Brasilia, junio 26 - La Justicia Federal de Río Grande del Sur, uno de los 26 estados, que junto al distrito federal, componen Brasil, autorizó a la presidenta constitucional de ese país, Dilma Rousseff, a utilizar aeronaves de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) para realizar sus viajes por todo el territorio nacional.
Esta autorización, otorgada por la jueza Daniela Cristina de Oliveira Pertile indica que Rousseff o el partido al cual pertenece, el Partido de los Trabajadores (PT), reembolsen los gastos de estos viajes.
La decisión judicial fue tomada luego de que la dignataria presentara una demanda en contra del Gobierno Federal, en la cual indicó que su apartamiento del cargo, durante el proceso de impeachment que se desarrolla en su contra, no implicaba que se le limitaran las garantías específicas e inherentes de su puesto.
La demanda emitida por la presidenta también sostiene que no es competencia del Poder Ejecutivo revisar o limitar el acto del Senado Federal, órgano que determinó la suspensión de Rousseff.
En este contexto, antes de que la mandataria lograra revertir la situación, ella solo podía hacer uso de dichas aeronaves para sus viajes entre la capital, Brasilia, y la sureña ciudad de Porto Alegre, donde tiene su domicilio particular.
Bajo el Gobierno interino de Michel Temer, a Rousseff no solo se le había prohibido el uso general de estas aeronaves, sino también impedido estar acompañada de asesores en los viajes, así como utilizar la nomenclatura del gabinete personal.
Bajo la condición de reembolso, la mandataria podrá hacer uso de las aeronaves de la FAB para viajar por todo el país.
Al respecto, el Gobierno Federal justificó en su defensa que el uso del transporte aéreo oficial está restringido a actividades de interés público y que hacer uso de ellos sin ninguna agenda oficial supondría un desvío de finalidad.
Sin embargo, la jueza Pertile concluyó que el uso de estas aeronaves de la FAB era necesario para garantizar la seguridad personal de Rousseff, puesto que no puede utilizar aviones comerciales. También autorizó a los asesores de la mandataria a hacer uso de estos transportes, igualmente bajo reembolso, y permitió mantener la estructura del gabinete personal de la presidenta.
Dilma Rousseff se ha visto obligada a separarse de su cargo por un período no mayor a 180 días, luego de que el Senado aprobara la ejecución de un juicio político en su contra con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).
En este período las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado durante la acusación de supuesta corrupción sobre Rousseff. De ser considerada inocente, Rousseff podrá retomar sus funciones. De ser considerada culpable, la mandataria sería suspendida en forma permanente y estará inhabilitada por ocho años.
Entre tanto, Michel Temer ocupa la presidencia interina y desde su llegada ha anunciado que buscará realizar una enmienda constitucional para recortar la inversión pública, entre un conjunto de medidas destinadas a "recuperar" la economía del país y atacar la inflación. Una política ampliamente rechazada por movimientos sociales y la población en general.
