TeleSUR _ 04/10/06 - Un nuevo escándalo sacude al gobierno colombiano, luego de que las autoridades encontraran pruebas que vinculan a funcionarios políticos con grupos paramilitares

La Fiscalía colombiana se encuentra investigando a tres senadores por su supuesta vinculación con grupos paramilitares, luego de que las autoridades hallaran los nombres de los tres funcionarios en un computador decomisado al hombre de confianza del paramilitar Rodrigo Tovar, alias ''Jorge 40''.

Los senadores Zulema Jattin, del oficial Partido Social de Unidad Nacional; Dieb Maloof, de Colombia Viva, y David Char, de Cambio Radical, aparecieron reflejados ''con familiaridad'' en los archivos del computador confiscado a Ignacio Fierro, alias ''Don Antonio'', uno de los hombres más poderosos del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y mano derecha de ''Jorge 40''.

En los archivos, que estaban protegidos por sofisticados sistemas de seguridad, los paramilitares afirman que apoyaron a estos senadores en sus campañas electorales.

Dieb Maloof, quien fue expulsado del oficialista partido ''de la U'' el pasado mes de marzo, tras indicios de haber sostenido una supuesta reunión de ''Jorge 40'' para pactar una estrategia electoral, asegura que su nombre saldrá limpio de este episodio.

''Es falso, es una especulación -indicó- , puedo asegurar por mi familia y mis hijos que no tengo nada que ver. Más que decir esas cosas, la Fiscalía debería aclarar todo, para que esto se acabe de una vez por todas. Tengo mi conciencia tranquila'', apuntó.

Además de comprometer a senadores, los hechos incluso han salpicado al Gobierno de Álvaro Uribe ya que la senadora Jatin pertenece al partido oficialista.

''Es una vinculación inexplicable por que Zulema Jatin nunca ha tenido vínculos con organizaciones ilegales armadas y jamás he recibido apoyo ni financiero ni electoral de la de las ex Auto Defensas Unidas de Colombia ni de ninguna otra organización ilegal armada'', señaló la senadora.

David Char, representante de un partido que apoya a Uribe, es el tercer implicado por supuestamente haber recibido financiamiento de los paramilitares en los comicios del pasado mes de marzo.

Mientras tanto para el senador opositor Gustavo Petro, quién ha venido denunciando la infiltración de los paramilitares en la política colombiana, este escándalo comprueba que la justicia sólo ha llegado mandos medios, a los sicarios, a los políticos de bajo nivel, mientras que otros que están siendo sindicados se mantienen haciendo las leyes en Colombia.

''Buena parte la clase política colombiana, sobre todo de la región caribe y de otras regiones del país es la verdadera jefe del narco paramilitarismo y que usó las armas con el objetivo de concentrar ilícitamente la riqueza'', resaltó Petro, senador por el Polo Democrático Alternativo.

Para el gobierno colombiano, son las instancias judiciales los encargados de investigar y juzgar, según reseña el reporte del corresponsal de TeleSUR en Bogotá Freddy Muñoz.

''Lo que diga la Fiscalía, nosotros no tenemos que señalar nada por que es un tema de justicia y de la Fiscalía'', manifestó Carlos Holguin Sardi, ministro de Interior colombiano.

Investigaciones que según parlamentarios, y en caso de hallar culpables ha los implicados, pondrían aún más en entredicho a las instituciones colombianas.

''Quiere decir que hace parte la institución una gran parte de la institución, también haciendo coaliciones con la mafia, con el narcotráfico, con las personas alzadas en armas, eso no estaría bien por eso pediríamos el peso total de la ley'', apuntó Ciro Ramírez Pinzón, senador por el ''partido de la U''.

El aparato perteneciente al grupo paramilitar, que fue incautado en abril pasado, en la operación de captura de ''Don Antonio'', ha revelado los supuestos lazos que mantiene el grupo armado con funcionarios gubernamentales.

El pasado martes, cuatro diputados y un concejal fueron capturados por las autoridades una vez que el mismo computador revelara su implicación con las AUC.

La Fiscalía colombiana enviará las pruebas de las investigaciones del caso de los tres senadores a la Corte Suprema, quién debido al fuero constitucional de los parlamentarios será la encargada de determinar si los congresistas cometieron algún delito.