Prensa Latina/ inSurGente.- Mientras la transnacionales petroleras eran acusadas de patrocinar un intento de declarar inconstitucional por el Senado el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, un equipo de fiscales bolivianos examinan ayer la abundante documentación requisada en el allanamiento de la empresa petrolera Andina, controlada por la transnacional Repsol de España y acusada de una cuantiosa estafa al Estado.

Especialistas del Ministerio Público buscan información sobre el delito denunciado por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, y el representante estatal en el Directorio de Andina, Hernán Camacho. Según éstos, la estafa birló al Estado ingresos por al menos 190 millones de dólares. ¡Vaya papelón el de las transnacionales españolas en América latina!

La documentación fue incautada durante cuatro horas de revisión de las oficinas de la empresa en la oriental ciudad de Santa Cruz, tras el alanamiento a cargo de un equipo de fiscales y agentes policiales.

El allanamiento de las oficinas de Andina fue ordenado por un juez, ante la negativa reiterada de los ejecutivos de la compañía, a suministrar los documentos requeridos por la Fiscalía de Santa Cruz.

Antes de la operación, los magistrados convocaron a declarar al síndico del directorio de Andina y también representante estatal, Saúl Encinas, quien fue detenido en forma preventiva y con cargo a nuevos interrogatorios e investigaciones.

La Fiscalía ordenó además la detención del ex presidente de Andina José María Moreno y de otros miembros del Directorio de la empresa.

La investigación incluye a los ejecutivos de Petrobras Antonio Luiz Silva de Menezez y Luiz Rodolfo Landim Machado, que junto a Moreno firmaron el contrato ahora impugnado, y en total a una veintena de ejecutivos de ambas empresas.

El caso, descubierto por Camacho, se remonta a octubre de 2002, cuando Andina firmó un contrato con la brasileña Petrobras, para la reducción de los precios del gas exportado a Brasil, por la volatilidad del combustible, que significó una merma de ingresos al Estado por al menos 190 millones de dólares.

El perjuicio se debe a que, al cobrarse un precio menor al correspondiente, el Estado boliviano recibió una participación menor, tanto por las acciones nacionales de la compañía, que constituyen 49 por ciento, como por la merma de los impuestos pertinentes.

El ejecutivo denunciante fue acreditado ante el Directorio de Andina como representante de las acciones nacionales, que tras la nacionalización de los hidrocarburos de mayo pasado, pasaron a manos de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Hasta esa medida, las acciones bolivianas eran representadas por directores nombrados por administradoras privadas de pensiones que tenían esos títulos en depósito, lo cual permitía el manejo discrecional de Andina, situación repetida en otras empresas bajo esa modalidad privatizadora.

Según el decreto nacionalizador de mayo pasado, Repsol y otras empresas en similar situació deberán transferir a YPFB paquetes accionarios que aseguren a esta la mayoría propietaria, para que el Estado controle el negocio, como dueño de los hidrocarburos.

El gobierno ha planteado la posibilidad de pagar por los paquetes accionarios, en combustible o servicios de transporte y refinación, actividades que junto a la producción y la comercialización, quedarán en manos del Estado o bajo su estricto control.

Previamente, se desarrollan auditorías de esas compañías, para verificar la real inversión que hicieron y sus costos, con el fin de determinar el verdadero valor de las acciones, pesquisa en la que, según entendidos, puede descubrir nuevos casos de manejos indebidos.