Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt que cumple cinco años secuestrada por la guerrilla colombiana de las FARC, dijo este jueves que no cree que el presidente Alvaro Uribe hubiera mandado un emisario para hablar con ese grupo.
"No le creo a Uribe que mandó un emisario. Yo ya no le creo nada", declaró a la AFP al comentar el anuncio del mandatario de que arreciará la ofensiva militar contra las FARC, y descartar una negociación de canje de rehenes en su gobierno, que los rebeldes consideran "ilegítimo" y "paramilitar".
Pulecio justificó su posición al recordar haber leído recientemente en la agencia informativa Anncol (cercana a las FARC), esa posición del grupo insurgente frente al gobierno de Uribe.
En efecto, el segundo hombre al mando de las FARC, Raúl Reyes dijo a Anncol que aunque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen su decisión de buscar un canje de secuestrados por unos 500 rebeldes presos, subrayó que las revelaciones sobre nexos entre políticos cercanos a Uribe y paramilitares deja sin legitimidad al mandatario.
"Cada día es más evidente la ilegitimidad del gobierno actual, al punto que en la práctica quedamos sin interlocutor con autoridad y capacitado para asumir el compromiso de firmar el acuerdo con la liberación" puntualizó Reyes.
Ante la posición del mandatario, Pulecio dijo que "lo único que le pido a Dios es que le cambie esa mentalidad de odio".
Además consideró que los anuncios de Uribe van "en contra del corazón de todos los familiares de los secuestrados".
Sin embargo, aseguró que ella no pierde la esperanza y la fe, pues afirmó: "es lo último que se pierde".
Betancourt, quien también tiene la nacionalidad francesa, hace parte de un grupo de 57 secuestrados por las FARC que completan tres estadounidenses y decenas de políticos, militares y policías colombianos, algunos de ellos próximos a cumplir diez años en cautiverio.
Las FARC, la guerrilla más antigua y militarmente poderosa de las que combaten en el país, piden a cambio que el gobierno excarcele a 500 de sus miembros, entre ellos, dos que fueron extraditados a Estados Unidos y están siendo juzgados en ese país.
