Caracas, marzo 3 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó en su informe anual 2015 sobre la Situación de Derechos Humanos en México que existe una aparente colusión entre el Estado y miembros del crimen organizado, muestra de ello es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El informe, presentado este miércoles, subraya que el caso de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 es muestra de las "graves deficiencias" de las investigaciones en este tipo de casos, como la "impunidad estructural y casi absoluta" en los graves crímenes que ocurren en el país.

El documento de la CIDH presta especial atención a las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país

"México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años" en gran medida por la "guerra contra el narcotráfico" impulsada por el expresidente Felipe Calderón y, como consecuencia del aumento del papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Esa situación ha "desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales", señala el extenso informe anual.

Indica además que bajo el actual gobierno de Enrique Peña Nieto no se ofrecen "cambios sustanciales" en políticas de seguridad, mientras que continúan las violaciones a los derechos humanos.

"La respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una 'simulación".

De acuerdo al texto, citando cifras oficiales, "de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102.696 homicidios en el país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia a 151.233 hasta agosto de 2015. Aunque la cantidad anual de estos delitos se ha reducido desde 2013, la cifra sigue siendo alta. Al 30 de septiembre de 2015, el Estado mexicano reportaba 26.798 personas 'no localizadas' o desaparecidas a nivel nacional, y en algunas entidades federativas existe una tendencia al alza".

La CIDH afirma que "México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra".

Familiares temen hacer denuncias

El documento señala que familiares de víctimas se rehúsan a acudir a las autoridades, tanto por sospechas de complicidad como por falta de atención. "Los hallazgos por los familiares de fosas con decenas de cadáveres resaltan que son ellos quienes ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia como corresponde".

Según cifras oficiales la Procuraduría General de la República, al mes de abril de 2015 había 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura, pero sólo 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal.

En su diagnóstico, la CIDH señala que "la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana".

Informa también que una de las principales fuentes de violencia son las autoridades estatales: "Diversas autoridades como las policías en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal), miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad".

"En México, al igual que en otras partes de América Latina, la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas”, comenta en relación al crimen organizado como otra fuente de violencia.

"En muchos casos los grupos delincuenciales actúan en aparente colusión directa con autoridades estatales, o por lo menos con la aquiescencia de éstas", añade el informe, al tiempo que refiere que "México es un país de origen, tránsito y destino de drogas, lo cual indudablemente va de la mano con los altos niveles de criminalidad que vive la sociedad mexicana actualmente".

El informe concluye que "el gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos".