28 agosto 2016 - La semana próxima el Senado de Brasil decidirá finalmente si la destitución de la presidenta Dilma Rousseff es definitiva. En una sesión especial se necesitarán 54 votos a favor del 'impeachment' para que este se concrete. Si bien cualquier número inferior a ese garantizaría la continuidad de la mandataria, ya hay 51 senadores que señalaron que votarán a favor de separarla de su cargo.

En caso de que se haga efectivo el golpe de Estado, el actual presidente interino, Michel Temer, en principio deberá concluir el mandato que finaliza en 2018. Es con esa perspectiva que ha ido adelantando algunas de las políticas sociales y económicas que prevé aplicar.

Entre estas se incluye la elevación de la edad jubilatoria, la flexibilización laboral y la reducción de salarios. Un plan de ajuste fiscal que no augura un buen futuro para los trabajadores brasileños.

"Una lucha feroz"

La propuesta de elevar la edad a la que las personas se pueden jubilar fue una de las primeras que lanzó Temer. En realidad, se trata de establecer una edad mínima para acceder a este derecho, algo que, actualmente, no rige en Brasil. Hoy por hoy, los brasileños se pueden jubilar tras demostrar que han trabajado y aportado al régimen previsional durante al menos 30 años para las mujeres y 35 para los hombres. Temer pretende elevar la edad para jubilarse a los 65 años para los hombres y a los 62 para las mujeres.

Presidente interino Michel Temer durante la presentación de las nuevas medidas económicasAdriano MachadoReuters

De todas formas, el presidente interino reconoció a comienzos de agosto que esta será "una lucha feroz". No en vano, en Brasil la edad legal para comenzar a trabajar está establecida en los 14 años por lo que, de tener que esperar hasta la edad que pretende el actual Gobierno, muchas personas deberían trabajar durante medio siglo antes de poder jubilarse.

A esto se suma el intento de reformar la legislación laboral. Si bien no está claro aún que implicará en concreto, ya se han filtrado algunas ideas. Sin ir más lejos, el presidente de la Confederación Nacional de Industria, Robson Braga de Andrade, sugirió que la jornada laboral puede extenderse hasta las 80 horas semanales. Y lo hizo, para colmo, citando como ejemplo a Francia, donde la ley actual -que también se está intentando reformar- establece un máximo de 36 horas. Asimismo, se pretenden "revisar" los beneficios que perciben jubilados y personas con alguna discapacidad.

Brasil neoliberal

Jamil Bittar Reuters

Tras más de una década de Gobierno del Partido de los Trabajadors (PT) que, con limitaciones, impulsaron reformas progresistas y mejoraron la calidad de vida de la población, ahora los grandes sectores de poder de Brasil buscan modificar esa tendencia. "Se trata de implantar las reformas neoliberales que el capital financiero internacional y las élites brasileñas reclaman como nuevo orden conservador, luego de llevar al poder al actual e ilegitimo presidente interino", comenta a RT el periodista radicado en San Pablo, Gerardo Gamarra.

El periodista remarca que "ya se están articulando recortes en materia de salud, educación y vivienda que garantizan un acopio de alrededor de 28.000 millones de dolares con el argumento de destinarlos al pago de la deuda". En ese sentido, afirma, el próximo paso es "avanzar en reformas sobre previsión social, extensión de la edad jubilatoria y un fuerte proceso de flexibilzación laboral".

Bruno KellyReuters

"Lo que plantea Temer", explica el abogado laboralista Federico Dalponte, "es usual en ciertos gobiernos: ante una crisis económica, responden depositando todo el peso en los trabajadores, como si ahí radicara el problema". El abogado señala a RT que, entonces, "la crisis pretende valer como justificativo para recortar derechos que son producto de décadas de lucha: estabilidad, jornada limitada, seguridad social".

Por su parte, Gamarra subraya, además, que el gabinete de Temer "trabaja en aprobar la Propuesta de Enmienda Constitucional que garantiza un techo en las inversiones públicas, logrando así una gradual desinversión del Estado en servicios públicos".

El rol del Estado y los derechos laborales

Desde una perspectiva histórica, Dalponte sostiene que "desde la revolución industrial hasta hoy, toda intervención del Estado debe servir para proteger al trabajador del abuso empresarial", ya que, de otra forma, "no tiene razón de ser". El abogado apunta que "esto se conoce como principio protectorio, que es el norte mismo del derecho laboral", ya que cuando el Estado "no media o lo hace en perjuicio del obrero solo profundiza la injusticia que anida en el origen de toda relación de trabajo".

Raimundo Mendes de Barros, cortador de caucho hace 57 años trabajando en la reserva Chico Mendes (Acre, Brasil)Ricardo MoraesReuters

"Cuando no existía la ley, era el mejor escenario para el empleador: no había límite horario, ni salario mínimo, ni protección de ningún tipo", añade el especialista. También comenta que, en lo que va del siglo XXI, "algunos países emergentes justifican la flexibilización mirando ciertos modelos europeos que les quedan cómodos", aunque, al mismo tiempo, "no dicen que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda jornadas de 35 horas semanales o la prohibición del despido sin causa".

Finalmente, destacó que "hay experiencias de economías fuertes" que "no necesitaron nunca recortar derechos". En realidad, "lo que esconden" gobiernos como el de Temer es "la intención deliberada de empobrecer la protección del trabajador para atraer inversiones rápidas", concluye.

Por último Gamarra considera que, de concretarse la destitución de Rousseff y avanzar en este paquete de medidas, "el Gobierno neoliberal interino que rige sobre la sociedad brasileña instalaría todas aquellas modificaciones que ni los años 90 ni las dictaduras militares por las armas pudieron lograr".