Alejandro Maldonado, asumiría la presidencia de Guatemala. Este hecho se produce días antes de que se realicen los comicios generales en la nación.
Este martes, con un total de 132 votos, el Congreso de Guatemala retiró la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, para que se someta a los tribunales por presunta participación en hechos de corrupción.
El Congreso sometió a discusión el informe enviado el pasado sábado por el presidente Pérez Molina, en el que desmiente las acusaciones en su contra por presuntos delitos de corrupción. La misiva, entregada por su abogado, César Calderón, fue recibida por los cinco integrantes de la Comisión Investigadora de Guatemala.
Esta comisión fue creada en junio de este año y se encuentra conformada por el diputado Mario Linares del oficialista Partido Patriota, junto con Mario Barrios y Sergio Celis (de Lider), Gloria Sánchez Abascal (también del Patriota) y Nineth Montenegro (de Encuentro por Guatemala).
Por su parte, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad, ratificaron el pasado viernes la denuncia en contra del mandatario guatemalteco.
Tomando como evidencia una serie de grabaciones, los fiscales aseguran que Pérez Molina es cómplice de la banda de defraudación aduanera llamada La Línea, implicada en la firma de un contrato entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la farmacéutica Pisa, a quienes fueron asignados 14 millones de dólares para el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal.
Hasta ahora las autoridades guatemaltecas han detenido a 27 personas vinculadas con esta red de corrupción, y han embargado tres inmuebles de la ex vicepresidenta y una suma de 770.000 dólares.
