La Paz, 17 de julio. A 27 años del sangriento golpe de Estado de Luis García Meza, familiares de las víctimas exigieron que el presidente Evo Morales desclasifique los archivos del Estado Mayor, las fuerzas armadas y la policía, y reclamaron que los "criminales" no se sigan ocultando "en el aparato del poder".
Activistas de derechos humanos presentaron al Congreso un proyecto de ley que propone la apertura de tales archivos secretos y la creación de una Comisión por la Verdad y Justicia, a fin de esclarecer hechos y responsabilidades de la violación de los derechos humanos de 1970 a 2005.
Se refieren tanto a las acciones "imputables a gobiernos inconstitucionales y constitucionales", que según registros comprenden a más de 10 mil personas entre víctimas y victimarios en casos de violaciones a los derechos humanos, que arrojaron las dictaduras militares de mediados de los 60 y 70, cita Afp
La iniciativa proviene de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia y otras organizaciones, al recordar el golpe de García Meza y que Bolivia formó parte de la Operación Cóndor, la coordinadora de las dictaduras del Cono Sur formada a principios de 1971.
Un gobierno surgido del pueblo, "debe acabar con la impunidad de militares asesinos y torturadores que haciéndose pasar por paramilitares" asesinaron a 96 personas y torturaron y desaparecieron a otras 26, planteó Olga Flores, hermana del fallecido diputado Carlos Flores Bedregal, quien cayó abatido por la misma ráfaga que dispararon los militares contra el líder socialista Marcelo Quiroga Santacruz frente a la Central Obrera Boliviana (COB), durante la dictadura de García Meza, quien el 17 de julio de 1980 derrocó a Lidia Gueiler e impidió el ascenso del presidente electo Hernán Siles Zuazo.
Si bien García Meza está preso en la cárcel de Chonchocoro cumpliendo una condena de 30 años, sus cómplices están libres. Pero el proceso que la familia de Carlos Flores ha seguido desde 1999 contra los autores de la muerte y desaparición de éste, permanece estancado y sin faltar amenazas para los familiares.
En otro orden, esta mañana la policía dispersó con gas lacrimógeno en la contigua ciudad de El Alto a decenas de cooperativistas mineros que se dirigían a La Paz para realizar una serie de protestas, a quienes les decomisó cartuchos de dinamita y otros explosivos; al menos 14 fueron arrestados.
Los cooperativistas, que iniciaron bloqueos en las salidas de la ciudad de Potosí-La Paz y Potosí-Oruro, exigen que el gobierno les devuelva las concesiones que tenían en el cerro Posokoni, en Huanuni, canceladas tras los enfrentamientos de octubre pasado entre cooperativistas y mineros asalariados que dejó un saldo de 16 muertos y cerca de un centenar de heridos.
