Ankara, julio 23 -Las medidas del gobierno de Turquía en represalia por el intento de golpe de Estado, lejos de amainar, siguen cobrando fuerza. Este sábado, el Gobierno turco ha anunciado el primer decreto tras la imposición del estado de emergencia el pasado miércoles. Entre las medidas publicadas en el Boletín Oficial, el Ejecutivo ha decidido aumentar de siete días a un mes el periodo de detención provisional de sospechosos. El decreto ya ha entrado en vigor y ninguna de las decisiones comunicadas en el mismo podrán ser frenadas por algún tribunal.
Este periodo de detención provisional ya había sido ampliado de 4 a 7-8 días, en la primera medida tomada por el gobierno al amparo del estado de emergencia. "En la primera fase, el periodo de arresto (antes de acusación) será de 7-8 días; si hace falta pensamos que se podrá prorrogar", había dicho el viernes el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, al anunciar esa decisión.
Por otro lado, según la nueva disposición, las reuniones de los detenidos con sus abogados podrán ser restringidas por las autoridades, que además podrán grabar y usar las conversaciones entre acusados y abogados. Solo los cónyuges y los parientes de hasta segundo grado podrán visitar a los arrestados. También se ha decretado que el personal encargado de llevar a cabo las decisiones tomadas bajo el estado de emergencia no podrá ser responsabilizado por sus prácticas, y que por ello no se les impondrá ningún tipo de pena legal, administrativa o financiera.
Aparte del decreto, el Gobierno presidido por Recep Tayyip Erdogan ha cerrado más de 1.700 centros privados, desde hospitales hasta universidades, por su supuesta relación con las redes del predicador Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe militar del pasado 15 de julio. En concreto se han clausurado 35 hospitales privados, 1.043 colegios y pensiones de estudiantes privados, 1.229 fundaciones, 19 sindicatos y 15 universidades privadas.
Las propiedades de esos centros serán gestionadas por el Estado a partir de ahora. Los estudiantes de las escuelas y universidades cerradas serán transferidos a instituciones similares estatales, a las que tendrán que seguir pagando lo que pagaban en los centros privados.
El Ejecutivo turco ha establecido además que todos los funcionarios públicos que tengan vínculos con las redes de Gülen serán cesados de sus puestos y no podrán volver a ser contratados, mientras que se cancelarán los pasaportes del personal investigado. Este viernes, el Ministerio del Interior ha anulado los pasaportes de 10.586 personas, según dijo su titular, Efkan Ala, a la cadena NTV, sin precisar más detalles.
Las autoridades turcas también anunciaron este viernes que el ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, y el de Justicia, Bekir Bozdag, viajarán la semana entrante a Estados Unidos, a cuyas autoridades intentarán convencer para que extraditen a Gülen, quien está radicado en ese país desde 1999 y ha negado toda implicación en la asonada.
