de este enclave español en el norte de África, y a ocho kilómetros de
Fnideq, el pueblo marroquí más cercano, un número indeterminado de migrantes
vive en el bosque.
Nadie sabe exactamente cuántos son, pero organizaciones humanitarias de
Melilla, otro vecino enclave español, en medio de la costa marroquí al mar
Mediterráneo, dicen que podrían ser miles.
Ceuta es uno de los principales y escasos “portales” que van desde el norte
de África al territorio de la Unión Europea (UE), y ha estado cerrado desde
fines de los años 90, cuando las autoridades españolas comenzaron a
construir una valla triple de seis metros de altura, coronada con alambre de
púas, que rodea a todo el enclave, como sucede en Melilla.
En el pasado, quienes esperaban en las montañas su turno para intentar el
ingreso a España eran capaces de tener algo parecido a una vida normal.
Tenían tiendas de campaña y, por lo menos, podían dormir relativamente
tranquilos por la noche.
Todo eso terminó tras 2012, cuando la policía marroquí comenzó a quemar los
campamentos y a patrullar periódicamente la ladera de la montaña, arrestando
a todos los migrantes que encontraba y acusándolos de ingreso ilegal al
país.
Estas medidas fueron consecuencia de acuerdos entre los gobiernos de
Marruecos y de España, después de que Madrid le pidiera a Rabat que limitara
la corriente migratoria.
El allanamiento más trágico de la policía marroquí sucedió en 2014, en la
montaña Gurugu, junto a Melilla. En la ocasión murieron cinco migrantes, 40
resultaron heridos y 400 más fueron trasladados a una zona desértica en la
frontera con Argelia.
De acuerdo con la versión de los migrantes, los heridos no recibieron
tratamiento y fueron abandonados a su suerte.
Hoy en día, los migrantes se ven obligados a permanecer en su mayoría
ocultos en pequeños grupos entre los árboles o en cuevas. Saben que los
intentos de pasar la frontera española casi seguramente están destinados al
fracaso y, al final, a la detención por las autoridades marroquíes.
Viven, según sus propias palabras, “como animales”, y cuando hablan con
extraños se muestran claramente avergonzados de su situación, disculpándose
por estar sucios y mal vestidos.
En diálogo con IPS, lo primero que muchos dicen es que son estudiantes y que
antes de tener que salir de sus países estudiaban matemáticas, economía o
ingeniería en la universidad.
Muchos vienen de Guinea, uno de los países más gravemente afectados por la
epidemia del ébola. Otros son oriundos de Burkina Faso, Costa de Marfil,
Gambia o Malí, Estados caracterizados por distintos tipos de agitación
política.
Todos se vieron obligados a vivir en estos bosques durante meses o incluso
años, en espera de la oportunidad para pasar la valla fronteriza.
Las estadísticas indican que algunos morirán en el intento de llegar a
España, ya sea en las vallas fortificadas que rodean a los enclaves, en el
mar en pequeños botes o mientras nadan para alcanzar una playa española.
Algunos lograrán llegar a España, pero tal vez solo después de cinco o seis
intentos fallidos. En ese caso habrán superado el primer obstáculo, al zafar
de la Guardia Civil española, pero aún enfrentan la posibilidad de la
repatriación forzada, especialmente si proceden de países con los que Madrid
tiene un acuerdo de repatriación.
Pero muchos de ellos se darán por vencidos y decidirán quedarse en algún
lugar de Marruecos, destinados a una vida de incertidumbre constante debido
a su situación irregular en el país.
Los encontrará y podrá oír sus historias en las principales ciudades de
Marruecos, sobre todo en el norte. En la mayoría de los casos, escaparon a
la muerte en sus intentos de llegar a España y no quieren volver a arriesgar
sus vidas.
El informe Las personas refugiadas en España y Europa
publicado en mayo por la no gubernamental Comisión Española de Ayuda al
Refugiado
subsaharianos desisten de solicitar asilo en España, aunque procedan de
países en conflicto -como República Democrática del Congo, Malí o Somalia-,
cuando se percatan de que tendrán que quedarse durante meses en un Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta o Melilla.
En Melilla, por ejemplo, quienes solicitan asilo no pueden abandonar el
enclave hasta que reciban una decisión oficial sobre su pedido. A diferencia
de los refugiados sirios, cuya solicitud no toma más de dos meses, la CEAR
afirma que el tiempo promedio para los africanos subsaharianos es de un año
y medio.
El informe de la CEAR es solo una más de la larga lista de críticas contra
las políticas migratorias del gobierno español que realizan numerosas
organizaciones no gubernamentales e internacionales.
El objetivo principal de esas críticas es la Ley de Seguridad Ciudadana,
aprobada este año por el Congreso legislativo español, exclusivamente con
los votos del gobernante y derechista Partido Popular.
La intención de la ley era darle cobertura legal a las llamadas
“devoluciones en caliente” de los inmigrantes, que realizan las autoridades
fronterizas españolas de Ceuta y Melilla, en violación del derecho
internacional y europeo.
Editado por Phil Harris / Traducido por Álvaro Queiruga
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