21 sept. 2015 - El robo de combustible mediante tomas clandestinas perforadas en los oleoductos de México se ha duplicado en dos años, y el país tendrá pérdidas por unos 1.100 millones de dólares en 2015, de acuerdo con un balance publicado este lunes.
En ocho meses de este año, la estatal Pemex ha registrado 3.547 perforaciones ilegales cometidas por grupos del crimen organizado, poco más de 50 por ciento mayor que el mismo periodo de 2014, cuando se reportaron 2.355 casos, y es el doble desde las 1.700 registradas en 2013, en ese mismo lapso, según un informe publicado por el diario Excélsior citando fuentes cercanas a la petrolera.
La empresa estatal ha perdido cerca de 795 millones de dólares al cambio actual (13.200 millones de pesos) por ese tipo de delito en lo que va del año; y con esa tendencia, las pérdidas por el robo de combustibles podrían ascender a más de 1.100 millones de dólares al finalizar 2015 (18.250 millones de pesos), revela la fuente que pidió el anonimato al influyente diario de circulación nacional.
El informe ha sido publicado mientras México se prepara para cumplir el 30 de septiembre la segunda fase de las licitaciones de contratos de extracción de hidrocarburos en la histórica apertura del décimo productor mundial de crudo a la inversión privada en su industria petrolera, por primera vez en 77 años de monopolio de la estatal Pemex.
El estado de Tamaulipas, una zona de producción petrolera fronteriza con EEUU, con costas frente al Golfo de México, es el más afectado por los ataques contra la infraestructura de Pemex y la extracción ilegal de combustible, con 561 casos de enero a agosto, casi la sexta parte del total. Ese estado es también uno de los más azotados por el tráfico de drogas y migrantes ilegales.
El otro estado afectado es Guanajuato, en el centro del país, donde se localiza una de las seis refinerías del país, en Salamanca, con 555 reportes de tomas clandestinas.
La iniciativa para castigar como delito grave el robo a los ductos de Pemex sigue sin ser definido totalmente por el Congreso de México, ya que los legisladores argumentan que ley de la Reforma Energética ya ha sido recientemente aprobada.
Sin embargo, esa ley "aún tiene muchas aristas que podrían afectar a terceros sin que estos tengan que ver con los ataques a la infraestructura de la petrolera o la obtención ilegal de combustibles", indica el reporte.