Bogotá, septiembre 4 - Mientras que cerca de 5000 campesinos, afros e indígenas llegaron a la ciudad de Bogotá para exigirle al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos a los que se llegaron para finalizar el paro Agrario del 2013, el presidente Santos firmó el pasado lunes, un decreto en el que autoriza un aumento salarial considerable para los congresistas.
La firma del decreto del pasado 31 de agosto se da en medio de turbulentas semanas, no sólo porque las organizaciones agrupadas en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica, y Popular se encuentran en movilización como medida para reclamar los incumplimientos por parte del gobierno de Santos, y como rechazo al Plan Nacional de Desarrollo -PND-; sino por la situación que actualmente se está generando en la frontera colombo-venezolana.
La firma del polémico decreto se dio luego de que el Consejo de Estado emitiera una sentencia en la que eliminó dos primas para los parlamentarios. El descontento que trajo la sentencia del Consejo de Estado hizo que los debates de la reforma a la salud se aplazaran, pues la mayoría de congresistas se negaban a legislar por la baja en su sueldo.
Ante esta sentencia, el presidente Santos le salió al paso a la decisión y emitió un decreto en el que los parlamentarios tendrán derechos a recibir mensualmente una prima especial. Dicho decreto aplicará a partir del mes de septiembre que excluyó el pago de la prima de salud y localización. Esta bonificación será de carácter retroactiva, es decir, que el equivalente a esa prima que no se pagó en agosto, se regresará en septiembre.
Haciendo cuentas, el aumento de 4,66%, implica que el sueldo de cada congresista pase de los 24 a los 26 millones de pesos. Este incremento hace que el país gaste en los sueldos de los 102 senadores un total de 2.652 millones por mes, más los 4.342 millones para los 167 representantes a la cámara, es decir, entre ambas corporaciones se gastarán un total de 6.994 millones de pesos al mes.
Resulta fácil pensar que en vez de destinar ese considerable gasto mensual para los sueldos de los senadores y representantes a la cámara; se puedan invertir los 240 mil millones para la infraestructura y la firma del convenio que permita la realización de la Cumbre Popular para la Paz, una de las demandas de la Cumbre Agraria, o quizás, subsanar en algo la demanda millonaria de desempleo que se avecina luego del regreso al país de la enorme cantidad de colombianos, provenientes de Venezuela.
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